viernes, 29 de noviembre de 2013

COSAS QUE PASAN

He seguido en la distancia y sin conocer los detalles más que por la prensa, la cuestión de la provisionalidad de Pablo Ruz al frente del Juzgado Central de Instrucción número Cinco.   El titular es un magistrado de gran experiencia, que estos días concluye su mandato como vocal en el CGPJ a propuesta del PSOE, Miguel Carmona, al que conocí hace muchos años cuando trabajaba en Sevilla.   Cuando finalice, habría de incorporarse a  su plaza, hoy ocupada provisionalmente por el juez Pablo Ruz.   Sin embargo, desde hace tiempo se viene especulando con varias posibilidades alternativas a la incorporación de Miguel al Juzgado.   Así, hace unos meses se barajaba su elección como magistrado de apelaciones en el TPI para la Antigua Yugoslavia.   Pero lo cierto es que al final ha sido el Ministerio el que ha ofrecido la plaza de magistrado de enlace en Gran Bretaña a Miguel Carmona, la plaza más golosa de las que hay que cubrir en la cooperación internacional.  Por supuesto que en él concurren todos los méritos necesarios, si bien se trata de una plaza que se cubre ahora por primera vez.   No deja de llamar la atención que finalmente haya sido una designación directa del Ministerio de Justicia la que le ofrezca una irresistible opción profesional al Juez que iba a encargarse de los casos de corrupción que hoy ocupan a Pablo Ruz.   Luego que no me digan que la Justicia no tiene influencias políticas.   La historia seguirá, porque la plaza hay que cubrirla con un Magistrado titular...

miércoles, 27 de noviembre de 2013

COMUNICADO ALTERNATIVO AL DEL CONSEJO FISCAL

Un juez cualquiera, de aquellos que no tienen ningún interés en verse involucrado en las intrigas de la política partidista, ante la elección de los vocales del CGPJ, sentirá probablemente que dada la politización de ese órgano sus posibilidades de ascender en su profesión exclusivamente por sus méritos profesionales, han disminuido.   También ese juez, como muchos ciudadanos, se habrá preocupado de que ha aumentado la influencia política de los partidos en el gobierno del Poder Judicial.  Una asociación de jueces no incluidos en el área de influencia del PP y del PSOE, la segunda asociación judicial en número de jueces, Francisco de Vitoria, acaba de hacer público su malestar en términos extremadamente duros sobre las consecuencias de la elección de estos vocales.   Estoy seguro de que a ese juez, a esa asociación o a esos ciudadanos, les importa una porra que haya un fiscal en el CGPJ, dado que el problema es de tal importancia que aunque ese fiscal fuera un modelo de comportamiento y virtudes, habría de ser elegido como todos los demás, por decisión de un partido político, PP o PSOE.

Pero a nuestro Consejo Fiscal es lo único que le preocupa.  Ni una queja, ni una protesta, ni un desplante ante el Ministro de Justicia (lo que es curioso, considerando que estamos oficialmente en dificultades de relación), por el cambio en la ley, por la politización del Consejo, por el incumplimiento de las promesas de despolitizar la Justicia.   Nada.  Lo que produce "malestar y estupor" es el hecho de que no haya ningún fiscal en el Consejo.   Debemos pensar, para entender este malestar y estupor, que la totalidad de los vocales del Consejo son militantes de asociaciones que prosperan alternativamente cuando gobierna PP y PSOE.   Desde ese punto de vista, lo ocurrido si les puede molestar: ¿Cómo los partidos que nos apoyan dentro de la Fiscalía, nos ignoran para ir al CGPJ?  Desde ese punto de vista, si.   Pero hay un punto de vista más amplio, y por eso creo que el FGE necesita un Consejo que le aconseje mejor.    La reforma del CGPJ ha causado un enorme malestar en la mayoría de la Carrera Judicial, y además, ha sido tremenda por el modo de producirse.   Por eso creo que el consejo que realmente necesitaba el FGE debería haberse plasmado en un comunicado como el que sigue:

