lunes, 28 de abril de 2008

JUSTICIAIMPARCIAL.COM

Tras un montón de gestiones y de contrataciones innecesarias, fruto en gran parte de mi ignorancia sobre la materia, finalmente parece que ya funciona. A partir de ahora se puede entrar en éste blog simplemente yendo a la dirección justiciaimparcial.com

De esta manera se simplifican las cosas y es mucho más sencillo de recordar.

domingo, 27 de abril de 2008

ACUERDOS DE PLENO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ENERO Y FEBRERO

SALA GENERAL 29/01/08
PRIMER PUNTO: La competencia del Tribunal del Jurado en los supuestos de conexión procesal de los delitos.
ACUERDO: Conforme al art. 240.2 apartado 2 de la LOPJ, en todos los recursos de casación promovidos contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia, en el procedimiento del Jurado, la Sala sólo examinará de oficio su propia competencia. Las alegaciones sobre la falta de competencia objetiva o la inadecuación de procedimiento, basadas en la vulneración del art. 5 de la LOTJ, habrán de hacerse valer por los medios establecidos, con carácter general, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la LO 5/1995, reguladora del Tribunal del Jurado.

SALA GENERAL DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2008
PRIMER PUNTO: Competencia del Tribunal del Jurado en los supuestos de conexión procesal. Conclusión.
No hubo acuerdo.
SEGUNDO PUNTO: Delitos de favorecimiento de la inmigración clandestina y de determinación al ejercicio de la prostitución. Clase de concurso.
ACUERDO: La relación entre los arts. 188.1 y 318 bis del CP, en los supuestos de tráfico ilegal o inmigración clandestina a la que sigue, ya en nuestro territorio, la determinación coactiva al ejercicio de la prostitución, es la propia del concurso real de delitos. Tales conductas serán calificadas con arreglo a los arts. 188.1 y 318 bis 1°, descartando la aplicación del art. 318bis 2°, al tratarse de un supuesto de realización progresiva del tipo.
TERCER PUNTO: Sentencia del Tribunal Constitucional sobre "Los Albertos", conocimiento y decisiones en su caso.
ACUERDO: La Sala Penal del Tribunal Supremo ha tenido conocimiento de la reciente sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional el pasado 20.02.08, que declara la nulidad de la nuestra de 14.03.03 y, tras su análisis, ratificamos nuestros precedentes Acuerdos de Sala General de 12.05.05 y 25.04.06, por cuanto el órgano Constitucional reitera la extensión de su jurisdicción basándose de nuevo en una interpretación de la tutela judicial efectiva, en este caso, en relación con el potencial derecho a la libertad personal de los recurrentes, que vacía de contenido el art. 123 CE /....

viernes, 25 de abril de 2008

UN BUEN ARTÍCULO DE PERFECTO ANDRÉS IBAÑEZ

Publica hoy en El País un artículo sobre el Consejo General del Poder Judicial. Andrés Ibañez es un magistrado del Tribunal Supremo, de perfil progresista, cuyas opiniones tienen el beneficio de no ser gregarias y mucho menos partidistas. Ello le otorga el privilegio de acertar o equivocarse solo, lo cual en estos días y en el territorio en el que nos movemos, es mucho de agradecer (me estoy acordando de Antonio Machado y "las voces y los ecos"); postura personal que le ha ocasionado algún contratiempo serio como el rechazo que sufrió durante muchos años -incluso de los progresistas en el Consejo- para ser promovido a su actual destino. Por todo ello la opinión de éste magistrado en el tema que hoy le ocupa tiene un indudable peso. Recomiendo su lectura, permitiéndome extraer del mismo, a modo de aperitivo, el siguiente párrafo:

El resultado es demoledor pues hace de este órgano una anécdota indiscernible dentro de la política general; imposible espacio de auténtica política de la justicia por su falta de autonomía real. Tanto es así que lo que distingue a los dos bloques de vocales, "conservadores" y "progresistas", en los que (con pocas excepciones) regularmente se rompe el Consejo, es la pura adscripción a una u otra de las formaciones políticas mayoritarias. Evidencia de lo incorrecto del segundo calificativo, pues en el Consejo lo único progresista sería garantizar la independencia judicial sin hipotecas y frente a todos; y difundir los valores constitucionales de la legalidad y la jurisdicción entre los jueces. Algo que nadie hace.

