350

Me comunican las cifras finales de los fiscales en huelga tras un complicado recuento: gente que mandó la comunicación de que estaba en huelga no dijo si era juez o fiscal, gente lo comunicó después la huelga, gente  no señaló su destino... Todo eso -según me indican- ha supuesto un retraso en el meticuloso recuento que iba acompañada de consultas con el escalafón e incluso con llamadas personales.   Al final, 350 fiscales fuimos a la huelga el día 20.   Hombre, desde fuera puede no ser un gran un éxito, claro; especialmente si se compara con las cifras de los jueces que sí hay que considerar importantes.  Pero hay razones para el optimismo.   Yo había recibido el dato de cifras mucho más bajas el día 20.  Pero 350 son muchos fiscales para ser la primera vez que ejercemos ese derecho.  Me gusta que buena parte de esos fiscales son jóvenes (quizá los que tienen más razones para estar indignados por el peso de trabajo que soportan y porque no tienen ninguna responsabilidad sobre el desastre que mi generación -y las anteriores- les hemos dejado); ello me confirma en mi idea de que el cambio necesario en los hábitos y en el funcionamiento de la Fiscalía y de la Justicia, vendrá de la mano de las generaciones de fiscales más modernos.    La cifra de 350 (alguno hablaba de que los espartanos de las Termópilas eran bastantes menos) no es despreciable.   Sobre todo, son 350 que han demostrado que no tienen miedo; que han creído que había que comprometerse ante el estado tan deficiente de la Justicia española; y que han dado el paso adelante venciendo dudas e incertidumbres.    Esos fiscales, en quienes descansará en el futuro la investigación de los delitos, han mostrado hoy el coraje, el carácter y el compromiso con una Justicia independiente y de calidad, que más adelante van a necesitar en grandes dosis.  Yo creo que esos 350 (y me encanta estar entre ellos) en el futuro serán muchos más, y muchos más serán también los que dirán que estuvieron en nuestra primera protesta colectiva del 20 de febrero.

IMPRESIONES DE MI PRIMERA HUELGA

La huelga, en mi opinión, ha sido un éxito en la Carrera Judicial.  No -en absoluto- entre los fiscales.  Ayer me comentaron que las cifras de fiscales en huelga eran muy inferiores en número y porcentaje a las de los jueces.   Sin los jueces, nuestra huelga hubiera sido un sonoro fracaso.  Los jueces parecen haber perdido el miedo, o parecen haber apreciado el efecto expresivo de una huelga mucho mejor que nosotros.   Y eso tiene que tener razones sobre las que hay que pensar.   Yo creo que la huelga es una medida extrema, que no me gusta -ni creo que le guste a nadie-, pero que supone un acto de libertad individual.  Un acto que siendo libre y legítimo no debería tener consecuencias negativas para quien lo ejerce, más allá de la pérdida del sueldo por el día no trabajado.  Sin embargo, en la Carrera Fiscal no se ha aceptado este tipo de protesta a pesar de que todos sabemos que las cosas no se van a arreglar por si mismas en lo esencial: desmantelar los obstáculos para que la Justicia se aplique por igual para todo el mundo, y para que tengamos una Justicia de calidad.  Esta no era una huelga por razones particulares, sino de reivindicación de una Justicia mejor.  Creo que todo el mundo es consciente de eso. Esos obstáculos no los pone ahora el actual Ministro de Justicia de manera particular, sino que han sido meticulosamente construidos por todos los Gobiernos que hemos tenido a lo largo de más de 25 años.

Las razones para las quejas de los fiscales son mayores en mi opinión que en el caso de los jueces: si el Consejo está politizado y lo va a estar todavía más, la Fiscalía juega en otra liga; ellos están mejor en formación (algún fiscal que va a cursos organizados por el Consejo, tarda días en cambiar de tema sobre los hoteles de los jueces), en sustituticiones, en organización y en presupuesto para tenerla, en subvenciones para las asociaciones, en medios materiales, en independencia personal, incluso tienen módulos de trabajo que suponen ciertos límites a lo que tiene cada cual, que entre nosotros no existen; y tienen mejor solucionada la cuestión de las sustituciones.   Nosotros, además, vivimos limitados en nuestras aspiraciones profesionales por las decisiones de dos asociaciones que juntas apenas alcanzan el 35% de afiliación y que se apoyan -sucesivamente- en Gobiernos afines, de manera que las vacas gordas les tocan a ellos por temporadas, y las flacas a los demás fiscales permanentemente.

