viernes, 29 de febrero de 2008

UNA REGLA BASICA

Se agradecen los comentarios. No solo eso; en Justicia Imparcial se necesitan. Aquí vamos a hablar de la carrera judicial y de la fiscal, de las asociaciones, de los nombramientos, de las retribuciones, de las jefaturas y de las condiciones de trabajo. Vamos a hablar de la influencia política sobre la justicia y sobre muchas otras cosas. Y nada va a ser posible si no nos cuidamos de hacerlo con respeto. Nos imponemos pues pues una regla primera. En el mismo sentido que apunta nuestro compañero Pavel en un comentario afectuoso, desde Justicia Imparcial no vamos a faltar el respeto a compañero alguno aunque no nos guste lo que pueda hacer. Todos tenemos la piel sensible, por lo que sobre eso hay que ser exquisito. Cualquier cosa se puede decir, se puede opinar sobre todo y se puede criticar sin restricciones. Pero en todo caso ha de haber respeto. Si alguno de nuestros comentarios, en alguna ocasión, se deslizara hacia ese camino, ruego que se nos advierta y en Justicia Imparcial lo rectificaremos de inmediato.

Además -casi no habría que decirlo-, el buen trato y el respeto a la verdad -con toda la subjetividad que se quiera-, además de la buena educación son algo de lo que todos nos beneficiamos.

Siguiendo esas reglas, haremos muchas cosas.

LOS PRETERIDOS

Parto de la base de que la politización de la justicia es una catástrofe. Lo es porque supone la pérdida de la imparcialidad, y con ella la consecuencia de que la justicia no es igual para todos, con lo que dejamos de ser todos iguales ante la ley. Eso que es tan sencillo, tan fácil de entender, es lo que los partidos políticos se niegan a solucionar. Porque aspiran a conseguir más poder, aunque sea un poder en el ámbito de la justicia. Y porque además saben que ese poder lo pueden usar, básicamente, colocando en los puestos de mayor responsabilidad a personas de su confianza, a los que consideran más afines. Esto que ha de pasar por un tamiz, por un filtro, en el caso de la carrera judicial (los nombramientos se hacen en el Consejo General del Poder Judicial), en la carrera fiscal se muestra con toda crudeza. Cada gobierno diseña la jerarquía de la fiscalía de acuerdo con sus preferencias. Y así, dependiendo de las ideologías dominantes, se nombran o no a Fiscales sobre la base de su presunta afinidad partidista. Esto es terrible. Pero lo que aquí interesa resaltar ahora es la situación de los preteridos, los postergados para cualquier nombramiento por razón de su supuesta adscripción partidista. Fiscales que supuestamente son de derechas, o que supuestamente son de izquierdas, y que son sistemáticamente olvidados cuando no gobierna "su" Gobierno. Con independencia de su valía. No se trata de entrar en detallar ejemplos, que los hay y muchos. Se trata de resaltar que eso no debería ser así. Que cuando los gobiernos hacen eso lo hacen pensando en la defensa de sus intereses. Pero que cuando los Fiscales cooperan con esas maniobras, apoyando a candidatos de menor peso que otros solo por su afinidad ideológica (y en alguna medida lo vemos en las dos asociaciones mayoritarias), hacen un daño colosal a la causa de la imparcialidad de la justicia. Y además, actúan con poco compañerismo hacia los preteridos.

VALORACION DE LOS PROGRAMAS ELECTORALES

Al margen de las valoraciones sobre la politica realizada por el PSOE contenidas en su documento, las propuestas electorales del PP para las próximas elecciones las consideramos superiores desde la perspectiva de la consecución de una justicia imparcial. Es positiva la reforma que se propone en el apartado 262 de reformar el CGPJ para que la elección de los vocales se realice por los jueces y no por los partidos políticos. Y también merece aplauso lo recogido en los puntos 261 y 275 sobre la Fiscalía, para potenciar el ejercicio de sus funciones conforme al principio de legalidad y sobre el reforzamiento del Consejo Fiscal para garantizar la profesionalidad en los nombramientos. El problema es de credibilidad. Nadie puede creerse que los mismos que hicieron hace ahora cinco años una reforma de la Justicia en el sentido contrario al que ahora propugnan (incumpliendo en aquel momento su promesa electoral) vayan ahora a rectificar por la via de los hechos sin haber hecho un ejercicio público de admisión de errores y sin eliminar de sus responsabilidades a quienes remacharon la politización de la Justicia, es decir, los señores Acebes y Michavilla.