jueves, 24 de abril de 2008

EN RECUERDO DE ROGELIO GOMEZ GUILLAMÓN

Hace unos días me enteré del fallecimiento de Rogelio. Sabía que estaba enfermo pero confiaba en su vitalidad, en su constitución para que lo superara. Rogelio hasta su jubilación fue Fiscal de Sala Jefe de lo Contencios Administrativo del Tribunal Supremo. Pero aunque tuvo una carrera brillante -incluso formó parte del grupo de juristas españoles que acudieron a las reuniones en las que se terminó aprobando el Estatuto del Tribunal Penal Internacional-, y más allá de compartir o no ciertos puntos de vista suyos -muy provocativos en ocasiones-, yo recuerdo de él que siempre estaba a gusto en su presencia. Era una buena persona, muy simpático, muy leal a sus amigos (Juan Cesar Ortíz es testigo) y muy inteligente; sus anécdotas -sobre todo de la época que pasó en Guinea- eran desternillantes, contándolas con aquella voz fina, un poco ronca, buscando siempre la complicidad. He sentido de verdad su muerte, y quiero decir aquí que siempre le agradeceré dos pequeños detalles que tuvo conmigo, que él seguramente olvidara mucho tiempo atrás, pero que para mi, en su momento, fueron importantes.

miércoles, 23 de abril de 2008

SE QUEJA UN JUEZ

Lo que denunciaba ayer el Juez Eduardo Lopez-Palop, Juez encargado de la ejecución de las sentencias de violencia de género en Madrid: "estoy en un polvorín"-dice-, con 7.000 sentencias pendientes de ejecutar, debería tener consecuencias. Porque esa situación, incompatible con el sentido común, con la racionalidad de asignación del trabajo, y con el respeto a tantas mujeres amenazadas víctimas de la violencia de sus parejas, tiene claramente responsables. El gran problema es que son los responsables los que se pondrán al frente de la manifestación para arreglar aquello de lo que no se han preocupado antes. Debemos insistir otra vez: o la Justicia se gobierna con criterios de eficacia, para mejorarla y mejorar el servicio a que tienen derecho los ciudadanos, o no hay solución; porque ahora, estos resultados son frutos de un enfoque político -en el que participan, autocomplacientes, dirigentes de asociaciones profesionales y jueces vocales del CGPJ- del gobierno de la justicia. De un enfoque dirigido a controlar la justicia, mucho más que a dotarla de eficacia. Y ese sistema de gobierno, completamente aprofesional y hasta en ocasiones ridículo, es el que produce estos frutos que hoy pone de manifiesta este Juez, y que desde luego no se trata de un caso aislado.

LA INSTRUCCIÓN DEL FISCAL, EN EL AIRE

No va a ser fácil. Está tan perforada políticamente la Justicia que cualquier alteración en la misma se plantea en términos de poder. La exigencia de nueve vocales que garanticen una minoría de bloqueo; la descentralización del Consejo con la creación de los Consejo de Justicia Autonómicos; y las atribuciones de la Fiscalía en la instrucción de los delitos. Todo se plantea en términos de poder político y no en términos de eficiencia o de mejora de la imparcialidad en el servicio. En concreto, la instrucción de los delitos por el Fiscal es una cuestión de la que se habla en España desde hace décadas. Yo he trabajado en un sistema procesal en la que el Fiscal lleva en exclusiva la investigación. Y -como muchos otros- he pensado mucho sobre la cuestión que considero capital en la configuración de un proceso más justo, más rápido y también sometido a menos tensiones. Mi opinión es que se trata de una reforma imprescindible. Se de las reticencias -hasta hostilidad- con que en ciertos sectores profesionales se contempla este cambio, por no hablar de que son mayoría los jueces que creen que la instrucción es "poder", "influencia" y no quieren perderlo. Pero en mi opinión desarrollará de manera natural la Fiscalía, liberándola de indefiniciones; le concederá mayor independencia de la que tiene ahora al someter sus actuaciones al escrutinio de las partes y del Tribunal; clarificará la estructura del procedimiento; liberará de contradicciones la posición del Instructor, residenciando la vigilancia de lo actuado en el poder jurisdiccional; se acelerarán los procesos (si se acierta con el diseño del proceso), se coordinarán las investigaciones, se mejorará la eficacia y se mantendrán las garantías para el justiciable.