Pero con este panorama general , los jueces protestan con ilusión, con la esperanza de que las cosas cambien al hacerlo, y nosotros no.  Yo creo -es solo mi opinion- que aquí se ha generado, con la finalidad de garantizar la unidad de actuación del Fiscal, un sistema que es cancerígeno para el buen funcionamiento de la Fiscalía.  Aquí se garantiza que la gente no meta la pata, que no se salga de las extrictas reglas establecidas en la aplicación de la ley o de las órdenes circuladas, pero a costa de la libertad, de la libre valoración de la prueba y del desarrollo y maduración jurídica de los fiscales.  Y el efecto colateral es el miedo a salirse de la línea marcada.  Yo soy partidario de dar más libertad a los fiscales, de dejarles un mayor márgen a la interpretación de la ley y las normas internas de la Fiscalía en los asuntos que despachan, y luego de exigir responsabilidades cuando se equivocan de manera inexcusable.  Creo que ello mejora la Justicia, asumiendo que se pueden producir errores.  Pero obviamente, mi opinión no es mayoritaria.  Creo además que ese miedo es incompatible con lo que debe ser un buen fiscal y un buen jurista, y creo que va a ser difícil quitárnoslo de encima.

De todas maneras hubo ayer cosas que me encantaron: el afecto que me mostró un juez sustituto; el reencuentro con jueces y fiscales en la Plaza de Castilla; el ambientazo que había en la Sala de actos de los Juzgados, repleto de jueces y fiscales adheridos a la huelga y con gran ilusión en que se cambiaran algunas normas en tramitación;  me encantó ver que algunos fiscales jóvenes, que venciendo temores y dudas, se pusieron en huelga, en algunos casos con sus jueces de instrucción. Me gustó ver a abogados, organizaciones de ciudadanos y funcionarios de justicia (aunque a mi me da verguenza gritar consignas) apoyando nuestra protesta.   Me gustó ver a algunos fiscales de mi Fiscalía también sumandose a la protesta, y la actitud humorística de mis jefes directos ante nuestra huelga: ¡Luis y Juan Ignacio, chapeau!

LLAMAMIENTO DEL COMITÉ NACIONAL DE HUELGA

 LLAMAMIENTO A LA CARRERA JUDICIAL Y FISCAL DEL COMITÉ NACIONAL DE HUELGA

    Estimadas compañeras y estimados compañeros:

    Desde el Comité Nacional de Huelga queremos hacer un llamamiento a toda la carrera judicial y fiscal para que el miércoles 20 de febrero ejerza su derecho constitucional a la huelga. Se trata de ejercer el referido derecho desde la responsabilidad y con la esperanza de contribuir a que la ciudadanía tenga la Justicia que merece, así como que jueces, magistrados y fiscales podamos obtener las justas reivindicaciones que exigimos en defensa de nuestro estatuto profesional y de unas condiciones de trabajo adecuadas. También nos encontramos en un momento clave, ante la reforma que se pretende del Consejo General del Poder Judicial, con la finalidad de subordinarlo al poder ejecutivo y limitar la independencia judicial.

    El éxito de la huelga resulta necesario para poder obtener la mejora y modernización de la administración de justicia. Debemos recordar que las reivindicaciones de la convocatoria de huelga son ampliamente compartidas por las personas que integramos la carrera judicial y fiscal. Adjuntamos el manifiesto con las citadas reivindicaciones, el cual podrá ser leído en las concentraciones que se celebren durante la jornada de huelga, en defecto del que pueda elaborarse por los representantes territoriales de las asociaciones convocantes. Lamentamos que el Ministro de Justicia haya sido incapaz de escuchar a las asociaciones de jueces y de fiscales y de abrir espacios de diálogo para la búsqueda conjunta de soluciones a todos estos importantes problemas. Ante esta situación, tenemos el deber de mantener y ratificar la convocatoria de huelga, así como llamar a todos los jueces, magistrados y fiscales a que la secunden y expresen su disconformidad con la situación actual. El éxito en el seguimiento de la huelga permitirá que, tras el 20 de febrero, podamos seguir buscando soluciones desde una posición reforzada, en beneficio de la ciudadanía y de las condiciones profesionales de la carrera judicial y fiscal.

