viernes, 27 de septiembre de 2013

UNIDAD CENTRAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Desde el Consejo Europeo de Tampere, hace ya muchos años, la idea dominante en la cooperación judicial penal en Europa es la de eliminar controles entre las autoridades concernidas.  Es decir, que las comunicaciones entre jueces y fiscales encargados de asuntos que requieran de la ayuda de compañeros de otros países se realice de manera bilateral y directa.   La Unión Europea crea mecanismos e instituciones para facilitar eso: se crea la Red Judicial Europea (a la que pertenecí durante varios años), los Magistrados de Enlace, la normativa de Buenas Practicas en cooperación, o Eurojust (que es un organismo europeo, pero cuyas delegaciones son elegidas por los Gobiernos; eso determinó la increíble Instrucción 3/2011 que establece reservas de comunicación al Fiscal o Juez elegido para dirigir la oficina española de Eurojust en La Haya, en los casos de secreto sumarial, mermándose así desde la misma Fiscalía las posibilidades de cooperación efectiva en la cooperación penal), con sus dos Decisiones.  En la misma línea se avanza con otros instrumentos comunitarios como el reconocimiento mutuo de resoluciones, el Convenio del 2000 y su Protocolo (en el cual yo formé parte de la Delegación Española durante muchos meses para su elaboración), o en las recientes tramitaciones europeas sobre configuración de Eurojust y Fiscalía Europea.   Quiero decir, sin darme pisto, que conozco un poco la materia.   Pues bien, esa idea germinal de suprimir o disminuir la influencia de la Autoridad Central, tradicionalmente los Ministerios de Justicia, se está diluyendo en la Fiscalía con la creación de otra Autoridad Central.  Ahora, aquí.   Cambiamos de patrón en materia de cooperación penal, y este parece ser particularmente exigente.   La Nota interna de la Fiscalía sobre viajes al extranjero (remitida a todos los fiscales y que yo -como es natural- acataré a rajatabla), es particularmente expresiva de lo que digo.   La instrucción establece que todo viaje que se realice al extranjero por un Fiscal en el ejercicio de sus funciones ha de pasar por la Unidad de Cooperación Internacional.  Lo pague o no el Estado Español.    Incluso se recuerda lo que todos sabemos, que no te puedes marchar al extranjero sin pedir permiso, cuando viajes por tu cuenta.   No habla de las vacaciones, menos mal. ¿Para qué todo eso?  ¿No basta con que el Fiscal del asunto, o su Fiscal jefe, o el Fiscal de Sala Especialista haya considerado la actividad necesaria? ¿No basta con que el Ministerio haya autorizado el desplazamiento cuando tiene que pagarlo?  ¿Que valor añadido tiene esa necesidad de autorizaciones, canalizaciones y permisos de la Unidad de Cooperación?  Sin duda debe ser algo muy importante, pero yo no lo acabo de ver.    Este sistema de centralización es nuevo; hemos sobrevivido sin él muchos años; nuestra aspiración hace unos años era la de poder trabajar en régimen de recíproca confianza de manera directa con jueces y fiscales de otros países en la lucha contra el crímen internacional.   Pero se erige poco a poco otra Autoridad Central.  

jueves, 26 de septiembre de 2013

BEGOÑA POLO

Tantos años en la Fiscalía (yo voy para 30) permiten darse cuenta de que hay algunos fiscales que nunca han dejado de luchar, de intentar desde su trabajo y desde fuera de él que la sociedad fuera mejor.   Si tengo que hacer de ellos una lista, pongo en primer lugar a mi compañera de promoción Begoña Polo, fiscal en el TS, luchadora infatigable siempre en defensa de los más desfavorecidos desde la Sección Civil.  Ha superado graves dificultades en el trabajo con una fortaleza, una elegancia y entereza que estoy seguro que muy pocos hubieran podido y con apoyos siempre escasos: al sistema no le gustan ese tipo de fiscales, pero a mi me encantan.    No la busquéis para tejemanejes, para chapuzas corporativas, para que se beneficie de apoyos a mayorías o minorías asociativas, para politiqueos u otras cosas que ocurren en las tripas de la Fiscalía.   Sus trincheras están en otra parte.  Número 2 de la promoción, llegó a Madrid con 23 años y tuvo que luchar -y vaya si lo hizo- para que se reconociera su posición y no fuera discriminada frente a compañeros varones.    Desde entonces, siempre con buen humor y cordialidad, firme ante la injusticia, y un ejemplo para quien tenga por ideal hacer más justa nuestra sociedad, caiga quien caiga.    Gracias, amiga.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

¿NO HAN PODIDO CAMBIARLO?

