domingo, 30 de junio de 2013

¿JAQUE MATE?

Escondida en los periódicos tras el ingreso en prisión del ex tesorero del PP, se ha aprobado la reforma Gallardón-Rajoy de la LOPJ que reafirma e intensifica desde su Exposición de Motivos la politización del órgano de gobierno de los jueces.  Reforma que se aprueba sin consenso, que era el argumento que se nos contaba para justificar el cambio de criterio del partido conservador respecto de su propuesta electoral.   Ninguna esperanza queda ya de que se retorne en tres o cuatro décadas a un sistema de gobierno de los jueces en el que no se reproduzca la mayoría política de cada momento.   Si pensamos en ello, si nos ponemos en la piel de quien considera que es conveniente que el poder político controle al judicial hasta el punto de quebrantar con desenvoltura promesas electorales, veremos con claridad que la Fiscalía es la otra pieza clave en ese juego, pieza que ya tienen en el zurrón.   Cualquier protesta de autonomía de la Fiscalía por parte de los elegidos por el Gobierno para dirigirla no tiene credibilidad, o no debería tenerla.   La Fiscalía y el Consejo son piezas necesarias ambas; el control de la Justicia requiere de ambos, y ambos están ahora bien atados.    En este contexto, es hasta gracioso (estoy seguro que así se verá en los grandes centros de decisión política o económica) el ver como algunos ingenuos sostienen que la garantía de la igualdad en la aplicación de la ley para todos sin excepción son los fiscales o los jueces de a pie.   Este es el pretexto que nos venden, que algunos se creen y propagan sin pensarlo dos veces, quizá para resaltar su propia importancia o alimentar su vanidad.    Jueces y fiscales hacemos lo que podemos.  Pero el sistema de la Justicia está en otras manos, está en manos políticas.  Y está para controlar la aplicación de la ley respecto de los más poderosos, empezando por algo muy visible, por el sistema de aforamientos.   Por hablar de los fiscales, nuestra normativa interna, los fiscales jefes de Fiscalías claves, los usos mismos de la Fiscalía que nos inculcan desde el CEJ, las asociaciones de fiscales, el Consejo Fiscal, el Fiscal General.., todo son piezas relacionadas en defensa del orden que representa el partido que manda en cada momento o el poder económico que los sustenta.     En esta partida, la esperanza de ganar es mínima para los defensores de la independencia de la Justicia.   Mínima.   Y consecuentemente, trabajamos en un sistema mutilado en la eficacia contra la corrupción.   Pero al menos se puede eludir la complicidad con lo que nos venden tomando conciencia de donde estamos en realidad, a pesar del ejemplo negativo que nos ofrecen "los triunfadores" judiciales y fiscales del sistema.  La utilización de los artículos 27 y 25 del Estatuto; la estimulación de la independencia de criterio; la denuncia sistemática de arbitrariedades; el rechazo de las asociaciones judiciales y fiscales del PP-PSOE, instrumentos de los partidos para dominar la Justicia; la reclamación de un nuevo sistema de funcionamiento interno en el que las arbitrariedades a los fiscales y jueces en su promoción y en su actividad profesional sean mucho más difíciles; la reivindicación y apoyo de los compañeros que destacan en su trabajo;  la reclamación de una Inspección Fiscal renovada... todo ello -y mucho más- será necesario.  Pero habrá que conquistarlo, a costa en muchos casos de nuestras propias carreras profesionales, porque nada de esto se nos dará a los fiscales (como no se les dará tampoco a los jueces).  Estamos cerca del jaque mate.

sábado, 29 de junio de 2013

ALGO MÁS QUE UNA CUESTIÓN DE CORTESÍA

Los hábitos de los vocales electos en el Consejo Fiscal en su trato a los fiscales no desmerecen su falta de imparcialidad en la toma de decisiones.  No conozco el caso en que se mande una carta a un candidato desestimado en la que se le de una explicación, unas razones.   He concursado en varias ocasiones para puestos en Naciones Unidas o Unión Europea.  Siempre, digo siempre, he recibido una explicación de la suerte y estado de mi instancia, con un  agradecimiento por haber concursado.   Aquí es como si les molestara que algunos fiscales pretendieran aspirar a plazas para las que ellos tienen sus propios candidatos.   La cuestión no se limita a nombramientos.   Hace casi dos años (¡dos años!) unos fiscales de Huelva se quejaron por vía interna a la superioridad por una distribución de trabajo acordada por su jefe.   En fecha reciente, el Consejo Fiscal trató de la cuestión, tal como recoge el comunicado de la AF sobre el Consejo.  La AF dice lo siguiente en el apartado VII de su comunicación relativa al Consejo de fecha 7 de junio:

"Resolución sobre los escritos de Fiscales de la Fiscalía de Huelva sobre el reparto de trabajo.  Se acuerda por unanimidad desestimar la queja que se plasmará por escrito en los términos acordados por el Consejo".