    Madrid, 18 de febrero de 2013



ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANIFIESTO DE REIVINDICACIONES

Las asociaciones abajo firmantes queremos transmitir a la opinión pública:

            1.- En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio programa electoral, inició diversas medidas de conflicto solicitando del Ministerio:

            A.- Un incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad. Es imposible que con ese escaso número de jueces se pueda hacer frente a 9 millones de asuntos anuales.

            B.- La paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces.

            C.- Que se mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos conscientes de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos. Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La media europea está entre el 3 y el 4%.

            D.- La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto-Ley y se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales (ya tremendamente sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos judiciales, lo que ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles dilaciones que, por falta de medios, sufrimos hace años.

            E.- Que no se establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a la Justicia. Las tasas no sólo se implantaron, sino en unas cuantías de tal entidad que han impedido e impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. De hecho, desde la entrada en vigor del “tasazo” hasta el momento presente se ha producido una disminución en torno al 25 % de litigios respecto al año pasado. Tras la convocatoria de la huelga, el Ministro de Justicia ha indicado que se va a proceder a una revisión de la Ley de Tasas Judiciales, sin especificar de forma escrita el alcance que pueda tener esta hipotética modificación. En todo caso, estas manifestaciones demuestran el carácter precipitado, improvisado e injustificado con el que se aprobó la norma, como ya denunciamos en su momento.

            2.- Lejos de asumir su responsabilidad en la politización del órgano de gobierno de los jueces, el Ministro se ha limitado a culpar públicamente a las Asociaciones de tal politización; y paradójicamente, para justificar ante los ciudadanos el incumplimiento de su programa electoral, ha llegado a afirmar que la elección de los Vocales por las Cámaras despolitizará el CGPJ.

            3.- Determinados acontecimientos que hemos conocido pueden hacer sospechar el fundamento último de las reformas, el motivo oculto que las guía y el objeto que pretenden conseguir: dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que, como la tutela judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo.

            4.- Y es que, siendo el indulto una medida de gracia excepcional, su concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del Juez o Tribunal Sentenciador y Fiscalía a supuestos gravísimos (y especialmente a políticos condenados por corrupción) tiene un alto coste: el escándalo de la ciudadanía, que constata la existencia de esos espacios de impunidad. Precisamente por ello, la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del  país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos. Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque estos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso. El objetivo que perseguimos es crear las condiciones para que la Justicia  se aplique por igual para todos los ciudadanos sin excepción.

            5.- Expresamos nuestra preocupación por el drama social de las ejecuciones hipotecarias y pedimos soluciones efectivas para la protección de los afectados, en el ámbito del trámite parlamentario de las propuestas e iniciativas legislativas que se están abordando.

            6.- Nos oponemos a la privatización de los Registros Civiles para que se siga manteniendo como un servicio público y gratuito, ya que lo contrario perjudicará a la economía de los ciudadanos.

            7.- Lamentamos que el sistema preferido para arreglar los problemas de la justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de improvisadas reformas del Código Penal, colapsando así de manera recurrente fiscalías y juzgados.

            8.- Las Asociaciones de jueces y fiscales llevamos meses intentando negociar con el Ministro de Justicia. Hemos tratado de adoptar medidas que no supongan quebranto alguno para el justiciable (concentraciones, paros de una hora...). Ante la incapacidad del Ministro de Justicia para gestionar la crisis, hemos solicitado ser recibidos por el Presidente del Gobierno, sin respuesta. Y por ello, sin desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos obligadas a convocar esta jornada de huelga con las siguientes reivindicaciones:

1.                 Incremento de la inversión pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales.

2.- Paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia.

3.- Derogación de la LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal.

4.- Derogación de la Ley 10/2012, o modificación urgente de la misma, a fin de que las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

5.- Reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas.

No obstante, los gravísimos acontecimientos recientes hacen preciso, en interés de la Nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento del Poder Judicial, como último garante del Estado. Lamentamos que, a pesar de haber expresado nuestra voluntad de desconvocar esta huelga si se hubiera producido una respuesta institucional suficiente, por parte del Ministro de Justicia no se haya adoptado ninguna iniciativa para desbloquear esta situación de conflicto. Pedimos al poder político que abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos.