En el último comunicado de la AF sobre el Consejo Fiscal leo con sorpresa, lo siguiente:

Séptimo.- 
Por el Fiscal Inspector se informa sobre el resultado de  las visitas de Inspección realizadas a las Fiscalías de Alcalá de Henares y Elx-Orihuela. En relación a la primera, reitera lo que ya se informó en el anterior Consejo y en relación a la segunda se informa del resultado de la misma, sin que se facilite el informe por tener carácter reservado.

Se formula queja por vocal de la AF en relación a la falta de reserva de las deliberaciones del Consejo Fiscal a propósito de la inspección de Alcalá de Henares y se recuerda que todos los vocales de la AF eran y son partidarios de la publicidad total de las actas, si bien la falta de unanimidad fue precisamente el motivo de que éstas sean secretas y tengan carácter reservado, a lo que todos venimos obligados.

No se si los todos los vocales de la AF "eran y son partidarios de la publicidad total de las actas" del Consejo Fiscal, o si "eran y son partidarios de la publicidad total de las actas" de la Inspección para el Consejo Fiscal. Si es lo primero, han disimulado como  campeones durante cuatro años.   Y se han mostrado muy poco eficaces para llevar a cabo durante cuatro años algo que prometieron a la Carrera para acceder al Consejo.   No solo ellos están hartos de tanto secreto.

lunes, 23 de septiembre de 2013

UNA PLAZA EN EL TSJ

El patio de la Fiscalía está revuelto por una plaza.  Parece mentira, pero con todas las cosas que pasan aquí, una plaza es ahora motivo de polémica.  Una plaza en el TSJ de Madrid.   La causa está en esa normativa que da una salida privilegiada a ciertos fiscales que ocupan plazas en la Secretaría Técnica o en otras Fiscalías.   Esa salida, en los casos de ser "relevados o cesados" (art. 36.3 del Estatuto), es ni mas ni menos que la de ser adscritos al TSJ de Madrid.  Las plazas de fiscal en el TSJ son de los pocos, poquísimos destinos de relevancia en la Carrera que quedan para ser cubiertos por antigüedad.  En este momento hay más de 30 fiscales que en su momento tendrán derecho al ser relevados o cesados a ir al TSJ de Madrid.  Y la plantilla de ese órgano ya está cubierta.    ¿Y que pasa cuando en vez de ser relevado o cesado, el afectado "dimite", o "renuncia", para ir a otro destino que le gusta más?  Yo creo que pierde el derecho que tenía, pero hay polémica sobre la cuestión.   En mi opinión hay que pensar en favorecer las expectativas de aquellos compañeros que llevan décadas en sus Fiscalías y que no tienen otra oportunidad de variar de trabajo -por simple antiguedad- más que accediendo a esas pocas plazas.   Si se va facilitando la ocupación de las mismas a quienes se beneficiaron en su día de la elección para ciertos destinos de libre designación, incluso forzando la interpretación de la ley, no hay duda de que se perjudica a otros y a las expectativas de muchos.
Ya veremos que ocurre finalmente.

miércoles, 18 de septiembre de 2013

LA POLÉMICA DEL DÍA

Que el Tribunal Constitucional está politizado no es un secreto para nadie (los políticos eligen a los Magistrados entre los más afines, en ocasiones, sin pudor alguno).    También lo está -y mucho- la Fiscalía y el CGPJ (que va a estarlo más todavía si cabe).   ¿Hay algún límite, alguna línea en la elección de personas con responsabilidades judiciales pero vinculados a la política, que no se deba traspasar?   Parece que no.   Pueden ser jueces quienes han sido diputados, alcaldes o secretarios de Estado; pueden ser fiscales quienes han sido hasta ministros; pueden ser incluso Presidentes del Tribunal Constitucional quienes han sido militantes de cuota de los partidos políticos.    En mi opinión, todo esto es profundamente un error.  Un error tremendo.    Yo creo que esa perforación de la política en la Justicia es la causa principal  de la deficiente lucha contra la corrupción en España.   De la corrupción pública y de la privada.     No la única causa, claro;  hay otras varias manifestaciones del ejercicio del poder ejecutivo en las actuaciones de la Justicia: podríamos hablar de los aforamientos -¡cómo corren algunos a aforarse!-, del control de la Policía, de la potestad de indulto, del proceso penal actual, del control de la política penitenciaria, o en menor medida la falta de medios materiales.  Hoy la polémica es el rechazo de la recusación del Presidente del TC (La Vanguardia ya anuncia lo que va a pasar al titular: "El TC blinda a su presidente ante los recursos del Govern").   Yo creo que para preservar la imparcialidad objetiva de quienes trabajamos en la Justicia habría que sentarse a poner algunos límites.