Todo ello, sin embargo está en el alero. Porque -como leemos hoy en la prensa- los acuerdos judiciales entre los partidos mayoritarios sobre justicia, se tambalean al ser demasiado diferentes su planteamientos iniciales. ¿Tendra esto remedio?

viernes, 18 de abril de 2008

EN JUNIO, NUEVO CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Eso al menos nos anuncia hoy la prensa. Y es una buena noticia ya que supone que los bloqueos se han acabado, que existe una voluntad de llegar a acuerdos y que desde ese enfoque se van a abordar graves problemas que aquejan a la Justicia en España. Era triste ver al CGPJ, agotado y paralizado, sin posibilidad de renovación. Ciertamente parece que el estilo de los portavoces de los partidos mayoritarios es ahora diferente y más positivo. Y eso es muy bueno. Ahora deberemos ver cual es el acuerdo que alcanzan. O dicho de otra manera, si en relación con el Consejo van a seguir con el criterio de las cuotas, o por el contrario se aproximarán los partidos políticos al criterio que apuntara la STC de 29 de julio de 1986 cuando declaró constitucional la elección de los 20 vocales del Consejo por el Parlamento. En esa sentencia se decía lo siguiente:

Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.
La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez, ya que es doctrina constante de este Tribunal que la validez de la ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada a la Constitución. Ocurriendo así en el presente caso, pues el precepto impugnado es susceptible de una interpretación conforme a la Constitución y no impone necesariamente actuaciones contrarias a ella, procede declarar que ese precepto no es contrario a la Constitución.


Nunca desde entonces (ni cuando gobernó el PSOE ni cuando lo hizo el PP) creo que se respetó el "espíritu de la Norma Constitucional" en los términos que señala el TC. Ojalá se tenga ahora en cuenta. Un indicativo, una señal de alarma de que las cosas no van bien, es que se conozca antes el nombre del Presidente del CGPJ que el de aquellos vocales que van a elegirle. Porque si eso sucede -como ha ocurrido otras ocasiones- cualquiera podrá entender que los elegidos ya saben desde antes de serlo lo que tienen que votar, y ese "espíritu de la norma constitucional" quedará otra vez en entredicho. Confiemos.

jueves, 17 de abril de 2008

ATUCHA Y LAS AGUAS DEL MAR ROJO

La STS 1045/2007 (asunto de de las cesiones de crédito del Banco de Santander) interpretó el artículo 782.1 de la LECr., en el sentido de que si ni el Fiscal ni el perjudicado pedían la apertura del Juicio Oral, el Juez no podía acordarla; y sobre la base de ese novedoso argumento, combatido con energía en varios de los votos reservados a la sentencia, se impedía a la acusación popular sostener la apertura del Juicio Oral por si misma.

El argumento pudiera haber servido también para enervar la acción contra Atucha, que sin embargo ha sido condenado por el Tribunal Supremo, STS 54/2008, de 8 de abril, con varios votos particulares. Y es que ahora se matiza la anterior doctrina, en el sentido de que solo en el caso de que se trate de delitos en los que se pueda encontrar un perjudicado será de aplicación la doctrina del caso anterior. Y nos dice el Tribunal Supremo que "tratándose de delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, es entendible que el criterio del Ministerio Fiscal pueda no ser compartido por cualquier persona física o jurídica, que esté dispuesta a accionar en nombre de una visión de los intereses sociales que no tiene por qué monopolizar el Ministerio Público".

No se. A mi me parece que eso de que el interés social lesionado por el delito sea monopolio incontestable del Fiscal en unos delitos y no en otros, resulta un poco artificial, y además no lo dice la ley. Porque o es el Fiscal el único que ha de defender dichos intereses, o no lo es. Y si lo es, lo es en todos los delitos, salvo -insisto- que la ley diga lo contrario. Y desde luego uno diría que precisamente en el delito fiscal que se consideró aplicable la doctrina llamada "Botín", el interés social que defendía la acusación popular consistente en que se juzgara un fraude a la Hacienda Pública de miles de millones de ptas., pues parecía bastante razonable. Es muy posible que la defensa de Atucha, que ha anunciado su intención de ir al Constitucional, tenga el pensamiento de que las aguas del mar bíblico se han cerrado justo cuando pasaba él. Y más aún, quizá se esté preguntando por la circunstancia de que un día se abrieran para que pasaran otros.