De todas maneras, no se puede negar que el programa es superior en sus ambiciones a las que nos anuncia el PSOE, que desde la perspectiva de la despolitización de la justicia no ofrece propuesta alguna. Sin duda se considera por sus redactores que la situación actual no requiere de medidas. Se hace una propuesta para desbloquear al CGPJ que es positiva: es un escándalo que no se pueda renovar el Consejo porque un solo partido decide que no se haga, conservando una composición que le favorece a lo largo de los años. Pero no se incide en medida alguna para despolitizar la judicatura, ni tampoco la Fiscalía.

En cuanto a la instrucción de los delitos, el PP considera preferente el modelo actual, de instrucción por los Jueces y Magistrados, mientras que el PSOE propone una reforma radical: la instrucción se atribuirá progresivamente a la Fiscalía. El cambio es tremendo y tan solo podrá llevarse a cabo si se produce algo que IU propone también en su programa: la unificación de las carreras judicial y fiscal, a fin de poder intercambiar personal y recursos según las necesidades lo requieran. Sin duda, vamos a tener otra legislatura con controversias.

PROGRAMAS ELECTORALES (2): PP

Transcribo a continuación el programa electoral del PP en materia de justicia, extraído de la página web de la citada organización política.

Una Justicia única, independiente, eficaz y responsable
Principios
Desafíos
243. En un sistema democrático la Justicia es la garantía de la protección de las
libertades y de la convivencia.
244. La independencia de los jueces y tribunales es uno de los fundamentos del Estado de Derecho y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
245. Los españoles tenemos derecho a exigir que la Administración de Justicia sea un servicio eficaz, rápido y responsable. Sólo así los derechos de los ciudadanos estarán plenamente protegidos.
246. La estabilidad y la seguridad jurídica son un elemento clave para la credibilidad de nuestras instituciones y para ampliar las oportunidades económicas de nuestro país en un entorno global.
247. El gobierno ha intentado poner la Justicia al servicio de sus intereses políticos.
Se ha roto el Pacto por la Justicia, se ha desestabilizado el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, modificándose sus reglas de funcionamiento, y se ha instrumentalizado políticamente la labor de la Fiscalía.
248. Se ha abierto un proceso de fragmentación de la unidad del Poder Judicial y se ha cuestionado la igualdad de los españoles en la aplicación de la ley, así como las competencias del Tribunal Supremo en todo el territorio nacional.
249. Se ha puesto en cuestión al juez profesional, sustituido en los proyectos del gobierno por métodos de selección alternativos al mérito y capacidad previstos por la Constitución.

Un Poder Judicial único, con jueces independientes y profesionales
Una Justicia moderna, ágil, especializada y responsable
Una Justicia al servicio del ciudadano y protectora de las víctimas
Un nuevo proceso penal

250. La Justicia padece en la actualidad importantes carencias en cuanto a su agilidad y capacidad de respuesta. Se ha renunciado a llevar a cabo el proyecto de modernización integral de la Administración de Justicia que acordaron los dos grandes partidos nacionales. Tras romper el Pacto de Estado, el gobierno no ha hecho absolutamente nada para avanzar en la agilización de la Justicia, incumpliendo todos sus compromisos y todos los calendarios anunciados.
251. El gobierno no ha aprobado ni una sola de las reformas procesales ni de las reformas penales necesarias.
252. La Fiscalía General del Estado ha sido un puro instrumento político en manos del gobierno.

Objetivos
253. Recuperaremos la confianza de los ciudadanos en la Justicia, evitaremos que se politice y propiciaremos que se respete su independencia e imparcialidad.
254. Defenderemos la unidad del Poder Judicial para toda España, prevista por la Constitución e indispensable para la igualdad de derechos de todos los españoles.
255. Creemos en la necesidad de una permanente adaptación del sistema a la realidad del país respetando el modelo constitucional, los Cuerpos Nacionales y la posición del Tribunal Supremo.
256. Propiciaremos que la Administración de Justicia sea un servicio público de calidad. Dotaremos a los jueces y tribunales de medios adecuados. Desarrollaremos la Oficina Judicial y potenciaremos un uso eficiente de las nuevas tecnologías con el objetivo último de mejorar la atención a los ciudadanos y los servicios de juzgados y tribunales.
257. Consideramos indispensable una reducción en los tiempos de respuesta de la Justicia a los problemas de los ciudadanos. El dinamismo de nuestra sociedad impone una mayor agilidad a la hora de llevar a cabo sus actuaciones.