sábado, 14 de septiembre de 2013

NO A LA INSPECCIÓN A DEDO

Cuando el FGE tomó posesión de su cargo, y va para dos años, le entregué en mano y le mandé por correo, abusando de su paciencia, una relación de cuestiones o problemas que yo veía que funcionaban mal para que pudiera ayudarle en su futuro trabajo.   De las cosas que le entregué, si me consta que la Inspección le preocupa.   Hace unos meses, en el Congreso de la APIF, el FGE habló de convertir a la Inspección Fiscal en un órgano de confianza estricta del FGE, con todos sus miembros elegidos a dedo (al estilo de lo que ocurre con la Secretaría Técnica).  No le dije entonces que no, pero desde aquel día he dado muchas vueltas a la cuestión. Ayer, al hilo de una polémica sobre una plaza en la Fiscalía del TSJ de Madrid (creo que se está preparando una cosa rara de la que debo enterarme bien), me volvieron a hablar de la cuestión.  Por lo oído (ya que no he visto el trabajo y aquí todo son rumores: hay quien hace un rato me dice otra cosa), la idea que se propone en el Estatuto que prepara la Fiscalía General iría por ahí.   Pues bien, después de darle muchas vueltas, si eso fuera así, yo no estoy nada de acuerdo.     En esta Carrera sobran plazas a dedo, que demuestran una falta de confianza en el trabajo de los fiscales.   Potenciar el mérito en lugar de la confianza me parece no solo necesario, sino inteligente para quien lo haga.   He trabajado hace unos años en la Fiscalía de Madrid con varios de los fiscales que hoy están en la Inspección y eran de lo mejor que me he encontrado.  Si la Inspección Fiscal necesita cambios, estos no pueden estar relacionados con la confianza en los fiscales que la ocupan.   Las claves hay que buscarlas, como tantas otras cosas en la Carrera, en modernizar radicalmente la institución: por ejemplo, a través de evaluaciones bianuales de los fiscales a los jefes, de autoevaluaciones bianuales de los propios fiscales (como ocurre en todos los Tribunales penales internacionales con gran utilidad para todos, porque la autoevaluación ha de ser visada por los superiores), de elaboración de una ficha por la inspección para cada fiscal que aspire a un puesto de responsabilidad (que pueda ser combatido por el afectado: el famoso Servicio Permanente de Valoración, art. 13.2 del Estatuto); mejorando -mucho- las garantías de los fiscales en la tramitación de expedientes, y clarificando infracciones y sanciones (lo del compañero de La Coruña ha sido tremendo); simplificando las competencias de la Inspección y tal vez eliminando las potestades inspectoras de los TSJs sobre las Fiscalías subordinadas; incluyendo en la Memoria de la Inspección un apartado sobre deficiencias estructurales en la Fiscalía; incorporando tal vez a la Inspección a  personas expertas en optimización del trabajo en grupo, o incluso refundiendo la Inspección con la Unidad de Apoyo.    En fin, ideas, que pueden ser estas u otras mejores.   Pero siempre ha de ser manteniendo a la Inspección a cierta distancia y como contrapeso -de alguna manera- del poder del FGE.   En mi opinión, el FGE no necesita más poder en la Carrera, sino que la Carrera necesita contrapesos frente al FGE.