La AF ha conocido y comunicado a la Carrera el resultado de la queja de los fiscales de Huelva antes que éstos, y desde luego 2 años después de que se quejaran.  Como si después de dos años, importara una porra la distribución de trabajo que decide un fiscal jefe.    Por supuesto, los vocales del Consejo Fiscal no dan dato alguno.


martes, 25 de junio de 2013

¿NO HACE FALTA UNA RESPUESTA?

Me entristece el artículo que leo en El Confidencial de una diputada de UPyD.   El varapalo que le coloca a la Fiscalía es muy serio, con datos de los que yo no dispongo ni siquiera para combatirlos aquí.   Yo quiero, como la mayor parte de los fiscales, que la Fiscalía funcione, que sea un instrumento útil para la sociedad (no solo para el Gobierno de turno), que exija la aplicación de la ley y la investigación de los hechos con apariencia de delito en profundidad, especialmente cuando se trata de delincuencia económica o política (casos en los que hay más dificultades en general).   Y la lectura de artículos como este me dejan tocado, porque la imagen que se da de nosotros es la contraria, una imagen que no me gusta nada.   Naturalmente, yo tengo mi propia explicación a la falta de pulso de la Fiscalía, que es su terrible y dificilmente superable politización.   Pero aquí se habla de casos concretos, que afectan a fiscales con nombres y apellidos.   En mi opinión, no estaría de más, en beneficio de los fiscales afectados y simplemente por la dignidad de la función, que desde la FG se dieran explicaciones periódicas sobre la actuación del Fiscal en casos de esta naturaleza.   Incluso, si hiciera falta, a través de ruedas de prensa.   Todo menos la callada por respuesta.  Además podría tener la transparencia un efecto benéfico: si algo se estuviera haciendo mal, dejaría de hacerse si tiene que explicarse.

lunes, 24 de junio de 2013

EL CEJ Y LA ESCUELA JUDICIAL

Publicaba el otro día El País una noticia que hacía referencia a la integración parcial del Centro de Estudios Jurídicos (que es el centro de formación de fiscales y de otros cuerpos de la administración de justicia) con otros centros formativos del funcionariado.   A algunos les parecerá bien la modificación estructural del CEJ y a otros no tan bien.   Pero si por razones presupuestarias hay que hacer cambios, su integración creo que debería ser -en todo lo que sea posible- en la Escuela Judicial.   Pensemos que el CEJ aparece en su conformación actual cuando se desgaja de la antigua Escuela Judicial (donde los fiscales veteranos cumplimos nuestro periodo de prácticas).   Su sitio está, creo, donde se forma a los jueces.   Los fiscales somos miembros de un órgano -la Fiscalía- integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, como reza nuestro Estatuto.  Y si eso es así, me encantaría ver a la Fiscalía General luchando porque la separación en formación con la Carrera Judicial no se acentúe.