Madrid, 18 de febrero de 2013

ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES

REUNIÓN DEL COMITÉ DE HUELGA: INSTRUCCIONES ÚTILES

Ayer por la tarde se reunió el Comité de la huelga de Jueces y Fiscales -con representantes de todas las asociaciones convocantes- que se ha fijado para el día 20 de febrero.   Transcribo a continuación los criterios que se han fijado en relación con todos los aspectos de interés (notificaciones, servicios mínimos para quien quiera hacer huelga:

1º) ¿Quién ESTÁ EN HUELGA EL 20F?

Todo aquel que se declare en situación de huelga, excluyendo jueces, magistrados y fiscales que se encuentren en situación de licencias y permisos.

Nuestra  situación jurídica recomienda algún tipo de declaración expresa a tal efecto.

Y esto es fundamental por la articulación también de los SERVICIOS MÍNIMOS.

Aquel juez, magistrado o fiscal que ejercite el derecho de huelga y decida comunicar al Presidente de su Tribunal Superior de Justicia o Fiscal Jefe respectivo que ejercita tal derecho hará la comunicación a partir de las 12 horas del día 20 de febrero, por cualquier medio fehaciente.

El derecho a la huelga es de naturaleza individual y personalísima, por lo que tan sólo el propio interesado puede ponerlo de manifiesto.

Desde el momento en el que se hace esta declaración ya se está en huelga; aunque se tenga luego que acudir a trabajar para atender los servicios mínimos, incluso aunque esto suponga la totalidad de la jornada, por ejemplo en las guardias de 24h.

Otra cosa distinta es el control del seguimiento de la huelga que haremos desde el Comité Nacional Huelga  para disponer de nuestros propios datos más fiables antes de la 11´00 horas de la mañana del 20F. Para eso bastará con hacer la notificación al Comité Nacional Huelga en la forma que luego se dirá.

2º) SERVICIOS MINIMOS.-

NO es incompatible estar en huelga y hacer los servicios mínimos.

Estará en huelga  TODO AQUEL QUE SE DECLARE EN HUELGA, con independencia de que luego tenga o no que atender servicios mínimos en su juzgado y bastará que este localizable para atender cualquier actuación urgente que implique servicios mínimos en horario de audiencia

Los jueces, magistrados y fiscales en huelga, también deben trabajar para atender los servicios mínimos, DE SU PROPIO JUZGADO O FISCALÍA.

El que se declara en huelga; ya está en huelga y computa a estos efectos.

CADA MAGISTRADO, JUEZ O FISCAL QUE ESTÉ EN HUELGA HARÁ SUS PROPIOS SERVICIOS MÍNIMOS, SIN QUE PUEDA DELEGAR EN OTRO COMPAÑERO, PUES ELLO ES CONSUSTANCIAL AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY Y A LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS A CADA FISCAL, PORQUE ADEMÁS ESTÁ LEGALMENTE PROHIBIDO SUSTITUIR AL COMPAÑERO EN HUELGA,

Concreción servicios mínimos.

Como el CGPJ y la Fiscalía General del Estado no han fijado los servicios mínimos , el Comité Nacional de Huelga de manera responsable y en beneficio de los ciudadanos va a solicitar a todos los jueces, magistrados y fiscales en huelga que se respeten escrupulosamente como servicio mínimos las  actuaciones que se reseñarán a continuación.

Acogiéndonos por analogía a lo que dispone el art. 6.7º del RDL 17/1977, que la STC 11/1981 interpreta en el sentido de que no corresponde solo al empresario, disponiendo: “7. El comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa.”..

ACTUACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS:

De carácter general:

1º) TODAS LAS ACTUACIONES DE LAS JUNTAS ELECTORALES.

2º) Presidentes, Fiscales Superiores, Fiscales Jefes. Decanos y cargos gubernativos.

ORDEN JURISDICCIONAL PENAL, VIGILANCIA PENITENCIARIA, MENORES Y VIOLENCIA SOBRE LA MUJER.

1º) En el servicio de guardia, las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc

No se consideran servicios mínimos de guardia, los juicios inmediatos de faltas, ni los juicios rápidos por delito sin detenido.

2º) Cualquier actuación en causa con presos o detenidos.

3º)  Celebración de juicios de Tribunal de Jurado.

4º) Ordenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.

5º) Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria

ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL Y MERCANTIL

 Internamientos urgentes del artículo 763 de la L.E.C.

Medidas cautelares.

REGISTRO CIVIL. Expedición de licencia de enterramientos, celebración de matrimonios, inscripciones de nacimiento en plazo perentorio.