Ya anticipo mi opinión sobre el particular: no creo que el 782.1 de la LECr. deba excluir en caso alguno las posibilidades de apertura del juicio oral a instancia exclusiva de la acusación popular. Existe un control jurisdiccional sobre dicha petición, y eso es garantía suficiente para asegurar la legalidad de la petición. Y lo que algunos ven como una posibilidad de que se produzcan abusos en las acusaciones, pues yo lo veo como una garantía para que no se produzcan abusos de impunidad, existiendo además el riesgo de que la Fiscalía haya de soportar presiones indeseadas.

martes, 15 de abril de 2008

CONTINUIDAD EN EL GOBIERNO DE LA JUSTICIA

La confirmación de Mariano Fernández Bermejo como Ministro de Justicia tras las elecciones de marzo, y la que ayer se nos anunciaba de Cándido Conde Pumpido como Fiscal General supone claramente un mensaje de continuidad con la política en Justicia que venía desarrollando el PSOE en los últimos tiempos. Así como en otras áreas no hay duda que el Presidente del Gobierno ha ofrecido novedades de las que se habla y no se para, en Justicia el mensaje es continuista. ¿Y por tanto, que cabe esperar en los próximos años? Pues yo diría que seguirán siendo fuertes los que eran fuertes en Justicia antes de las elecciones, por ejemplo las asociaciones JD y UPF y sus dirigentes. Seguramente incluso más fuertes dada la relevancia merecidamente adquirida por Jose Antonio Alonso y la próxima renovación del CGPJ que revelará una nueva y diferente mayoría; y que seguirán luchando -a veces con bravura, es cierto; pero también en alguna ocasión en sintonía partidista- los contrarios políticamente a los progresistas en ambas carreras en busca de una oportunidad que solo ha de llegar cuando cambie el Gobierno. Pero para los demás -jueces y fiscales "no alineados" políticamente-, que nada debemos temer ni esperar del resultado de las luchas partidistas ni de su influencia en el ámbito de la justicia, nos queda -si somos capaces de hacerlo-, una tarea muy importante: plantear una alternativa profesional a los problemas de la justicia; una alternativa que ha de surgir no de la confrontación con nadie, sino precisamente del ejemplo de nuestro trabajo diario, de nuestra "no colaboración" con las banderías existentes. Claro que es difícil, pero los "no alineados" tenemos muy claros los principios. En los próximos años deberemos ir tejiendo nuestras coincidencias, nuestros intereses profesionales, nuestras ideas, nuestros modelos de proceso, de Justicia, nuestro modelo de solidaridad profesional (que nos une al compañero si tiene la razón aunque no piense como nosotros). Como dice el candidato Obama en Estados Unidos: Yes, we can!

domingo, 13 de abril de 2008

EL ARTÍCULO 27 DEL EOMF Y EL "CASO SINTEL"

Si existe un artículo del Estatuto del Ministerio Fiscal que es emblema para nosotros sobre como comportarnos frente a una orden que consideramos improdente, ese es el artículo 27, que dice lo siguiente:

1. El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala.
2. Si el superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera.


Un Fiscal ha recibido una orden, con la cual evidentemente no estaba de acuerdo, y -pese al coraje que el mismo ha mostrado- no se ha cumplido lo preceptuado en el Estatuto. Porque es claro que la Junta ha de pronunciarse antes de que se emita el dictamen, ya que en otro caso el artículo 27 no sirve para nada. Yo recuerdo perfectamente el planteamiento de algunos artículos 27 por parte de algunos Fiscales. Por ejemplo, los que planteó en su día Alfredo Flores, Fiscal Jefe de Sevilla, contra órdenes de Eligio Hernández; o los que planteó Carlos Jimenez Villarejo contra órdenes de Jesús Cardenal en casos que afectaban, incluso a un Ministro; o el de Bartolomé Vargas, castigado por defender su criterio profesional. Nunca es fácil la decisión de plantearlos ya que inequívocamente se muestra una confrontación con el superior, una confrontación que en algunas ocasiones ha supuesto un castigo. Pero hay que respetar ese artículo y lo que en él se dice ya que es una de las últimas garantías de defensa de nuestra imparcialidad. Y cuando un Fiscal supera sus dudas, asienta su criterio, y defiende con coraje su parecer, desde una perspectiva profesional hay que aplaudirle, con independencia de que finalmente triunfe o no su posición. Y no se puede negar que si la Junta no se pronuncia antes de emitir el dictámen en que consiste la orden, pues entonces todo se va al garete. La situación en la Fiscalía ya está suficientemente atada como para que encima se interprete sin rigor lo dispuesto en el mencionado artículo. En el caso en cuestión, modestamente opino dos cosas: una, que la falta de tiempo para seguir el procedimiento del artículo 27 habría de haber sido un factor que determinara la interposición del recurso por el Fiscal en los términos que pedía el inferior, y en su caso haber operado el desistimiento del recurso si finalmente el superior impone su criterio tras seguir los trámites; y dos, que el Fiscal José Grinda, al que no conozco, se ha ganado mi reconocimiento.

miércoles, 9 de abril de 2008

INVESTIDURA DE ZAPATERO Y JUSTICIA "ROBOCOP"

Se reproduce a continuación lo que sobre Justicia ha propuesto el Sr. Rodriguez Zapatero en la sesión de su investidura. No puede olvidarse el contexto en el cual dicha declaración se produce, cuando se han puesto de manifiesto una serie de disfunciones en la ejecución de las sentencias penales, que muchos consideran que no son sino expresiones de una situación real mucho más grave:

"Señorías, esa reforma es necesaria, en primer lugar, en el ámbito de la Administración de Justicia.
La reforma de la Justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable. No puede haber razón alguna, ni interés alguno, ni resistencia alguna, que prevalezcan sobre el clamor de los ciudadanos que piden, con todo derecho, una Justicia ágil, transparente,responsable y plenamente conforme a los valores constitucionales. El diagnóstico sobre sus deficiencias está claro. Ahora hay que poner en juego la voluntad política para corregirlas, y además con el mayor consenso posible.
Para empezar, es preciso gobernar mejor el Poder Judicial.
Y gobernar mejor el Poder Judicial significa asegurar el trabajo eficiente, independiente y responsable de los jueces y tribunales. Es al Consejo General del Poder Judicial a quien corresponde constitucionalmente velar porque así se haga. Le corresponde eso y no convertirse en escenario de una confrontación partidista que tiene su lugar, y muy legítimo, en otros foros, empezando por este Parlamento.
No nos vale de nada preguntarnos quién es el responsable de la imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia y de su órgano de gobierno. Pero sí seremos todos responsables si no atajamos juntos los problemas desde su raíz.
Lo primero que hay que evitar, que todos debemos evitar, es que se produzcan situaciones de bloqueo institucional como la que hemos vivido. Por esta razón, como remedio excepcional, aseguraremos el cese efectivo del Consejo cuando concluya su mandato, y promoveremos, en todo caso, una elección de sus vocales transparente, avalada por la garantía democrática de su idoneidad y capacidad.
Desarrollaremos los Consejos de Justicia en las Comunidades Autónomas, de
conformidad con el principio constitucional de unidad del Poder Judicial. Con ello, será posible un conocimiento más próximo de los problemas de la Administración de Justicia en cada territorio.
Es voluntad del Gobierno retomar, buscando el mayor apoyo parlamentario posible, las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las leyes procesales que no vieron la luz en la pasada legislatura. Y hacerlo con el objetivo fundamental de introducir en la Administración de Justicia un modelo de gestión propio de nuestros tiempos, con los medios técnicos, personales y materiales que resulten necesarios.
La reforma de la oficina judicial es un instrumento clave al respecto.
Una Justicia más ágil, accesible y transparente requiere una distribución racional de las cargas de trabajo. Por ello, promoveremos también la modificación de la Ley de Planta y Demarcación, y lo haremos de acuerdo con las Comunidades Autónomas.
Será preciso, igualmente, seguir invirtiendo en un ambicioso Plan de Nuevas Tecnologías, que facilitará los trámites y notificaciones, la interconexión integral de la información entre todos los responsables y el acceso de la ciudadanía a los asuntos judiciales.
Será necesario el fortalecimiento de los Tribunales Superiores de Justicia y,
paralelamente, la modernización del recurso de casación, para que el Tribunal Supremo pueda ser el máximo órgano de unificación de doctrina y por tanto, garantía máxima de la igualdad de todos los ciudadanos en la aplicación de la Ley.
Señorías, Me propongo, pues, si obtengo la confianza de Sus Señorías, impulsar las reformas orgánicas y procesales necesarias para poner el servicio público de la justicia, al menos, a la altura del nivel de bienestar que ha alcanzado nuestro país.
Y reitero, más allá de cualquier retórica exhortación al uso, mi voluntad de contar en esta tarea, de innegable envergadura y trascendencia, con todos los grupos de la Cámara, empezando por el mayor de la oposición, así como con la colaboración de un Consejo General del Poder Judicial plenamente consciente de su designio constitucional.
Porque no tengo ninguna duda, Señorías, de que nadie escatimará su colaboración leal para evitar la impotencia y el dolor que hemos vivido en estos días ante trágicos fallos del sistema que han permitido hechos que nunca debieron ocurrir y por los que todos nos sentimos deudores con quienes los han padecido.
Tengo una idea clara y en esa idea no caben fallos judiciales clamorosos, procedimientos que se eternizan ni un gobierno de la justicia que desatienda el derecho de los ciudadanos para ocuparse de asuntos corporativos o de controversias partidistas".