1.  El Consejo Fiscal expresa su malestar y estupor por el hecho de que la reforma del CGPJ que había de despolitizar la Justicia según las promesas electorales del partido en el Gobierno, no ha hecho sino consagrar la influencia política en la administración de Justicia.   Eso es grave especialmente en un momento en el que el FGE ha denunciado la "gran injerencia política en la vida procesal", porque esa injerencia no puede sino aumentar en el futuro.
2.  Por ello, el Consejo Fiscal respalda absolutamente la decisión del FGE de no apoyar el nombramiento de fiscal alguno para formar parte de dicho órgano.
3. El Consejo Fiscal quiere manifestar su apoyo a los jueces y magistrados y a las asociaciones profesionales que se han opuesto a la citada reforma, a los que han negado a prestar avales a sus compañeros y a quienes decidieron no concurrir al escrutinio político.
4. A tal fin, el Consejo Fiscal ha acordado apoyar al FGE para que traslade al Ministerio de Justicia su oposición a la politización de la Justicia, al tiempo que le anuncie que ni en este tema ni en otros (singularmente en la cuestión de las sustituciones), la Fiscalía General va ser un colaborador acrítico de las políticas ministeriales que causen daño a la Fiscalía o a la independencia de la Justicia.

martes, 26 de noviembre de 2013

LOS JUECES NO LO HAN CONSEGUIDO

Se consumó el reparto en el CGPJ.   Vemos que a la postre todos los malos presagios se convierten en realidad.  Ha habido unos cuantos jueces que fueron recogiendo avales (que otros jueces en ocasiones les negaron en oposición al sistema), pero el número de avales no ha importado nada.   Lo importante es el criterio de los partidos, como estaba claro.   Muchos avales o pocos no influye, sino pasar los filtros políticos.   El que quiera ir de vocal al Consejo ya sabe lo que tiene que hacer, que no es precisamente recoger muchos avales.   Todo esto es lamentable porque incide en el peor mal de nuestra Justicia y además lo hace -desde el Gobierno- con un incumplimiento electoral espectacular, no solo referido a esto, pero en esto de manera clamorosa.    ¿En qué se puede creer si quien se presenta a unas elecciones no cumple, pudiendo hacerlo, su programa electoral?      El hecho es que al final, como es natural, los políticos de PP y PSOE han mantenido más o menos la misma proporción de jueces de la APM y de JD que en el Consejo anterior.  Bien es verdad que JD, como asociación, optó por no participar; pero algunos de sus asociados si jugaron y ahí están.    Ahora veremos si para elegir al Presidente hacen lo que se hace siempre, o no.  Y si hacen lo que se hace siempre con teatro o sin teatro.   Creo recordar que hace unos años empezaron en el Pleno a sugerir nombres y nombres, descartando y descartando, para al final elegir al anunciado días antes.   Esa batalla, por la despolitización de la Justicia, los jueces de trinchera la han perdido.   Y bien que lo siento.


lunes, 25 de noviembre de 2013

INJERENCIAS POLÍTICAS EN LA JUSTICIA

Acaba de denunciar el Fiscal General "la gran injerencia política en la vida procesal".  Estoy completamente de acuerdo en esto con él, y me encanta que lo diga.  Pero esto no es un hecho metereológico, algo que ocurre nos guste o no.   Esto potencialmente se puede evitar: se puede denunciar (él lo ha hecho ahora y está muy bien que lo haga), pero también se pueden hacer cosas para luchar contra eso.   La injerencia política en la Justicia, aparece en la Fiscalía por el sistema de elección del Fiscal General y por la división en bloques conservadores y progresistas de las asociaciones mayoritarias, que determinan afinidades sutiles o no sutiles con los partidos políticos de gobierno.  En el Poder Judicial la cosa arranca del CGPJ y de la elección de la totalidad de sus vocales por los partidos políticos, que produce efectos parecidos.   En ambos casos, ese estado de cosas determina en gran medida y principalmente (aunque no sólo eso) la política de nombramientos claves y en definitiva la politización que denuncia el Jefe de la Fiscalía. También determina que algunos jueces y fiscales comprendan perfectamente el camino que han de seguir para progresar en sus carreras.   ¿Que se hace para luchar contra ese estado de cosas que el FGE denuncia?    Yo no veo otra manera de evitar la "injerencia política" denunciada que combatiendo sus causas.  