ORDEN JURISDICCIONAL CA.

1º) Autorizaciones de entradas y sanitarias urgentes e inaplazables.

2º) Derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente.

3º) Medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes.

3º) Recursos- contencioso electorales.

ORDEN DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL

Medidas cautelares que sean urgentes.

Presencia en el despacho.

La huelga consiste en no celebrar los actos judiciales y no acudir a los señalamientos no previstos en los servicios mínimos del día 20.

No hay inconveniente en permanecer en el edificio judicial o sede de la fiscalía.

Según la STC 11/1981, la simple permanencia en el edificio no es ocupación, porque este concepto ha de interpretarse de manera restrictiva, refiriendo el sentido de la prohibición al ilegal ingreso en los locales o la negativa a una orden de desalojo que se legitime por fundarse en razones de policía; la simple permanencia, por tanto, no genera ilicitud, salvo que con ella se perjudicaran desproporcionadamente otros bienes constitucionalmente protegidos.

PARTICIPACIÓN EN OTROS ACTOS DE PROTESTA.

Desde el Comité Nacional de Huelga  solicitamos la máxima participación en los lugares en los que se convoquen concentraciones a las puertas de los edificios judiciales.

En cada territorio las asociaciones convocantes  decidirán la hora y lugar de la concentración

Así como también  solicitamos la máxima cooperación en los territorios en los que se convoque jornada de puertas abiertas a los ciudadanos y medios de comunicación.

3º) SEÑALAMIENTOS.

Solo hay que celebrar los que estén comprendidos dentro de los servicios mínimos.

Por lo tanto, todo lo demás se suspende.

¿En qué momento se acuerda y notifica la suspensión?.

La huelga consiste precisamente en limitar la actividad del servicio y comporta inevitablemente un mayor o menor perjuicio para los usuarios afectados. Esto es inevitable, perfectamente legal y constituye justamente la finalidad de cualquier huelga.

NO ES CIERTO QUE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS JUDICIALES AFECTE A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, porque eso se evita con los servicios mínimos.

Pese a ello, queremos evitar que se produzca una afectación desproporcionada y manifiestamente irrazonable para los ciudadanos.

Teóricamente, la huelga puede ser desconvocada en cualquier momento (aunque las circunstancias actuales nos permiten afirmar que a día de hoy no hay la menor posibilidad de que esto ocurra).

4º) CONTROL SEGUIMIENTO CONVOCATORIA.

Es esencial que desde el Comité Nacional  de Huelga dispongamos  antes de las 11´00 horas del día 20F de los datos sobre el seguimiento de la convocatoria, para evitar que la difusión que pueda hacer el Ministerio de Justicia y el CGPJ distorsione su valoración.

Pero además de ello, hemos habilitado una cuenta de correo electrónico para solicitar  TODOS LOS QUE EJERCITEN SU DERECHO DE HUELGA, que nos hagan llegar esa declaración antes de las 11´00 horas.

Bastará simplemente con indicar que se participa en la huelga, con el nombre y el destino, en el siguiente  CORREO ELECTRÓNICO: comitehuelga20f@gmail.com

    Deberá realizarse tal comunicación con el siguiente modelo:

Dª …..destinado en ……………mediante la presente comunica que ejercita su derecho de huelga, en el día de hoy(según documento adjunto)

Este modelo servirá tanto para realizar la comunicación al TSJ de cada comunidad y al Fiscal Jefe respectivo, nunca antes de las 12´00 horas  y al Comité Nacional de Huelga , antes de las 11´00 horas.

5º) CARTELES ANUNCIADORES.-

Como la huelga afecta a un servicio público, tiene que ser debidamente anunciada a los usuarios del mismo, tal y como dispone el RD Ley  17/1977.

Como los medios de comunicación han anunciado extensamente la huelga entendemos que se da cumplimiento a la comunicación a los usuarios exigidos legalmente.

EL COMITÉ NACIONAL DE HUELGA.

LAS REDES SOCIALES AYUDARÁN AL CAMBIO

Hay esperanza.  Cuando veo el vídeo de lo que una muchacha les acaba de soltar en Portugal a los líderes de la Internacional Socialista, y el modo que lo ha hecho, veo que hay esperanza.

