MENOS HIPOCRESÍA

Entiendo perfectamente que el Gobierno español, cualquiera que sea su signo en un momento dado, no desee -por razones de Estado- que ciertas causas penales sean investigadas en los Tribunales.  Sin embargo, me cuesta aceptar intelectualmente que en lugar de que deba asumir políticamente su negativa a investigar esos hechos ante la opinión pública, ante las víctimas y el Parlamento, se prefiera mantener un sistema judicial que le permita hacer valer esos intereses "de Estado" de manera encubierta. Especialmente (pero no solo), a través del Ministerio Fiscal. La politización de la Justicia española está principalmente establecida (más allá de razones desacreditadas como contribuir a realizar "la política criminal del Gobierno" o a dar legitimidad democrática "al Gobierno político de los Jueces") para conseguir disimular -cuando sea preciso- que decisiones políticas importantes que afectan a casos concretos en los Tribunales, se adoptan de manera "independiente" por los órganos de la Justicia. Esto es absurdo porque todo el mundo está en el secreto. Sería más sensato reconocer -como se hace en el mundo anglosajón- que hay razones de Estado que deben permitir al Gobierno vetar la investigación de ciertos hechos. ¿Escandaloso? Claro que si, desde nuestra mentalidad. Pero invito a leer -por ejemplo- los partes de Wikileaks (para lo que hace falta saber un poquito de inglés) y preguntarse qué es más escandaloso que eso. Creo que hay algo de hipocresía en todo esto.  Un Gobierno que rechazara la investigación de ciertos hechos (sin capacidad alguna de influencia sobre la actuación del Fiscal o sobre la independencia de la Justicia) habría de utilizar con mesura esa potestad, y sobre todo respondería políticamente de ello;  debería justificarse en el Parlamento donde se discutiría si hay realmente razones de Estado, de Gobierno o de partido, y en último caso, en las urnas. Hoy día no hay necesidad de mesura alguna, ya que el sistema judicial establecido "blanquea" esas decisiones. Es verdad que a veces la presión política a pesar de todo, no tiene éxito; pero esos casos lejos de descorazonar al poder político, le animan a incrementar la presión sobre la Justicia para que el "fracaso" no se repita. Y el efecto realmente dramático de ello es que el mantenimiento de un Fiscal vinculado al Gobierno de turno bloquea reformas procesales que son imprescindibles para sacar a la Justicia del foso en el que se encuentra: recuerdo que hay 1.175.000 asuntos penales pendientes de resolución en España a fines del año 2010 (con millones de imputados, víctimas, familiares, perjudicados, testigos, abogados y procuradores), y creciendo de manera regular un dos por ciento anual. Esa cifra escandalosa no averguenza a nadie con mando en plaza: parece que no cuenta, pero es un lastre tremendo para la calidad democrática en nuestro país.

Reducidas las causas de la politización de la Justicia, no haría falta un Fiscal General adicto sino eficaz; ni un CGPJ fiduciario de nadie; ni unos nombramientos judiciales y fiscales afines, sino sobre todo competentes; ni unas asociaciones profesionales vicarias de los partidos políticos; ni cambios jurisprudenciales ad hoc; ni quizás lo peor de todo ello, la resignada adaptación de muchos jueces y fiscales a este sistema judicial enfermo. Con una ventaja añadida: la pérdida de influencia sobre la Justicia evitaría que a través del Gobierno se pudiera tener la tentación de lanzar ataques procesales por razones políticas (como ha denunciado -sin pruebas que yo haya visto- la oposición en ocasiones), limitándose sus posibilidades a "evitar que se actúe judicialmente por razones de Estado". La Justicia recuperaría prestigio.  Necesitaríamos todo lo contrario de lo que se busca ahora: máxima neutralidad, máxima eficacia al servicio de los ciudadanos.