martes, 19 de noviembre de 2013

SUSTITUCIONES: INSTRUCCIÓN 3/2013

En diciembre cesarán un montón de fiscales sustitutos.  Todo cambia, y a partir de ahora el régimen de sustitutos externos pasa a ser excepción.  He dicho muchas veces que las cosas no se deberían hacer así, de un plumazo la gente a la calle, cuando se trata de personas que han servido a la Justicia y a la Fiscalía durante mucho tiempo.   La idea ahora es que los titulares se sustituyan entre si, indicando la Instrucción que se persigue "elevar los niveles de profesionalización en la prestación del servicio".   Se encarga a los Fiscales Jefes un conjunto de tareas no solo burocrácticas (remisión de listados, planes anuales de sustitución, cuadros resúmenes, causas de sustitución), sino también de naturaleza impulsora de que la sustitución se haga a través del procedimiento establecido en la Instrucción.   Yo me pregunto si es posible elevar niveles de profesionalización cargando con la obligación de sustituir (en los casos previstos) a fiscales cuya capacidad para despachar asuntos y asistir a juicio está ya desbordada.    Hablo con fiscales que me dicen que no podrán asumir sustitución alguna.   Veo -por ejemplo- la Memoria de la Fiscalía del TSJ de Madrid del 2013 y compruebo que los fiscales de la plantilla, que se reparten un Juzgado entre dos, tienen todos especialidades compartidas, asisten a todo tipo de vistas en un lugar en que las sedes están dispersas.  ¿Pueden esos fiscales asumir más trabajo? Y lo que es más importante, ¿hay alguna garantía de que ese trabajo extra que se asume se pueda desempeñar con "niveles elevados de profesionalización"?  Defiendo desde hace mucho tiempo que los jueces y los fiscales deben tener tiempo para pensar y para estudiar.  No podemos ser máquinas despachando papeles porque en realidad, tras los papeles hay gente y a la gente es a la que se le presta el servicio de la Justicia.   Hubiera sido mucho más sensato -en  mi opinión- establecer un  sistema de sustituciones progresivas, viendo como funciona, detectando los problemas y tratando de solucionarlos poco a poco.    De nada sirve lamentarse, pero si me gustaría dejar una cosa clara:  mi concepción de como debe funcionar la Fiscalía se orienta mucho más a procurar que los fiscales de a pie trabajen bien, a que los jefazos de la Fiscalía estén contentos.  Sobre todo si hay conflicto entre el trabajo de unos y el gusto de otros.  Porque si los fiscales trabajan bien, el trabajo tiene calidad y eso es al final, Justicia.   Me encantaría que si bien "los Fiscales jefes deban dirigir sus esfuerzos a que la cobertura de las vacantes no económicas se efectúe en lo posible por miembros de la carrera fiscal", otra parte de sus esfuerzos se dirigiera a plantar cara a la jerarquía si la plantilla no da más de si o si desciende la calidad en el servicio público.    Me gustaría también que se usara lo mínimo la sustitución forzosa, que se considera excepcional: personalmente y si hablamos de excepcionalidades, en esos casos preferiría que se llamara a un fiscal sustituto.  Todo el mundo quiere ganar más, pero si no se puede trabajar más (hay vida familiar y privada, también) pues obligar a ello me parece un grave error.  Recuerdo que en Alemania, por ejemplo, está prevista la posibilidad de que los fiscales se acojan a un régimen de prestación del servicio a tiempo reducido, es decir, voluntariamente deciden trabajar menos y ganar menos.  Aquí te puede llegar a pasar lo contrario.

Lo único bueno que veo en todo esto es que la Fiscalía, finalmente, manejará un presupuesto, paso primero quizá para ganar autonomía.   Pero no veo mayores ventajas para el servicio (y me arriesgo al decirlo, porque igual todo va de maravilla en cuyo caso reconoceré mi error con rapidez), debiendo añadir que la Instrucción ofrece algunas oscuridades:   por ejemplo, los criterios de asignación de sustituciones no tienen preferencias, de manera que al final el Jefe decide con bastante libertad (página 10 de la Instrucción).  Ello es particularmente grave en los llamamientos forzosos.  ¿Se puede renunciar a la sustutición una vez aceptada?  ¿Que pasa si se rebasa el presupuesto asignado?  ¿Cabe ejercitar por los fiscales elegidos los mecanismos estatutarios contra órdenes improcedentes?  ¿Como se va a cubrir una licencia de maternidad de 10 días en 10 días? ¿Es necesaria una queja a la Inspección si no se está de acuerdo?  ¿Hay un plazo especifico para resolver esa queja?  En fin, veremos.