Hay fiscales, claro que si, que ahora, aunque intimidados por el aparato decimonónico establecido (y por la expulsión, totalmente desproporcionada en mi opinión, de un compañero en La Coruña, claro), se atreven a plantear en las redes sociales cuestiones relativas a sus sueldos, a los abusos de las jefaturas, a los repartos de trabajo, a la falta de democracia interna, a la opacidad del Consejo Fiscal, incluso a como vencer sus miedos.   Se dan cuenta de que no están solos, de que muchos tienen problemas comunes y que esos problemas tienen causas muy concretas que ya han detectado.  Ni siquiera la difusión de información denigratoria contra el disidente -que ha sido una práctica antigua bastante eficaz hasta hace poco- puede con la transparencia de lo que se habla en las redes.  Si alguno se cree que este cómodo status quo en el que están ahora instalados algunos fiscales y asociaciones se va a prolongar otra generación, creo que se equivocan.   Lo que ha dicho esa chica en Portugal es inspirador, como desafío de la juventud a unos mayores que hemos hecho las cosas muy mal.   El cambio ha de venir de ellos, de la generación de esa chica del vídeo, y espero que venga pronto.

MEDIOCRIDAD

Manuel Dolz, uno de los grandes fiscales del Tribunal Supremo, me manda unas reflexiones de Forges que  ya había visto antes en algún lado sin prestarles demasiada atención.  Por enviármelas él, y porque me he reído más con Forges que con nadie a lo largo de mi vida y le respeto mucho, las he leído ahora más despacio.   Las cuelgo aquí, porque aunque no tienen mucho que ver -o quizá si- con los temas que tratamos, estoy seguro de que a alguno le van a interesar.

El triunfo de los mediocres

Quienes me conocen saben de mis credos e idearios. Por encima de éstos, creo que ha llegado la hora de ser sincero. Es, de todo punto, necesario hacer un profundo y sincero ejercicio de autocrítica, tomando, sin que sirva de precedente, la seriedad por bandera.

Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que económica, va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la prima de riesgo.

Asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de medidas urgentes, con una huelga general, o echándonos a la calle para protestar los unos contra los otros. 

Reconocer que el principal problema de España no es Grecia, el euro o la señora Merkel.

Admitir, para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido en un país mediocre. Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana. Tampoco en tres o cuatro años. Es el resultado de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente.

Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan, alguien cuya carrera política o profesional desconocemos por completo, si es que la hay. Tan solo porque son de los nuestros.

Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el estado  natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre, reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.

- Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día frente a un televisor que muestra principalmente basura.
- Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un solo presidente que hablara inglés o tuviera unos mínimos conocimientos sobre política internacional.
- Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha conseguido dividir, incluso, a las asociaciones de víctimas del terrorismo.
- Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en tres décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo desarrollado.
- Mediocre es un país que tiene dos universidades entre las 10 más antiguas de Europa, pero, sin embargo, no tiene una sola universidad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir.
- Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro, que sin embargo, encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de un país vecino bromean sobre sus deportistas.
- Mediocre es un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad es marginada –cuando no robada impunemente - y la singularidad sancionada.
- Mediocre es un país en cuyas instituciones públicas se encuentran dirigentes políticos que, en un 48 % de los casos, jamás ejercieron sus respectivas profesiones, pero que encontraron en la Política el más relevante modo de vida.
- Es Mediocre un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su propia mediocridad y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se esfuerza.
- Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de los mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle dos opciones: marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad.
- Es Mediocre un país, a qué negarlo, que, para lucir sin complejos su enseña nacional, necesita la motivación de algún éxito deportivo.

ANTONIO FRAGUAS DE PABLOS (FORGES) 

RAZONES PARA LA HUELGA

A mi, como estoy seguro que a muchos de mis colegas, esto de las huelgas no me hace ninguna gracia.  Nunca me vi antes pensando en que yo, fiscal de vocación, me viera en la necesidad de hacer huelga.   Creo que si se bucea por aquí se encontrará alguna entrada mía rechazando tal recurso.  Y sin embargo, aquí estamos.   Las razones para ello que se han consensuado entre las asociaciones están ahí, y yo las suscribo ya que no apuntan a la defensa de derechos individuales o de grupo, sino que claman por una mejora de la Justicia para todos los españoles.   Una Justicia que está hoy peor que nunca, cuando más falta que nunca hace que esté bien.   Yo creo que cuanta más gente se sume a la huelga, menos necesidad habrá de hacer otras huelgas en el futuro.  Creo que es el momento, cuando un partido tiene mayoría absoluta y tiempo para rectificar y escuchar un clamor no solo desde las filas de los jueces y fiscales menos afines, sino también, estoy seguro de ello, de muchos de los afines.   Un clamor del que solo hay que abrir periódicos, encender la radio o la televisión, para darse cuenta.  Y un clamor justificadísimo por la cantidad de corrupción, de abusos, de derroche, de incompetencia, de atasco en la tramitación de asuntos, y de indiferencia hacia el estado de la Justicia española que se percibe no ahora, sino ya desde hace más de 25 años entre todos los que nos han gobernado, con alguna puntual excepción.