sábado, 15 de junio de 2013

LO HAN HECHO DE PENA

No encuentro fiscales con los que hablar  que no consideren que el ministerio público español necesita una reforma grande.   Una reforma que creo que debería empezar en la Inspección Fiscal (multiplicando sus medios personales y materiales) a fin de que pueda servir para evaluar a los fiscales (a todos y cada uno de nosotros), calibrando su trabajo, su competencia, sus méritos y sus puntos débiles, así como para conocer -sin ninguna necesidad de acudir a un Libro Blanco- cuales son los problemas de funcionamiento y necesidades a corto y medio plazo de la Institución.    El conocer por un fiscal de la Inspección en el Foro de Fiscales como funciona el pomposamente denominado Servicio Permanente de Valoración (art. 13.2) del Estatuto) huelga de mayores comentarios.  Hace falta una reforma en nuestro régimen estatutario, con aclaración de nuestros deberes; del procedimiento sancionador, con garantías parecidas a las que tienen los jueces, con intervención en el expediente cuando se recoge una sanción grave de otro fiscal diferente del expedientado y del instructor y con audiencia del Consejo Fiscal.   Un cambio en el sistema electoral del Consejo Fiscal a fin de evitar que representantes de dos asociaciones que apenas alcanzan en afiliación el 30 por ciento de los fiscales, acaparen en proporción de 6-3 las vocalías del Consejo desde hace 30 años.   Un cambio en las relaciones entre Fiscales Jefes y fiscales que incluya una mayor participación de los últimos en las decisiones que les afectan (por ejemplo, distribución de trabajo o asignación de medios materiales); una disminución de controles sobre el trabajo de los fiscales, que atenaza el funcionamiento de la institución y lastra la iniciativa y la formación jurídica de los fiscales, especialmente los más jóvenes; y un incremento de su responsabilidad así como un mayor control en la forma de emitir órdenes particulares.    Un cambio en los modos de relación de la Fiscalía General con los fiscales, con mucha mayor transparencia en nombramientos (es indispensable que sean públicos los nombres de los candidatos, que las plazas salgan con una descripción de lo que se pide de los candidatos, que se oiga en votación secreta a los fiscales afectados  por el nombramiento de un superior, que se conozcan curriculums y programas de los candidatos, que se motiven las resoluciones...), asignación de medios materiales, garantías y urgencia en la respuesta en las denuncias internas.   Una objetivación y profesionalización en la asignación de responsabilidades, huyendo de la "confianza" que es puerta abierta para la adulación y la arbitrariedad.  Un cambio en la formación, que tendría que ser continua y en las propias fiscalías...  En fin, puedo escribir mucho más sobre esto, pero creo que quien sea fiscal me entiende.  

¿Que llevan haciendo nuestros dirigentes en la Fiscalía para mejorar las condiciones de trabajo de los fiscales, para reforzar su imparcialidad, para crear unas relaciones con los medios de comunicación que hagan entendible nuestro trabajo en las últimas tres décadas, para mejorar nuestra imagen?   Pues yo creo que muy poco.   No son tantas personas, en realidad; y los conocemos bien.  Han sido diligentes en ir creando una cartera de personas y asociaciones con relaciones clientelares que son obvias, así como unas buenas relaciones con los partidos políticos sucesivamente afines.   Pero, ¿se han mejorado las cosas? ¿Se parece hoy la Fiscalía algo a una institución moderna, activa, prestigiosa, dinámica...?   ¿Están los fiscales contentos de como funciona la Institución?   Si se responde a lo anterior que no, que no se busquen responsables en la política sin escarbar antes quien ha sido qué en la Carrera durante los últimos treinta años.  Y qué ha hecho cada cual.

En realidad, lo que más reprocho yo a los que han mandado y mandan no es la política interesada de nombramientos que han aplicado todos estos años.  No.  Lo peor es que de tanto pensar en si mismos, se han olvidado de los fiscales; y de que la Fiscalía es un órgano clave en el servicio público de la Justicia.

viernes, 14 de junio de 2013

EL VIDEO DE JD

Jueces para la Democracia es muchas cosas; una asociación progresista de jueces herederos de la legendaria Justicia Democrática de la Transición; con una actividad y presencia pública constante, con vocación de cambio en la Justicia y en la sociedad española, con jueces  comprometidos y celosos de su independencia ... En general, simpatizo con muchas cosas que hacen.   Pero también creo que no es discutible que ha sido la asociación más beneficiada en relación con el número de sus asociados, del sistema de elección actual de los vocales del CGPJ.  De entre sus portavoces han salido Ministros y Fiscales Generales, además de Directores Generales de Justicia o incluso alcaldes con el PSOE.  Entre sus miembros, hay magistrados del TS, del TC, Secretarios de Estado de Justicia..., y numerosos vocales del CGPJ, casi siempre a propuesta del PSOE.  Acaba de lanzar JD un vídeo denunciando la reforma Gallardón, aunque no solo la reforma Gallardón.  Y el núcleo de la denuncia es que el PP pretende controlar el Poder Judicial.    No tengo ninguna duda de que con esa reforma los partidos políticos mantendrán la influencia que ya tienen en la Justicia, aspecto de la denuncia de JD con la que coincido.  En mi opinión, esa influencia condiciona la administración de Justicia en España y supone un lastre básicamente en la lucha contra la corrupción.  Pero esa reforma no agrava lo que ahora tenemos (que es lamentable), o al menos no lo agrava sustancialmente.   Los partidos políticos continuarán enviando "quasi delegados" al CGPJ como vocales -pese a la advertencia de dicho riesgo que hacía la histórica sentencia 108/86 del TC-, y no sería de extrañar que los que enviara el PSOE pertenecieran a JD en una parte relevante.   Una denuncia coherente sería la de protestar también contra el sistema actual que padece el mismo defecto que el que propone Gallardón y que se reclamara un sistema de elección que siendo constitucional no amenazara la independencia judicial y alejara la influencia partidista en el Consejo.   Ese paso le falta a JD.    Muchos fuimos a la huelga hace unos meses contra esa reforma porque mantiene todo lo malo del sistema vigente, que sufre la Justicia española -y muchos jueces, también- desde hace casi 30 años, sin añadir nada que pueda mejorarlo.  