 

LA POLICÍA JUDICIAL

Si queremos erradicar la corrupción al menos deberíamos ser conscientes de donde puede haber problemas.  Todos los funcionarios públicos debemos servir los intereses generales, con profesionalidad e imparcialidad (art. 1 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del funcionario público).   La Policía Judicial, en sus aspectos funcionales depende de jueces y fiscales en la investigación de los delitos (art. 126 de la Constitución).  Pero los mandos orgánicos de esos policías están elegidos de manera discrecional en el Ministerio del Interior.  Los cambios de mandos policiales son noticia cada vez que cambia el Gobierno, porque se producen cambios masivos en los que se habla de razones ideológicas.  Cuando leo u oigo que un policía sufre presiones en su trabajo en investigaciones sobre corrupción (sin que yo tenga medio alguno para comprobarlo), me pregunto si eso -que tiene toda la pinta de que potencialmente puede ocurrir-, tiene algún tipo de arreglo o tenemos que resignarnos a una patología en los ojos y oídos del Juez y del Fiscal, que son los policías respecto de los hechos investigados.  Lo digo porque se del trabajo fantástico que puede hacer la Policía al actuar únicamente en el propósito de averiguar la verdad.   En la Fiscalía Anticorrupción lo comprobé con la Unidad allí asignada y me precio de mantener el contacto con algunos funcionarios cuya competencia y sacrificio profesional nunca olvidaré.   Naturalmente, el Juez de Instrucción podría ordenar directamente al funcionario que le reportara solo a él, pasando de sus jefes: pero para ello debería previamente conocer de éste lo que está ocurriendo.   Y es evidente que un funcionario no puede vivir  permanentemente enfrentado a sus jefes por razones profesionales, cuando estos no están de acuerdo con lo que hace.  Yo sentiría mucho si esto que digo, realmente ocurre;  y si ocurre, me pregunto si se puede hacer algo para que no ocurra sin que el funcionario se juegue su carrera en ponerlo de manifiesto.   Hay que trabajar mucho en muchos aspectos, como vemos: no solo la Justicia está politizada.  Es más, si ocurren en nuestro ámbito las cosas que ocurren (cuando es una bandera de nuestro trabajo la imparcialidad), no puedo imaginar que puede ocurrir en otros ámbitos que están orgánicamente más "gubernamentalizados".   En estos temas hay que intentar poner la venda antes que la herida, aunque me dicen -y leo- que hay heridas que sangran desde hace tiempo.

lunes, 18 de noviembre de 2013

PROYECTO DE ESTATUTO

A primeros de año, el FGE nos dijo en el Congreso de la APIF que estaba próximo a finalizarse el proyecto de Estatuto que por primera vez, saldría de la Carrera Fiscal.  Ese proyecto se repartiría entre los fiscales para discusión y sugerencias, y luego se elevaría al Ministerio de Justicia.   Hace unos meses, anunció en el Consejo Fiscal que en octubre se repartiría.   Las cosas no han ido por ese camino.   Se dice que en el Ministerio ya tienen el Estatuto, y además, el mismo corre de email en email entre los fiscales.   Creo que es tiempo de que se de publicidad al Proyecto de Estatuto, y que se discuta abiertamente sobre muchos temas que están ahí, que nos preocupan y requieren de una nueva regulación, con independencia de que al Ministerio le convenga o no que esas cosas se discutan.  

sábado, 16 de noviembre de 2013

SOBRE EL MINISTERIO FISCAL Y EL CASO DEL PRESTIGE

Nunca diré nada malo -ni en público ni en privado- de un fiscal que ha trabajado a reventar en un asunto y no ha visto sus pretensiones satisfechas.  Puedo recordar varios casos, y a mi también en una ocasión me ha ocurrido.   Pero creo necesario al hilo de un juicio de la complejidad del que se ha celebrado en La Coruña, que la Fiscalía reflexione sobre como actuar en ese tipo de procesos.   En el blog "En ocasiones veo reos", cuya lectura habitual recomiendo y practico, se hacen una serie de consideraciones de índole procesal y sustantiva que merecen ser tenidas en consideración.  Pero en concreto, entre nosotros, en la Fiscalía General, ¿se acepta lo ocurrido como otra tragedia, como otra catástrofe jurídica como la que ecológicamente fue el chapapote?  ¿Un caso más?  ¿Nada que cambiar?  ¿O siente alguien la necesidad de sentarse a pensar sobre como hay que actuar ante delitos de esta naturaleza, excepcionales, con enorme trascendencia social y mediática?  Con la cosa además, de que aquí cayó en un órgano jurisdiccional poco preparado (con numerosos jueces que llegan y se marchan a lo largo de la investigación) para un asunto de esta envergadura.  Por ejemplo, habría que reflexionar sobre el papel de las Fiscalías especiales en casos como estos.  ¿Basta con que den instrucciones o supervisen a los especialistas en la Sección de la Audiencia Provincial, o se trata de casos en los que han de intervenir de manera directa (art. 20.1.2.b del Estatuto)?  ¿No sería necesario en este tipo de casos, asignar a varios fiscales directamente al caso, al menos durante un periodo de tiempo que permitiera el impulso de la instrucción?  ¿No sería conveniente estudiar un poco más la cuestión de los fiscales especialistas, impidiendo su perpetuación, sometiendo a algún tipo de evaluación periódica a los elegidos?  La falta de cooperación de algunos Estados, ¿no debería propiciar una reflexión particular sobre este tema y trasladar a los organismos europeos esas deficiencias?   Sucede algo parecido que con los casos de corrupción institucional, no individual, que tenemos hoy en España.  La reacción de la Fiscalía no puede ser la misma que cuando se trata de asuntos voluminosos pero no desmedidos.    Ayer vi un reportaje muy interesante (y muy triste) en la Sexta en la que el ex juez Santiago Torres (ahora en la abogacía, donde le deseo toda la suerte del mundo) se lamentaba de que en un caso de corrupción municipal en Madrid le negaron todos los medios para trabajar que solicitó.   La Fiscalía ahí tiene ventaja, si tiene voluntad, claro.  Porque puede asignar recursos extraordinarios para casos extraordinarios;  hasta ahora no lo ha hecho, que yo sepa.    Pero puede hacerlo, y si se hace, yo afirmo -porque lo he visto en otros sitios- que funciona.   ¿No sería una buena idea ponerse a pensar un poco sobre eso?    Se me dirá que la manta es corta y que si se estira de un lado se descubre otro.  Pero yo contesto que hay casos en los que eso es una malísima excusa: en esos casos la Fiscalía no puede exhibir sus flaquezas porque se nos pierde el respeto.

Por otra parte, quiero enviar un abrazo a los fiscales que han trabajado en este caso.   Imagino que habrán tenido un disgusto profesional, pero solo puedo decir que estas cosas pasan a veces.   Quien debería aprender de lo ocurrido es la Institución.

martes, 12 de noviembre de 2013

PEDIR DISCULPAS

Si subimos en el ascensor con un compañero y sin querer le pisamos, pedimos disculpas; si le tiramos el Código Penal que tiene en la mesa, le pedimos disculpas; si se nos olvida decirle alguna cosa que teníamos que decirle, pedimos disculpas.  Si nos equivocamos en nuestro comportamiento con alguien, le pedimos educadamente disculpas, y todos nos equivocamos hasta con frecuencia.  Pero si unos compañeros han generado la ocasión para que a otro lo expulsen de la Carrera, si han dado su visto bueno, o si han desoído los argumentos existentes en contra de la sanción, oye, pues nada.   Que se han equivocado (y a lo grande) se lo ha dicho la Audiencia Nacional.   Pero no se porqué, nadie se disculpa; especialmente quienes ocupaban los sillones en el Consejo Fiscal, nuestros representantes, nuestros "defensores" ante abusos.   No tendría ni que ser individual la disculpa, bastaría con un acuerdo en el Consejo que se celebra mañana.  ¿Tan difícil es pedir perdón cuando te has equivocado y has hecho daño con tu error?   Parece que para algunos, si.   Pero para mi es tan grave lo que han hecho como el no admitirlo ahora a través de una excusa.  Porque no disculparse significa que no sienten que hayan hecho nada mal.   Yo les haría copiar la sentencia de la Audiencia Nacional 10 veces a bolígrafo (y con buena letra) a ver si lo comprenden.