258. Garantizaremos la seguridad jurídica a través de un marco normativo estable y una Administración de Justicia profesional, especializada y eficaz, que proporcione cohesión y seguridad a un mercado único.

259. Adaptaremos la Justicia a una sociedad más compleja, respondiendo a las necesidades de unos ciudadanos más activos y conscientes de sus derechos.


Propuestas
Un Poder Judicial único, con jueces independientes y profesionales
262. Reformaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido por jueces y no por políticos, posibilitando que doce de sus miembros sean elegidos por y entre jueces y magistrados.
263. Reforzaremos las competencias del Consejo General del Poder Judicial, como órgano constitucionalmente previsto para el gobierno de todo el Poder Judicial,evitando su sustitución por diecisiete Consejos Autonómicos.
264. Fortaleceremos el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior y garante de la unidad de criterio en la interpretación de las leyes, agilizando su funcionamiento y potenciando su función unificadora de la doctrina jurisprudencial, a través de un recurso de casación que siente una doctrina común aplicable a todos los españoles y vincule efectivamente a todos los tribunales.
265. Fortaleceremos la Audiencia Nacional, atendiendo a la importante labor que desempeña incrementando sus medios materiales y personales.
266. Reforzaremos las funciones de los Tribunales Superiores de Justicia y las competencias de sus Salas de Gobierno.
267. Reforzaremos el modelo del juez profesional previsto en la Constitución, su carácter nacional y el sistema de acceso objetivo por oposición pública y libre que garantice los principios de mérito y capacidad.
268. Modificaremos la formación en la Escuela Judicial para fomentar el trabajo práctico y la capacidad para dirigir y sustanciar procedimientos, y mejorar los conocimientos relacionados con las exigencias y medios de las sociedades modernas
y con el dominio de las lenguas.
260. Fomentaremos una atención más cercana y personalizada a los ciudadanos en los juzgados. Tanto en lo que se refiere al trato directo como a la utilización de las nuevas tecnologías.
261. Garantizaremos que la Fiscalía General del Estado actúa al servicio de la Ley y del Estado de Derecho.

269. La elección de magistrados del Tribunal Supremo se ajustará a criterios objetivos predeterminados como la antigüedad, la especialización o la trayectoria profesional de independencia.
270. El conocimiento de la lengua cooficial de una Comunidad Autónoma constituirá un mérito para la adjudicación de plazas, pero no un requisito.
271. Reformaremos el Código Penal para reforzar el cumplimiento de las decisiones judiciales y dar adecuada respuesta a su desobediencia.
272. Modificaremos la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que los recursos de inconstitucionalidad se resuelvan en plazos razonables y que en ningún caso superen el plazo de un año.
273. Recuperaremos el recurso previo de inconstitucionalidad en relación con los Estatutos de Autonomía.
274. Introduciremos el amparo ordinario para garantizar los derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios, evitando el atasco y retraso en el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de las competencias de este Tribunal en los supuestos de interés constitucional que establezca la ley en desarrollo del artículo 161.1 CE.
275. Reformaremos el Estatuto del Ministerio Fiscal para potenciar su autonomía, fortalecer el papel del Consejo Fiscal revisando su última reforma y asegurar la objetividad en el nombramiento de todos los fiscales y la unidad jerárquica de la Fiscalía en todo el territorio nacional.