En relación con la opinión de la Fiscalía sobre esta materia, quiero mencionar aquí que el Consejo Fiscal puso de manifiesto sutiles reservas a la reforma en su informe de fecha 21 de febrero de 2013.

lunes, 10 de junio de 2013

COLÓCANOS A TOOS

Se hizo famosa una apelación en los años 80 de un grupo de asistentes a un mitín del PSOE, en la que se gritaba al vicepresidente del Gobierno: "Alfonso, colócanos a toos", aunque hay quien dice que la frase (y la idea) son muy anteriores, de la época de la Restauración a principios del siglo XX.   Digo esto porque a mi, los vocales electos en el Consejo Fiscal me recuerdan esa frasecita.  Si ellos fueran imparciales con los compañeros, la Fiscalía iría mucho mejor y el FGE acertaría mucho más.  En todo caso, este ha sido un buen fin de semana para la AF, cuyos vocales en el Consejo han votado a sus candidatos para las jefaturas y han obtenido muchas de ellas.   La UPF se ha contentado -al parecer- con cuatro. En todo caso, quedan ya muy pocas jefaturas de relevancia que entre lo que hizo el PSOE-UPF cuando gobernaba y lo que hace ahora el PP-AF, estén dirigidas por alguien no asociado a una de las asociaciones mayoritarias.   Diríase que casi todo el talento de la Carrera Fiscal se acaba plasmando en pagar unas cuotas (y aceptar ciertas cosas, claro).   A mi nada de lo que haga este Consejo, al que considero el peor de cuantos he vivido, me escandaliza desde que decidieron votar a favor de echar a un fiscal sin oírlo, aunque escuchando a quien presentaba los cargos.  Pero aún así llama estéticamente la atención que algunos vocales se postulen para jefaturas: negocian las plazas (en este caso, 24) con los demás, salen un momentito para que otros vocales voten la que ellos aspiran, vuelven a entrar y a seguir.   Y todo con la transparencia que les caracteriza.  Yo creo que estatutariamente debería vedarse esta posibilidad porque obviamente no está en igualdad de condiciones que otros candidatos el que así obra.   De hecho, me consta que ha habido algún fiscal de mucha mayor antigüedad que algún vocal postulante, que ha desistido de presentar su candidatura al enterarse que el vocal aspiraba a la plaza.   Eso de que ya solo pidan plazas los asociados (AF-UPF) en las fiscalías más importantes también debería mover a la reflexión, si es que a alguien todavía le conviene reflexionar sobre estos temas en la Carrera Fiscal: ha habido -me consta- más casos de gente que rehúsa someter su currículum a un Consejo parcial que votará básicamente mirando carnets.   No veo que se puede hacer para cambiar la Fiscalía española, liberándola de influencias políticas y tratando a los fiscales con imparcialidad y transparencia en sus aspiraciones.  Esto ya no es que el Fiscal dependa del ejecutivo; es que los fiscales mismos nos hemos politizado para mandar en la Carrera, y eso tiene muy mal arreglo.   En todo caso, enhorabuena a los elegidos, y que tengan suerte.  En particular, me alegro mucho por los compañeros de La Coruña,  a quienes les han nombrado un Jefe estudioso, trabajador, humilde, valioso y buena persona.

miércoles, 5 de junio de 2013

NO SE REBAJA LA POLITIZACIÓN DEL CGPJ

Leo que JD está dispuesta a abandonar el Consejo del Poder Judicial si no se retira la reforma que impulsa el Ministerio de Justicia.  El argumento es que la reforma es un "grave ataque a la independencia del poder judicial" y que se busca "la subordinación del poder judicial al poder político".  Esa crítica, con la que estoy en líneas generales de acuerdo, es predicable también del modelo actual de Consejo General, ya que sus vocales son elegidos por los partidos políticos y en la práctica se han mostrado en su actuación a lo largo de casi treinta años, muy próximos al partido político que les ha nombrado.   La reforma de Ruíz Gallardón tiene un aire imparable.  Tiene algunas cosas con las que yo estoy de acuerdo: facilitar a jueces no asociados postularse a formar parte del Consejo, reducir el número de vocales "liberados" o estratificar por categorías profesionales la composición del Consejo en lo que se refiere a los vocales judiciales.  Me parecen bien también reducir la influencia de las asociaciones en la proposición de candidatos, que entiendo  será positiva para ellas al cabo de los años, al permitirles desvincularse de los partidos de quienes reciben hoy beneficios bien tangibles.   Hay otros temas sobre los que no tengo formada opinión, como la supresión de la autonomía presupuestaria o la limitación de la reglamentaria.   Pero en lo que considero más importante,  mientras la elección de los vocales siga siendo finalmente una cuestión reservada a los partidos políticos, el Consejo seguirá siendo un órgano de transmisión de la política partidista a la administración de justicia.   Y los nombramientos clave seguirán  igual de politizados que lo están hoy.  Eso no va a cambiar, no puede cambiar en el nuevo sistema.     Lo siento porque ahora ya solo queda una fuerza política (y es minoritaria) que defiende un modelo despolitizado de Consejo.

martes, 4 de junio de 2013

¿SON ESTAFA LAS PREFERENTES?

En el Congreso de la UPF de hace unos días -a juzgar por lo que se lee en los periódicos- se han hecho imputaciones muy serias al Gobierno y a la FGE.   Me llama la atención la actitud de las asociaciones mayoritarias de fiscales en función de quien gobierne (muy crítica o menos crítica, según quien mande).  También hablaron de las preferentes, en las cuales afortunadamente yo no he caído -aunque perfectamente podría haber pasado-, y de la actuación de la Fiscalía en relación con las mismas.  Esto de las preferentes es  un tema de estudio.   Ni son acciones, ni son depósitos, ni son bonos.   Son inversiones que toman parte de algunas de esas figuras, pero que por su singularidad habría que analizar con mucho cuidado para invertir en ellas.   A mi modo de ver (como fiscal muchos años destinado en anticorrupción), las preferentes podrían dar lugar a estafas si se dan  ciertas condiciones.   El producto en si obviamente no es fraudulento y está extendido en mercados de todo el mundo.   Pero había que explicar todas sus características al suscriptor; ya que con ellas se puede generar un escenario muy adecuado para engañar a particulares.    El espacio entre la mala práctica bancaria y la estafa aquí creo que no es demasiado grande, porque el cliente no inversor experimentado va al banco sin armas para entender estos productos y por tanto sin recursos para autoprotegerse.     Por ejemplo, se trataría de una estafa organizada desde la administración de un banco o entidad financiera, la emisión de un producto del propio banco a sabiendas de que la rentabilidad que se promete al inversor no se va a poder cumplir.   Así, en el caso de participaciones preferentes, si el banco está en situación de insolvencia cuando emite las preferentes, de manera que sabe que con gran probabilidad no va a obtener beneficios (y por tanto, no va a remunerar la emisión) creo que habría estafa.   Es lo mismo -por ejemplo- que una compañía que ampliara capital con unas cuentas falseadas .  En relación con las preferentes, podría también ser delictiva, aunque en ese caso habría que analizar caso por caso la situación del producto, si al cliente un intermediario le engaña sobre lo que en realidad está comprando.  Por ejemplo, en el caso de preferentes emitidas por un banco extranjero, que anuncia ciertas condiciones en relación con los riesgos de sus preferentes que le son ocultadas por el intermediario financiero al cliente.    Cuando tanta gente ha perdido tanto dinero (muchos ahorradores, no inversores), convirtiéndose en un drama social, este tema debería ser tratado con mucha energía por la Justicia.  Solo pensemos quién ha ganado dinero con este producto, y quién lo ha perdido.