APRENDER A DEFENDERNOS

Entre las enseñanzas que creo que ofrece el caso Frago, que no es más que la demostración más extrema de la arbitrariedad que en muchos órdenes hay en el ámbito interno en la Fiscalía, está el hecho de que los fiscales han de aprender a defenderse de los abusos que proceden desde dentro.    Con un Consejo Fiscal opaco, casi clandestino en su actuar, que defiende casi de manera absoluta intereses de grupo; con una estructura de la Fiscalía que no ofrece contrapoder alguno al del FGE, y en la que por tanto la suerte de los funcionarios del Ministerio Fiscal está supeditada al talante, al favor o a la inquina del FGE de turno; con unos procedimientos sancionadores huérfanos de las más elementales garantías; con un reglamento preconstitucional al que nadie de la jerarquía considera que sobra o que hay que actualizar; con una falta de voluntad absoluta de la jerarquía y en las asociaciones dominantes de abordar cambios -entendidos como mejoras- en el Estatuto profesional de los fiscales; con unas condiciones de trabajo y de desempeño de nuestra función, con un sueldo y unos complementos cada vez peores, los fiscales debemos aprender a defendernos.   Porque creo que están en disposición de abusar de nosotros.   Vamos a organizar desde la APIF antes de verano un curso de defensa de los fiscales: un curso para analizar las posibilidades de defensa de los fiscales desde el punto de vista interno, tanto en lo que se refiere a lo que nos ofrece el Estatuto (que no es mucho, pero que es algo), como sobre todo en lo que podemos pedir de los Tribunales en defensa de nuestros derechos profesionales.  Vamos a aprender a defendernos en los Tribunales contra los abusos en la valoración de nuestros méritos profesionales, en el ninguneo, o en el desprecio a nuestras peticiones y quejas.   Ese terreno creo que nos ofrece bastante más que explorar.    Vamos a ver que pasa con los jueces, como se defienden ellos y vamos a aprender a copiarles.   Creo que es hora de aprender (y acostumbrarnos) a defendernos.  Lo que ha pasado estos años no puede repetirse nunca más.

lunes, 11 de noviembre de 2013

ESTÁ PASANDO OTRA VEZ

El PP acudió a las elecciones pasadas con el propósito de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, devolviendo a la Carrera Judicial el poder de elegir a doce de ellos, como se infiere de manera natural en la Constitución.   Pues bien, como decía aquel alcalde socialista de Madrid, las promesas electorales están para no cumplirlas.    En este caso, no solo eso.    Porque el sistema diseñado por nuestro Ministro de Justicia acentúa si eso era posible la politización del órgano, como nos enseñan de manera impúdica estos días.   Se está negociando entre los dos grandes partidos la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial, y no solo de los vocales.  Se habla también de quien va a presidir dicho órgano. Es decir, de aquel a quien los vocales que no están elegidos aún, tendrán que elegir en su momento.    Se está por tanto decidiendo a quien votarán los vocales aún no elegidos.    Se les trata pues como instrumentos del poder político, como testaferros; ya veremos si se dejan, pero albergo sobre ellos muy pocas ilusiones.   Más politización, por tanto.   Los jueces de a pie, como los fiscales, lo saben: o se muestran afines al partido político que menos les moleste o nadie contará con ellos.   Y sin embargo, los jueces, la mayoría de ellos, han elegido combatir por su independencia aunque eso les cueste de manera individual insatisfacciones profesionales.  Esa es en realidad mi esperanza para que el sistema se regenere, y se pueda finalmente luchar porque la ley se aplique por igual para todos: los jueces que quieren seguir siendo independientes.