Una Justicia moderna, ágil, especializada y responsable
276. Retomaremos el proceso de modernización de la Justicia, los juicios rápidos, la ordenación de la Oficina Judicial y la especialización de los juzgados y los jueces.
277. Dotaremos un Fondo para la Calidad de la Administración de Justicia que permita que la inversión en medios y la proporción de jueces por habitante se equiparen a la de los países más avanzados de la Unión Europea.
278. Propiciaremos que se resuelvan más asuntos y que los tiempos de resolución se reduzcan en todos los órdenes jurisdiccionales, mediante la plena profesionalización de la Justicia, el aumento de la planta judicial y las reformas procesales necesarias.
279. Reduciremos los plazos máximos para resolver los litigios en los distintos procesos y propiciaremos el cumplimiento y puntualidad de los señalamientos.
280. Perseguiremos, como objetivo para la próxima legislatura, que se reduzcan un 30 por 100 los tiempos de respuesta de todas las jurisdicciones y en todos los juzgados de España.
281. Retomaremos el impulso para la implantación de los juicios rápidos penales y su extensión a nuevos delitos de investigación sencilla.
282. Extenderemos los juicios rápidos al ámbito civil en materia de familia y vivienda así como para reclamaciones de menos de 3.000 euros, y plantearemos su extensión a la jurisdicción contencioso-administrativa.
283. Elaboraremos un nuevo mapa judicial, con una racionalización de la planta judicial para todo el territorio nacional en atención a la población real y a las cargas de trabajo, incluyendo medidas para recuperar una primera instancia especializada en litigios de menor cuantía y faltas, servida por jueces profesionales.
284. Diseñaremos una carrera judicial que abra nuevos estímulos profesionales a sus miembros, y aprobaremos un plan personalizado de formación para jueces y fiscales, para su progresión profesional y para su adaptación permanente a los cambios del ordenamiento.
285. Profundizaremos en la Justicia especializada, en todos los órdenes jurisdiccionales, con sistemas objetivos de selección y sobre la base de una acreditada trayectoria de los jueces como generalistas.
286. Implantaremos en todo el territorio nacional la nueva Oficina Judicial, basada en los principios de consenso, homogeneidad, eficacia, agilidad, coordinación y transparencia.
287. Concretaremos y potenciaremos las funciones procesales del Cuerpo Nacional de Secretarios Judiciales y sus competencias como directores de la Oficina Judicial y responsables inmediatos del personal.
288. Afrontaremos la carencia de secretarios y de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Formaremos al personal al servicio de la Oficina Judicial en materias de índole organizativa y de recursos humanos, dotándolos de las capacidades necesarias para gestionar el cambio.
289. Desarrollaremos las relaciones de puestos de trabajo acordes con la nueva organización del trabajo judicial, así como el desarrollo de una carrera administrativa que facilite la promoción personal en función del mérito, la capacidad y la especialización.
290. Impulsaremos el Plan Estratégico de adaptación de la Justicia a la actual sociedad de la información y el conocimiento y la utilización de la comunicación electrónica entre las profesiones jurídicas. La meta de la próxima legislatura es el expediente judicial digital.
291. Promoveremos que los operadores jurídicos, en particular abogados y procuradores, estén conectados con la Administración de Justicia a través de instrumentos de comunicación electrónica seguros, que hagan posible la recepción de todas las notificaciones judiciales por vía telemática y la presentación de toda clase de escritos procesales.
292. Generalizaremos el uso de la videoconferencia en todos los partidos judiciales y todas las sedes de las fiscalías de España.
293. Desarrollaremos una red integrada de comunicaciones que conectará todas las unidades de cada sede judicial y las sedes judiciales entre sí, permitiendo además la obtención de una estadística judicial avanzada.
294. Retomaremos los planes plurianuales de inversiones para la mejora y
modernización de las Sedes Judiciales y para el incremento de la seguridad en los juzgados.
295. Acometeremos una reforma profunda de los Registros Civiles, actualmente desbordados por el incremento de la población nacional y extranjera.
296. Fomentaremos la calidad en la elaboración de las normas y la claridad en las resoluciones judiciales, potenciando la Comisión General de Codificación, e impulsaremos la audiencia de los órganos consultivos y las organizaciones sociales en las fases previas de la elaboración normativa.
297. Acometeremos un programa de reformas que refuerce la seguridad jurídica preventiva como medio para combatir la criminalidad organizada y para prevenir el blanqueo de capitales.
Una Justicia al servicio del ciudadano y protectora de las víctimas
298. Incorporaremos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en consonancia con la Ley de Igualdad de Derechos de los Españoles ante las Administraciones Públicas,una Carta de Derechos del Ciudadano ante la Administración de Justicia.
299. Propiciaremos que los ciudadanos puedan conocer en cualquier momento,telemáticamente o mediante llamada telefónica, el estado de tramitación de los asuntos que le afectan o la respuesta a sus quejas o sugerencias.
300. Propiciaremos que la Justicia sea accesible a las personas con discapacidad.
301. Reforzaremos el papel de las víctimas y sus derechos, reformando el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley General Penitenciaria, incorporando nuevos derechos para las víctimas y un mayor protagonismo procesal, de forma que sean necesariamente oídas antes de acordar la libertad condicional de cualquier condenado por delitos graves contra las personas.
302. Consideramos especialmente prioritario el despliegue de las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito en todos los partidos judiciales y la dotación de equipos psicosociales y Puntos de Encuentro Familiar.
303. Adoptaremos las medidas necesarias para que los ciudadanos puedan obtener telemáticamente las certificaciones del Registro Civil y realizar de este modo todas sus gestiones ante el mismo.
304. Impulsaremos medidas para evitar la litigiosidad innecesaria o abusiva.
Pondremos en marcha mecanismos de arbitraje y conciliación para la resolución de conflictos, con técnicas innovadoras en materia de consumo, circulación, relaciones vecinales y reclamaciones de reducida cuantía.
305. Elaboraremos una Ley de Jurisdicción Voluntaria, que descargue a los tribunales de cuestiones que no entrañan controversias jurídicas.
306. Promoveremos una reforma del Jurado, que impulse la confianza de los ciudadanos y los profesionales en la eficacia de una justicia moderna, que se inspirará en el modelo mixto o escabinado, que responde a la tradición jurídica continental europea.
307. Promoveremos un efectivo plan de transparencia judicial que garantice el derecho a recibir información sobre la actividad de todos los tribunales de España y la previsión sobre la duración de cualquier procedimiento que se inicie ante ellos.

308. Aprobaremos una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar la celebración rápida de los juicios penales, recoger las garantías constitucionales e incluir la generalización de la segunda instancia.
309. Se mantendrá un modelo de investigación basado en el Juez Instructor, con plazos tasados, en función de la gravedad. El Juez de Instrucción dará cuenta periódicamente a la Sala de la marcha de la instrucción.
310. Agilizaremos los procedimientos simplificando sus trámites.
311. Adaptaremos el procedimiento para que puedan afrontarse los “macroprocesos” que genera el desarrollo de una nueva delincuencia global.
312. Propiciaremos que el proceso persiga, como en el resto de Europa, la verdad material, con el respeto debido a los derechos fundamentales.
313. Fijaremos por ley los presupuestos para la validez de cada prueba. Es indispensable que policía y juez conozcan con seguridad los requisitos de las mismas, superándose la actual inseguridad jurídica: valor de declaraciones de imputados,intervenciones telefónicas, entradas y registros, apertura de correspondencia, testigos protegidos y agentes encubiertos, periciales y arrepentidos.
314. Modernizaremos la fase de investigación, permitiendo la aplicación de las nuevas técnicas de investigación criminal y la adaptación de los medios de prueba a las últimas tecnologías.
315. Someteremos a plazo la duración de la instrucción, previendo las consecuencias de su incumplimiento. Podrán crearse, cuando el asunto lo requiera, equipos conjuntos de instrucción.
316. Pondremos a disposición de los instructores medios efectivos para investigar los aspectos económicos del delito. Especialmente en operaciones económicas que afectan a varios países.
317. Definiremos de manera precisa los derechos que asisten a los detenidos,imputados y procesados, así como los que asisten a las víctimas y perjudicados -acusación particular- y a la ciudadanía en general -acción popular-.

PROGRAMAS ELECTORALES (1): PSOE

Extraida de la página web del Partido Socialista, esto es lo que nos promete el PSOE en Justicia, caso de ganar las elecciones. No es fácil resumir su contenido en unas lineas. Por ello, en un comentario posterior haremos un análisis más pormenorizado. Destaca, sin embargo, desde nuestro punto de vista, el propósito de reformar las reglas de procedimiento penal atribuyendo la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal, "con criterios objetivos, generales, imparciales, homogéneos y estrictamente sujetos al principio de igualdad ante la ley, bajo el control judicial de un juez de garantías". Ese es un cambio muy importante, que ya veremos si luego hay voluntad de hacer y además si es posible. Y también hay que mencionar que no se propone reforma alguna para incrementar la autonomía de la Fiscalía: están contentos con la situación actual. Lo comentaremos más adelante. Ahora, el programa del PSOE:



1.8. LA JUSTICIA: UN DERECHO DE LA CIUDADANÍA, UN SERVICIO
DEL ESTADO. MÁS LIBERTAD, MÁS IGUALDAD, MEJOR JUSTICIA.
El PSOE quiere que la Justicia funcione mejor. La eficacia de los tribunales, es un imperativo y un pilar de la política social del Estado, de la igualdad de oportunidades, de la garantía de la libertad y de la dignidad, sobre todo, de las personas más desfavorecidas.
La Justicia necesita un cambio profundo. Para conseguirlo, presentamos las siguientes medidas:

Una Justicia más considerada con las personas, más accesible y próxima y más moderna.
- Consagraremos legalmente los derechos de los ciudadanos como usuarios ante la Administración de Justicia.
- Lograremos una Justicia clara y comprensible, de forma que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos proporcionen la información necesaria y se redacten en términos sencillos y comprensibles, para asegurar que todos los actos procesales sean inteligibles para las personas, cuidando especialmente los contenidos de sentencias y demás resoluciones judiciales.
- Garantizaremos la puntualidad en los juicios y señalamientos, a cuyo efecto se desplegará un sistema de señalamientos que evitará las suspensiones y retrasos en la celebración de las actuaciones judiciales, concentrando en el mismo día, cuando sea posible, las actuaciones que afecten a la misma persona.
- Aseguraremos que todos los órganos judiciales identifiquen claramente sus horas de audiencia.
- Elaboraremos un sistema integral de responsabilidades de todos los funcionarios y profesionales que intervienen en la Administración de Justicia.
- Promoveremos la creación de un Consejo Consultivo de organizaciones de Usuarios de la Justicia, que integrará a sindicatos, patronal, cámaras de comercio, asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones de víctimas y federaciones de asociaciones de vecinos así como a los profesionales de la Justicia,con el fin de garantizar la participación ciudadana en la evaluación de la
Administración de Justicia y su funcionamiento.
- Desarrollaremos el Plan de Transparencia de la Justicia aprobado en esta Legislatura, para asegurar una información actualizada, rigurosa y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de todos los órganos judiciales.
- Asimismo, impulsaremos una nueva estructura y organización de la Abogacía del Estado, encargada de la asistencia jurídica al Estado, al Gobierno, a la Administración y al resto del sector público, según un modelo más ágil que incremente los parámetros de eficacia y eficiencia. Con ello se aumentará la calidad en el asesoramiento previo y en la defensa en juicio, lo que contribuirá al ahorro de
recursos públicos, y se garantizará al máximo la legalidad en el actuar administrativo, mediante una asistencia legal integral.
- Potenciaremos el funcionamiento de la Comisión Nacional de Estadística Judicial para permitir contrastar la calidad de la actividad de los órganos judiciales y garantizar, a su vez, el acceso a la estadística judicial a toda persona interesada.
- Garantizaremos que los ciudadanos y profesionales conozcan permanentemente el contenido y estado de los procesos en los que tengan interés legítimo.
Para ello se desplegarán Oficinas de Atención al Ciudadano, que atenderán en jornada de mañana y tarde, así como los sábados por la mañana, permitiendo la consulta telemática del estado del procedimiento.
- Suscribiremos los convenios precisos para conseguir una Justicia accesible para las personas con discapacidad.
- Impulsaremos la agilidad y la rapidez en la resolución de los conflictos y la optimización de los medios personales y materiales existentes.
- Culminaremos la reforma de la Oficina Judicial emprendida en esta legislatura, sustituyendo el viejo y obsoleto modelo por modernos servicios comunes que racionalicen la labor de jueces, secretarios judiciales y del resto de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
- Relanzaremos la función de las y los Secretarios Judiciales como un pilar fundamental del servicio público de la Justicia. Éstos podrán desempeñar las funciones que no tengan carácter jurisdiccional, ejercidas ahora por los jueces, con el objetivo de que éstos se centren en su función jurisdiccional y agilizar así la Administración de Justicia. Serán competentes, además, para celebrar actos de conciliación.
- Con el fin de garantizar una mayor rapidez en la respuesta judicial de calidad,regularemos la justicia de primer nivel, como primer escalón del servicio público de la Justicia.
- Promoveremos la modificación integral de la Ley de Planta y Demarcación,para adaptarla a las nuevas capacidades de las Comunidades Autónomas.
- Reforzaremos la especialización de los órganos judiciales, para mejorar la eficacia y productividad de los mismos, así como la agrupación de partidos judiciales,como herramienta decisiva para la modernización del servicio público de la Administración de Justicia, sin desatender los servicios de justicia en los municipios más pequeños.
- Reformaremos la Audiencia Nacional para constituirla en órgano judicial especializado y dotarla de mayor eficacia en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, tráfico organizado de drogas, blanqueo de bienes procedentes de dichas actividades, delitos económicos de especial gravedad, delitos cometidos fuera del territorio nacional y delitos cometidos sistemáticamente por organizaciones o estructuras organizadas. A estos efectos, los Juzgados Centrales de Instrucción y las Secciones de su Sala de lo Penal, se multiplicarán en su número y actuarán especializadamente.
- Desarrollaremos un ambicioso Plan de Nuevas Tecnologías en la Justicia, que facilitará los trámites y notificaciones, el acceso de la ciudadanía a la Administración de Justicia y la información intra-judicial, en colaboración con las Comunidades Autónomas que tienen competencias asumidas en esta materia.
- Llevaremos a cabo una profunda reforma del Registro Civil que garantice una fácil y accesible relación con la institución registral y un control de legalidad de las declaraciones y títulos que accedan al Registro. En consonancia con las recomendaciones del Consejo de Europa, nos comprometemos también a que los jueces queden progresivamente liberados de tareas no jurisdiccionales, entre
ellas, en su caso, las que conciernen a la llevanza del Registro Civil.

Reformas legales al servicio de la seguridad de las personas.
- Con el fin de garantizar el derecho de toda persona a un juicio justo, nos comprometemos a elaborar una nueva Ley Procesal Penal de la democracia adaptada a las necesidades del enjuiciamiento rápido y favorecedora de la mediación cuando la naturaleza y gravedad del delito lo permita. La nueva Ley garantizará,
en todo caso, la doble instancia penal y la revisibilidad de las condenas. Asimismo,apostamos por encargar al fiscal la dirección de la investigación con criterios objetivos, generales, imparciales, homogéneos y estrictamente sujetos al principio de igualdad ante la ley, bajo el control judicial de un juez de garantías.
- Una Justicia de calidad exige leyes que permitan una respuesta rápida en asuntos de escasa complejidad pero de suma importancia para la ciudadanía, y que presentan una gran conflictividad social. En este contexto, apostamos por realizar el esfuerzo de gestión y de medios materiales necesarios para la adecuada aplicación de las leyes procesales existentes, con cumplimiento de los plazos
señalados en las mismas, y establecer nuevos procesos o adaptar los ya existentes,para resolver conflictos derivados del impago de alquileres, de las relaciones de vecindad o del tráfico rodado. Asimismo apostamos por reforzar la calidad de la justicia gratuita.
- Impulsaremos las reformas necesarias del Código Penal para mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia y dispensar una adecuada tutela a las víctimas del delito, de conformidad con nuestros compromisos internacionales y, especialmente, los derivados de la Unión Europea. Es importante afrontar coordinadamente
con el resto de países la nueva criminalidad organizada ampliando
las posibilidades de decomisar las ganancias ilícitas y asegurando el pago de las responsabilidades civiles. Tipificaremos como delito la asociación para delinquir.
Estableceremos la responsabilidad penal para las personas jurídicas y la lucha contra la corrupción pública y privada para garantizar los derechos de los accionistas, clientes y consumidores. Mejoraremos la protección de la intimidad,especialmente vulnerable por el acceso y la intromisión ilegal en los sistemas de información, los datos o los programas informáticos. Sancionaremos penalmente a los clientes de la prostitución de los menores de edad y el acoso laboral y contractual.
- La lucha contra la criminalidad internacional exige adecuar los supuestos de jurisdicción universal de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los convenios y tratados internacionales, para lo que promoveremos su reforma.
- Promoveremos la máxima protección a las víctimas de los delitos, con especial atención a las afectadas por la violencia de género, quienes tendrán conocimiento cabal de las resoluciones judiciales que afecten a su seguridad, a cuyo efecto se continuará el despliegue de las Oficinas de Atención a las Víctimas, que como complemento del despliegue de la Oficina Judicial, asegurarán su protección integral.
- Impulsaremos la celebración de un debate parlamentario de carácter bianual,a iniciativa del Gobierno, sobre las líneas esenciales de la política criminal del Gobierno.