Esto es lo que se dice. Entre lo que no se dice en el discurso pero que figuraba en el programa electoral del PSOE, leemos lo siguiente:

Con el fin de garantizar el derecho de toda persona a un juicio justo, nos comprometemos a elaborar una nueva Ley Procesal Penal de la democracia adaptada a las necesidades del enjuiciamiento rápido y favorecedora de la mediación cuando la naturaleza y gravedad del delito lo permita. La nueva Ley garantizará,en todo caso, la doble instancia penal y la revisibilidad de las condenas. Asimismo,apostamos por encargar al fiscal la dirección de la investigación con criterios objetivos, generales, imparciales, homogéneos y estrictamente sujetos al principio de igualdad ante la ley, bajo el control judicial de un juez de garantías.

El modelo de Justicia que se nos ofrece, y que no presenta grandes diferencias con el que propugnó y practicó en su día el PP -otra cosa es lo que dice ahora, claro- es pues evidente. Una justicia con fuerte músculo, mejor dotada, con acceso a las nuevas tecnologías, reformando la oficina judicial para liberar al juez de todo lo que no sea jurisdicción; una justicia penal en la que se va a renovar el procedimiento de enjuiciamiento, en la que se potenciará el papel del Fiscal y en la que se estrecharán los lazos entre los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con la estructura de la Justicia que se instaurará en las mismas. Pero se trata de una Justicia en la que no se encuentra ni se busca otro modo de legitimación democrática que la de vincularla/someterla a las fuerzas políticas mayoritarias en la forma que así resulten de las elecciones. No se incide en potenciar su imparcialidad, su independencia como Poder del Estado. Con diferentes mayorías, las luchas políticas en el Consejo van a continuar (si he de rectificar, con mucho gusto lo haré), y por supuesto, se considera adecuada la actual situación de la Fiscalía. Una situación que permite a cualquier partido que está en la oposición afirmar que el Fiscal depende del Gobierno, como vimos hace algunos años en el caso del PSOE, y hoy vemos en el caso del PP.

En suma, se nos ofrece un modelo de justicia ROBOCOP (como aquel mítico robot policía androide de la célebre película), que se aspira a que sea poderosa, eficaz y útil para los ciudadanos, pero no preparada para actuar con independencia frente al poder; o lo que es lo mismo, una justicia no igual para todos.

domingo, 6 de abril de 2008

LOS JUZGADOS SON REINOS DE TAIFAS

Ese es el título de un reportaje que publica hoy El Pais, y que es una pequeña pero significativa muestra del estado de los juzgados españoles. A preguntas del periodista uno de los funcionarios dice: "Pregúntele quién está interesado en que la justicia no funcione. Mire, en cambio, qué bien funciona Hacienda". Y aunque Hacienda no funcione tan bien como cree el funcionario, lo cierto es que hay un abismo en método y medios a lo que aquí se respira. Ya no es solo la cantidad enorme de causas que se despachan en un juzgado penal medio. Es que además se sigue despachando igual que hace muchos años. Yo he trabajado unos años en un Tribunal Penal Internacional; pues bien, allí no recibía un papel, un documento, una declaración, una prueba, una foto, un mapa o una comunicación de jefes o compañeros, que no lo hiciera por ordenador. Todos los documentos se escaneaban al llegar al Tribunal, y en ese formato eran accesibles. Las traducciones de los documentos se ordenaban y se recibían por correo electrónico. Los dictámenes se hacían informáticamente y se trasladaban a las demás partes de la misma forma. Nunca recibí causas cosidas al estilo nuestro. Y además hube de someterme a cursos de aprendizaje de las más comunes apliaciones de informática y también de aquellas específicas de la Fiscalía y del Tribunal, al igula que los demás fiscales. Y de familiarizarme con los sistemas de búsqueda y archivo utilizados en el mismo. En esos sitios es impensable contratar a un Fiscal que no maneje herramientas informáticas. Y aquí ha de empezar a ser necesario exigir ese conocimiento a Jueces y Fiscales.

Además, el estilo de trabajo que se crea alrededor de un sistema informático es mucho más eficaz, ya que se controlan tiempos, situaciones, contenidos, registros, presencias y ausencias, saltan las prescripciones (antes de que se produzcan), y sobre todo, las alarmas se trasmiten a varias personas. En fin, algo parecido a lo que ahora sucede con Hacienda, que uno diría que es mucho más complicado. ¿Y porque no en Justicia?

sábado, 5 de abril de 2008

TODO EL MUNDO SABE LO QUE HAY QUE HACER EN JUSTICIA

Esta explosión de interés por la Justicia al hilo de unos cuantos casos que ponen de manifiesto sus deficiencias, contrasta con la autocomplacencia que en relación con la cuestión se ha mostrado en la campaña electoral. Pero ahora todos van a arreglar la justicia. Eso si, la van a arreglar un poco, como Lampedusa, "para que todo siga igual". Porque todo el mundo sabe que hay que empezar cambiando el sistema de gobierno de los jueces para despolitizarlo, y eso no lo van a hacer: no hay más que leer hoy el periódico y ver que el juego sigue igual que la anterior legislatura. Luego hay que despolitizar la fiscalía, y eso tampoco lo van a hacer, ni PP ni PSOE. Más tarde hay que hacer esfuerzos institucionales para despolitizar las asociaciones de jueces y de fiscales, rompiendo vínculos con los partidos políticos y eso tampoco se prevee que lo hagan. Y por último hay que invertir mucho más dinero en la justicia, y hacerlo con inteligencia al servicio de la eficiencia. Eso -quizá- se vaya haciendo, siempre que se haya mantenido bien la estructura de poder. Pero si no se cambia lo esencial, esa estructura de poder, la justicia no estará orientada desde arriba exclusiva e incondicionalmente al servicio de los ciudadanos, sino que estará orientada a ese fin salvo que interfiera el interés de los partidos políticos (o, simplemente, de algunos poderosos). Y los males continuarán.

viernes, 4 de abril de 2008

LA JUSTICIA, CENTRO DE ATENCIÓN

Tras una campaña electoral en la que ningún candidato ha parecido tener el más mínimo interés por la Justicia, ahora diversos acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad de prestarle atención. La huelga de funcionarios, que sigue todavía y cuyos efectos sobre el funcionamiento de Juzgados y Tribunales se van a dejar notar durante mucho tiempo; los casos de desatención detectados al hilo de desgraciados asuntos, en los que se pone de manifiesto que algunos óganos jurisdiccionales y fiscalías descansan sobre un polvorín que los sistemas de inspección son incapaces de detectar y desactivar (por cierto, que algo hay que hacer para que un Juzgado no deba lidiar con 5.000, 7.000 u 8.000 asuntos al año, porque en otro caso resulta un poco hipócrita el lamentarse de que se produzcan algunos fallos); el Consejo General del Poder Judicial, que después de muchos años de dedicarse al juego de la política judicial, se enfrenta al espejo de su falta de eficiencia. Es claro que esta legislatura vamos ha hablar de Justicia. Hoy, por ejemplo, ABC recoge las medidas que va a plantear el PP sobre la materia, al tiempo que un fino comentarista, antiguo Presidente Autonómico de Asturias, Pedro de Silva, plantea desde el desencanto la necesidad de abordar reformas desde la perspectiva de mejorar la eficiencia, o Soledad Gallego Diaz, desde El Pais, critica con dureza el estado de la justicia en España. En todo caso es necesario que la cuestión se aborde entre todos desde un espíritu constructivo, aceptando que las cosas tal como están pueden empeorar poco y pueden mejorar mucho, y sobre todo con la intención de no sacar tajada partidista de algo que es de todos y que nos es necesaria a todos. Veremos.