Pero yo tengo mis propias razones, además de las que han sido consensuadas, para hacer huelga.   Yo voy a ir a la huelga por esos compañeros de la AF que fueron depurados por la UPF y sus amigos.   Voy a ir a la huelga por esos compañeros de la UPF -alguno queridísimo para mi- que fueron depurados por la AF y sus amigos. Voy a ir a la huelga por todos los compañeros de la AF, de la UPF, de la APIF y de ninguna afiliación, con más y mejores méritos que otros, preteridos tanto por la AF y por la UPF en el Consejo Fiscal. Voy a ir a la huelga contra las cuotas, los 1-1-1, los arreglos y los favores mutuos.   Voy a ir a la huelga por ese compañero que hoy tiene la amenaza de una separación del servicio por algo que me parece a todas luces desproporcionado.  Voy a ir a la huelga por mi amiga M.L., fiscal de mi promoción en Madrid y a la que por su falta de militancia asociativa ni valoran su currículum para nada que pida; o por ese Fiscal de Alicante, que no le toca entrar en las cuotas de reparto.  O por ese de San Sebastián, al que postergan de manera incomprensible.  Por mi amiga M.J. con la que hablo tanto, y que tiene el mismo desencanto que tengo yo.  O por B., que solo sabe ella lo que ha tenido que pasar en la Fiscalía sin apoyo alguno de jefes y muy escaso de compañeros.  O por S. que sufrió algo que se parece mucho al acoso laboral en su penúltimo destino.  O por mi amigo X. (no pondré ni su inicial para no perjudicarle), que seguramente no hará huelga, pero que ha sido tratado profesionalmente de manera penosa.  O por aquel Fiscal al que le presionaron para retirar una solicitud para una plaza.  O por los dos Fernandos, que fueron maltratados antes de la llegada del nuevo FGE. O por tantos otros que ya ni siquiera se deciden a solicitar plaza alguna.  Voy a ir a la huelga para que esas cosas no pasen más.  Y también voy a ir a la huelga contra la opacidad en el Consejo Fiscal en los asuntos que nos conciernen a todos y contra la vinculación de las asociaciones profesionales a partidos políticos.

Yo voy a la huelga por los sustitutos despedidos o que van a despedir, sin consideración a los años de servicio prestados ni al daño que se causa a la Justicia con su despido.   Por las condiciones de trabajo lamentables de muchos fiscales, incluyendo exceso de trabajo (que ahora será mayor), problemas con el transporte, malos despachos y edificios judiciales y fiscales; por los sueldos menguantes, por las obligaciones accesorias de estadística que deberían hacer otras personas diferentes de los fiscales.  Por los sistemas informáticos penosos que hay en muchos sitios incluido el mio.  

Por los más de un millón de asuntos penales pendientes, y cerca de millón y medio de asuntos civiles en igual situación.  Por la ineficacia en la lucha contra la corrupción, aunque noto una mejoría clara en las últimas semanas; por la normalización del tratamiento de esos asuntos en la Fiscalía; por la soberbia de algunos mandos; por la falta de aplicación de la ley por igual para todos; por la mejora de la Fiscalía (¡hay tanto que mejorar!); por las condiciones desiguales de los funcionarios de la administración de justicia y en concreto de la Fiscalía; porque se aborde de una vez una actualización de sus funciones que permita su reconversión y su auxilio en funciones ahora reservadas a fiscales; también hago huelga apoyando a mi mujer, con una gran trayectoria profesional, a la que algunos le hacen pagar cara mi disconformidad con los abusos que nos hacen padecer a los fiscales: no les basto yo como pieza; y por los fiscales más jóvenes para que perciban algo de rebeldía en fiscales veteranos contra las cosas que están mal.