jueves, 12 de septiembre de 2013

ANTE UN CAMBIO EN EL ESTATUTO DEL MINISTERIO FISCAL

Por mandato constitucional, el Fiscal ha de actuar "en todo caso" con arreglo a los principios de legalidad e imparcialidad.  Es claro que no se puede ser imparcial si se depende de alguien interesado en el proceso.   Por ello, los fiscales hemos reclamado durante décadas una "autonomía" que nos permita trabajar con libertad en casos en los que el poder pueda estar interesado.  Esa "autonomía" es lo más a lo más que llegamos, porque aunque no sea poco, no pedimos, como podría ser razonable, una independencia como la propia del poder judicial, especialmente si consideramos el futuro cambio de papeles en el proceso penal.  Además, es mayoritaria entre los fiscales la reclamación de autonomía para el Fiscal General del Estado respecto del Gobierno que le nombra, y no de los fiscales respecto de sus jefes (algo que a mi juicio habría que regular también).   Pero esa autonomía del FGE tiene un objetivo que choca estéticamente  con la confraternización con el poder político y económico.   Todos somos independientes profesionalmente de quienes no tienen poder alguno.   La autonomía se reclama respecto de quien tiene poder, especialmente poder político, y se reclama para actuar con profesionalidad, con imparcialidad (y por tanto, con libertad) fundamentalmente en casos de corrupción.   No se reclama para que luego no se ejerza, sino para que se actúe con energía en esos casos a que me refiero.   Solo eso confiere credibilidad a la Institución.  Esa autonomía exige un compromiso de quien la disfruta para combatir el crimen del poderoso.   A mi modo de ver -y desde el punto de vista legal- podríamos discutir si está garantizado que si el Fiscal General quiere actuar con libertad pueda hacerlo; pero no está garantizado el obligar al FGE a actuar en sentido contrario a su parecer desde dentro de la Carrera en ocasiones en que profesionalmente se decida que procede.    O en otras palabras, se confiere un gran poder a quien dirige el Ministerio Fiscal (con libertad casi absoluta para nombrar cualquier cargo con independencia de méritos profesionales) y se le confiere cierta autonomía (más nominal que real en mi opinión) respecto del Gobierno de turno.   Pero nada garantiza -más allá de la honorabilidad o competencia del elegido- la diligencia en su conducta para perseguir el crimen del poderoso.     El sistema de elección ya es un obstáculo (pocos políticos españoles elegirían como FGE a alguien en el que no confiaran para que pueda actuar luego libremente contra intereses propios).   Pero es que nada garantiza desde el punto de vista interno, de la Carrera Fiscal, que el FGE haya de rendir cuentas, rendir su criterio, o afrontar responsabilidades.   Si el Fiscal General decide que no se investigue, no se investiga; que no se recurra, no se recurre.  Que no se acuse, no se acusa.    Y son cosas que el Fiscal General puede hacer, porque tiene un enorme poder dentro de la institución y en el ámbito operativo de la Justicia.  No hay contrapesos internos, no hay mecanismos para obligar a actuar al FGE contra su criterio, ya que siempre éste acaba prevaleciendo.   Ello -unido a la discreccionalidad de la que antes hablaba- produce además una sensación de esterilidad entre los fiscales de cualquier defensa de criterios contrarios a la jerarquía: están condenados al fracaso, aunque encuentren solidaridad y afecto entre los compañeros.  Puede ser razonable que se le confiera al FGE autonomía respecto del Gobierno y un poder casi absoluto en la Fiscalía; pero ello ha de conllevar una responsabilidad porque ese poder se le confiere con un fin principal, aunque haya otros: para luchar sin ataduras en la delincuencia del poderoso, o en aquellos casos en los que el poderoso tenga intereses.   No están reguladas las correcciones internas (en el seno de la propia Fiscalía) a la traicion del FGE a esa confianza que el ordenamiento jurídico le confiere al darle autonomía en su actuación.    A mi juicio, al tiempo que hay que proteger mejor la posición del FGE respecto del poder, hay que proteger mejor a la Fiscalía, a la Carrera Fiscal y a la Justicia española de hipotéticas desviaciones en la actuación del FGE.     Por supuesto, hago abstracción aquí de situaciones presentes o pasadas.   Es esta una reflexión relativa a la posición del Ministerio Fiscal y espero con interés -pero sin mucha confianza- el nuevo Estatuto del que tanto se habla, surgido de la propia FGE, a ver si tiene algo de este razonamiento mío, o no.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

TOLERANCIA CERO A LA CORRUPCIÓN

No me huele nada bien eso de los seguimientos al Juez y al Fiscal del caso Noos.  Pero nada bien.   Hace tiempo, cuando yo estaba en Anticorrupción, nuestro Jefe Carlos Jiménez Villarejo descubrió la manipulación de las líneas de entrada de sus teléfonos en su casa.   Tomo las medidas adecuadas, pero no se pudo detener a nadie.   Ahora salen unas fotos desde diversos ángulos (ABC hasta saca un video) de un encuentro entre el Juez del caso y una abogada de la acusación.   Las fotos no dicen nada ofensivo para el Juez, y nada grave, salvo que se han hecho y que se han publicado.   Me parece mucho más grave que se hagan esas fotos a lo que se recoge en ellas; de hecho si el propósito de obtener las fotos fuera exclusivamente procesal, bastaría con presentarlas como soporte de una recusación.   Es claro que Jueces y Fiscales deben tener cuidado con lo que hacen para no perjudicar su imagen y su imparcialidad.  Claro que si.   Hay sitios donde un Juez o un Fiscal no deberían ir, o no ir con asiduidad; y personas con las que no deberían ser vistos.  Pero también estoy convencido de que los acosos, amenazas y seguimientos a Jueces y Fiscales que llevan casos de corrupción han de ser objeto de la preocupación, ocupación y reacción de la Fiscalía.     Una Fiscalía que por boca de su titular prometió el año pasado en un su solemne discurso de apertura del año judicial eso, tolerancia cero a la corrupción política y económica.

domingo, 8 de septiembre de 2013

NO A MADRID 2020

Me pregunto sobre las verdaderas razones por las cuales nos han dicho que no por tercera vez para organizar los Juegos Olímpicos en España.  En esta ocasión parecía que las ciudades con las que Madrid competía no tenían el peso de otras, y que por tanto el optimismo general tenía un fundamento.   Dejando de lado los ofensivos editoriales de alguna prensa sobre tongos, corrupciones en el COI y demás, creo que deberíamos pensar un poco en la imagen que estamos dando últimamente como país para encontrar quizá algunas claves. Hemos estado al borde del rescate financiero durante muchos meses; hoy la deuda pública es más alta que nunca; hay casos de corrupción tremendos que han afectado a los principales estamentos del Estado; con muchos millones de parados; con una generación que se marcha fuera de España para trabajar; con un proceso secesionista abierto; vigente y no resuelto el caso Bárcenas, del que se ha hecho eco toda la prensa mundial o con la operación Puerto, de la que no se ha conseguido saber la identidad de los numerosos pacientes-clientes del condenado por dopar a deportistas... Quizá nuestro país no esté hoy dando fuera la imagen que daba en el año 1992, y tal vez ahí estén las verdaderas razones.  No se si en el trance de tener que elegir, votaría yo por un país que ofreciera una imagen así, francamente, o me inclinaría por alguno que tuviera las cuentas más ordenadas, que ofreciera más estabilidad, en el que la corrupción no fuera un problema principal.   Me gustó ayer el Príncipe, mucho; pero algunos de nuestros políticos no dieron ningún nivel, y me pregunto qué asesor de imagen cobra por decirles a los afectados algo así como "ánimo, que das de maravilla en inglés".  La corrupción y el deterioro de la imagen de la política y de los políticos en nuestro país traen consecuencias, y puede que lo de ayer sea parte de eso.   Si, como yo creo, en la corrupción está gran parte del origen de nuestros males como país, pienso que nos hace falta menos unos Juegos (con todo lo que siento no poder verlos otra vez en mi país) que empezar a limpiar: organizar la Justicia de una vez para luchar contra esta lacra; menos palabras grandes (de esas que oiremos en unos días en la apertura del año judicial, como oímos el año pasado y el otro y el otro); y en cambio muchos cambios internos, tanto en la Fiscalía como en la Judicatura.   Cambios básicamente de actitud para con el poder político y económico, de asunción de responsabilidades judiciales y sobre todo fiscales; y tomar conciencia de que la primera línea de defensa de la sociedad contra los chorizos (un corrupto no es otra cosa que un estafador a la sociedad), está asignada a la Justicia.  Si se empezara a erradicar la corrupción a base de investigaciones -con todas las garantías, pero sin privilegios-, de artículos 27, de quejas al Consejo por interferencias en la independencia judicial, de acusaciones, de prisiones preventivas, de medidas cautelares y de condenas, no tardaría mucho en ir cambiando la imagen de nuestro país.  Es decir, tratando a todos los ciudadanos por igual, sin privilegios.   Pero este camino de la Justicia de "llevarse tan bien" con los políticos (obviamente debido a que son ellos quienes nombran a los que nos mandan o dirigen), me temo que es equivocado.   Al menos, yo lo veo así.

miércoles, 4 de septiembre de 2013

RECOGIDA DE AVALES

Me cuentan que no son pocos los avales (cientos y cientos) que algunos jueces han obtenido de sus compañeros para ser elegibles por los partidos políticos a formar parte del nuevo Consejo del Poder Judicial.   También me dicen que a pesar de ello, los avalistas no llegan a mil (lo que significa rondar un 20 por ciento de la Carrera: no demasiado, ciertamente).   Saben todos que el nuevo sistema diseñado para el CGPJ está mucho más politizado que el anterior (que ya había caído en gran desprestigio), pero a pesar de todo se siguen pidiendo avales, sigue habiendo bastante gente que quiere ir al Consejo, incluso uniendo su trayectoria futura y sus imagen al partido político que eventualmente le apoye.   De esos jueces, de cuya conducta no tengo nada que objetar (son opciones personales que yo no comparto, pero que actúan en el cumplimiento de la ley), los hay que pertenecen a asociaciones que han decidido boicotear el nuevo sistema.  La APM, cada día más vinculada al PP, participa sabedora de que con ello controlará el Consejo y así los nombramientos principales y la inspección; pero JD y Victorinos decidieron orgánicamente no presentar a nadie, aunque "a título personal" jueces muy significados de las mismas piden avales y otros jueces se los dan.    Creo que al menos -puedo estar equivocado y lo sentiría- del Foro Judicial Independiente no hay nadie que "a título personal" esté recogiendo avales.    A quienes dan los avales yo les diría que el aval no es solo el que le das a un compañero que viene a tu despacho y al que -como te cae bien- resulta violento negárselo.   El aval no es al compañero solo; el aval es al sistema diseñado.   El aval se esgrimirá como un triunfo y como la manifestación de la aceptación de los jueces al nuevo sistema que -todo el mundo parece estar de acuerdo en la judicatura- empeora la posición institucional del CGPJ.  El aval a un compañero legitima el nuevo sistema.   Como a mi el nuevo sistema me gusta tan poco como el anterior, porque someten al poder judicial al control último de los políticos y es causante principal del desastroso estado e imagen de la Justicia en España, yo no daría ni un aval.  A nadie.   Procuraría explicarlo bien al compañero que lo pide, que tal vez crea que él puede arreglar las cosas que están mal (ingenuamente, claro).  Pero le diría que no.

lunes, 2 de septiembre de 2013

NUNCA MÁS LA GUERRA

Poca gente merece más un enjuiciamiento por crímenes contra la humanidad que el salvaje sirio.   La constancia de que ha utilizado gas sarín contra la población de su propio país, ocasionando más de 1400 muertos llama a cualquier conciencia para reclamar el fin de esas matanzas.   Estados Unidos quiere atacar, el resto de potencias se opone o duda.   He pensado sobre esta cuestión, sobre como se puede acabar con ese criminal, y finalmente, me apoyo en las palabras del Papa, que se sintetizan en "Nunca más la guerra".   A mi, que no soy creyente, me gusta ese Papa, me gusta lo que dice y me gusta como actúa.  Y su reflexión -que me trae memorias de los horrores de la guerra de Yugoslavia que viví en otra etapa profesional- me acaba decidiendo.  No a la guerra.  Pero hay que hacer algo en terrenos diferentes del militar para poner fin a esas matanzas; y hay que hacerlo ya.

domingo, 1 de septiembre de 2013

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

A otros no se, pero yo conozco a varios fiscales a los que -como a mi- la corrupción nos revienta especialmente.   Por ejemplo, ver al principal partido político español -acusador particular personado- destruyendo el ordenador personal de aquel a quien se pretende acusar por delitos de corrupción en lugar de ir corriendo al Juzgado a entregárselo al Juez de Instrucción parece -como poco- un acto de gravísima deslealtad procesal, y me encantaría que en la Fiscalía General se viera esto de la misma manera, y que se dijera: decir estas cosas es muy importante, porque si no parece que se trata de cosas normales y aceptables.   Son hechos que le confirman a uno su impresión de como están aquí de mal las cosas.     Juan Antonio Frago (nuestro compañero incomprensiblemente separado de la Carrera Fiscal) ha recopilado en su blog "En ocasiones veo reos"  una serie de datos que llaman la atención y que me producen finalmente malestar: ha hecho un análisis de las sentencias recaídas en España entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, TSJs y Audiencias Provinciales en los primeros siete meses del año sobre delitos de corrupción urbanística.   La conclusión para cualquier investigador superficial es que si el trabajo está bien hecho, ese delito en España no es un problema ni grande ni pequeño: al margen de sanciones a particulares, las condenas alcanzan a un alcalde de pueblo pequeño, a un secretario municipal y a dos arquitectos.  Eso es todo.    Una de dos: o se persigue mal, o realmente no hay corrupción urbanística en España. Yo me inclino por lo primero.