Una nueva organización del Gobierno del Poder Judicial.
Acabaremos con el bloqueo y el intento de manipulación del Poder Judicial. Por ello,desde el PSOE emprenderemos las reformas necesarias para garantizar que el Consejo General del Poder Judicial desempeñe el papel y las competencias que le corresponden constitucionalmente: gobernar el Poder Judicial para asegurar una respuesta eficiente e independiente a las demandas ciudadanas de Justicia, evitando que se produzcan situaciones de bloqueo institucional como la que hemos vivido en esta legislatura, y modificando el estatuto de los vocales para garantizar el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen atribuidas. A dicho fin, adoptaremos, entre otras, las siguientes medidas: Los vocales del órgano de gobierno de los Jueces
deberán comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso, que podrá emitir observaciones sobre los candidatos que van a ser nombrados, a fin de garantizar su idoneidad e independencia. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al igual que cualquiera de los vocales, comparecerán ante las Cortes cada vez que sean requeridos para ello. Para evitar los bloqueos y las manipulaciones del órgano, se establecerá un plazo máximo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial produciéndose el cese automático de sus miembros cuando se rebase dicho
plazo.

Una Justicia adaptada al Estado de las Autonomías.
- Crearemos los Consejos de Justicia en las Comunidades Autónomas de conformidad con el principio constitucional de unidad del Poder Judicial que supondrán, por un lado, una desconcentración del gobierno del Poder Judicial y, por otro, un conocimiento más próximo de los problemas de la Justicia por la ciudadanía, garantizando en todo caso la independencia del Poder Judicial. Los miembros de dichos Consejos no tendrán dedicación exclusiva y serán presididos
por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Su elección responderá a un nuevo modelo en el que intervendrán las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en desarrollo de sus previsiones estatutarias.
- Impulsaremos las reformas de las normas procesales, promovidas en la legislatura 2004-2008, para la adaptación de la Administración de Justicia al Estado de las Autonomías y, especialmente, las normas procesales que tienen por objetivo el fortalecimiento de los Tribunales Superiores de Justicia, la reforma modernizadora del recurso de casación y la implantación de la nueva Oficina
Judicial.
- Promoveremos la culminación del proceso de transferencias de competencias en materia de Justicia a todas las Comunidades Autónomas.
- Regularemos el funcionamiento de la Comisión compuesta por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, para impulsar políticas comunes que permitan optimizar al máximo los recursos desplegados por las diferentes administraciones para un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.
- Las Comunidades Autónomas asumirán un mayor nivel competencial en los medios personales y materiales para la Administración de Justicia, sin perjuicio de las competencias estatales en esta materia.

Una Justicia con profesionales independientes y de calidad.
Los socialistas nos comprometemos a promover el consenso social orientado a reformar el sistema de acceso a la Judicatura, desde la que se ejerce un Poder del Estado que incide decisivamente sobre el modelo de sociedad y sobre la convivencia. Los principios de esta reforma velarán por la igualdad de oportunidades para lo que reforzaremos el sistema de ayudas públicas a los opositores con insuficiencia de recursos.
Nos comprometemos a orientar dicha reforma garantizando la transparencia y la publicidad en la preparación de los exámenes. Además de ello, fortaleceremos las vías complementarias de acceso a la Judicatura que den aprovechamiento a la experiencia jurídica y a la especialización adquirida en el ejercicio de las profesiones del Derecho en aras a la mejora del servicio público de la Justicia y de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos.

PRESENTACIÓN

Saludos. Mi nombre es Salvador Viada. Inicio las publicaciones en este medio con la intención de expresar durante algunos meses mi parecer sobre la situación de la justicia en España desde la perspectiva de la inferencia que el poder político tiene sobre ella, todavía tras treinta años de democracia. Considero que la politización de la justicia es desastrosa para su imagen de imparcialidad, y deteriora gravemente la percepción que de la misma se tiene por los ciudadanos. Considero que el papel de la mayoría de las asociaciones profesionales ha dejado desde hace tiempo de velar por que se garantice dicha independencia, pasando a cooperar -en grados muy diversos y por razones que tratare de explicar- con los partidos políticos en dicho deterioro. En otro plano, trabajaré con la jurisprudencia del Tribunal Supremo para reseñar y comentar algunas resoluciones que tengan especial interés o importancia desde mi punto de vista y que puedan ser de utilidad para los profesionales del derecho. Dada mi profesión -soy Fiscal- es lógico que piense en lo que pueda resultar de mayor conveniencia para mis compañeros de las carreras judicial y fiscal en España. Espero encontrar algún eco entre quienes lean estas líneas. Un saludo.