Hay muchísimas otras razones, claro, y cada uno podrá poner las suyas.   Pero tengo muy claro que el martes 20 yo voy a ir a la huelga.

CONVOCATORIA DE JUECES Y FISCALES

Acaba de convocarse para el próximo día 20 de febrero una huelga de jueces y de fiscales.  Se descuelgan, por causas perfectamente respetables, la AF y la APM.  El resto de las asociaciones suscriben -suscribimos- una convocatoria, que transcribo a continuación:

CONVOCATORIA DE HUELGA

Las asociaciones abajo firmantes queremos transmitir a la opinión pública:

1.- En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio programa electoral, inició diversas medidas de conflicto solicitando del Ministerio:

            A.- Un incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes, Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja litigiosidad.

            B.- La paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los Jueces.

            C.- Que se mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos conscientes de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos. Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La media europea está entre el 3 y el 4%.

            D.- La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto-Ley y se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales (ya tremendamente sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos judiciales, lo que ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles dilaciones que, por falta de medios, sufrimos hace años.

            E.- Que no se establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a la Justicia. Las tasas no sólo se implantaron, sino en unas cuantías de tal entidad que han impedido e impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. De hecho, desde la entrada en vigor del “tasazo” hasta el momento presente se ha producido una disminución en torno al 25 % de litigios respecto al año pasado.

2.- El Ministro de Justicia no sólo no ha atendido ninguna de las reivindicaciones que se formulaban, sino que ha declarado pública y reiteradamente que no lo va a hacer. Lejos de asumir su responsabilidad en la politización del órgano de gobierno de los jueces, el Ministro se ha limitado a culpar públicamente a las Asociaciones de tal politización; y paradójicamente, para justificar ante los ciudadanos el incumplimiento de su programa electoral, ha llegado a afirmar que la elección de los Vocales por las Cámaras despolitizará el CGPJ.

3.- Determinados acontecimientos que hemos conocido pueden hacer sospechar el fundamento último de las reformas, el motivo oculto que las guía y el objeto que pretenden conseguir: dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que, como la tutela judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo.

4.- Y es que, siendo el indulto una medida de gracia excepcional, su concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del Juez o Tribunal Sentenciador y Fiscalía a supuestos gravísimos (y especialmente a políticos condenados por corrupción) tiene un alto coste: el escándalo de la ciudadanía, que constata la existencia de esos espacios de impunidad. Precisamente por ello, la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del  país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos. Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque estos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso..El objetivo que perseguimos es crear las condiciones para que la Justicia  se aplique por igual para todos los ciudadanos sin excepción.

5.- Expresamos nuestra preocupación por el drama social de las ejecuciones hipotecarias y pedimos soluciones efectivas para la protección de los afectados.

6.- Nos oponemos a la privatización de los Registros Civiles para que se siga manteniendo como un servicio público y gratuito, ya que lo contrario perjudicará a la economía de los ciudadanos.

7.- Lamentamos que el sistema preferido para arreglar los problemas de la justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de improvisadas reformas del Código Penal, colapsando así de manera recurrente fiscalías y juzgados.

8.- Las Asociaciones de jueces y fiscales llevamos meses intentando negociar con el Ministro de Justicia. Hemos tratado de adoptar medidas que no supongan quebranto alguno para el justiciable (concentraciones, paros de una hora...). Ante la incapacidad del Ministro de Justicia para gestionar la crisis, hemos solicitado ser recibidos por el Presidente del Gobierno, sin respuesta. Y por ello, sin desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos obligadas a convocar una de huelga de jueces y fiscales, el próximo día 20 de febrero, invitando al resto de profesionales de la Justicia a secundarla,  con las siguientes reivindicaciones:

1.    Incremento de la inversión pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales.

2.- Paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia.

3.- Derogación de la LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal.

4.- Derogación de la Ley 10/2012, o modificación urgente de la misma, a fin de que las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

5.- Reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas.

No obstante, los gravísimos acontecimientos recientes hacen preciso, en interés de la Nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento del Poder Judicial, como último garante del Estado. Pedimos el apoyo para esta convocatoria a la Plataforma Justicia para Todos y a los distintos sectores de la administración de justicia. Por ello, pese a que consideramos la huelga una medida de conflicto legítima y justificada, estamos dispuestos a desconvocarla siempre que el poder político abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos.

Madrid, 5 de febrero de 2013

ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES