miércoles, 26 de febrero de 2014

FERNANDO HERRERO

Me llamó hace unos de días un amigo común para preguntarme cómo estaba Fernando.  Cuando pregunté me dijeron que había pocas esperanzas.  A pesar de todo, confié en la fuerza de este hombre que peleó durante muchos meses, con gran ánimo, contra una enfermedad terrible.   No pudo ser: ayer nos dejó.   Fuí al tanatorio por la noche a dar un abrazo a Marisa, que estaba acompañada por cientos de personas, amigos, compañeros de trabajo, familiares, conocidos de Fernando.   Deja Fernando muchos amigos (entre ellos, y de manera muy especial entre los fiscales, Eduardo Torres-Dulce), mucha gente de quienes se ganó a pulso el respeto y que le reconocemos enorme coraje ante las adversidades de la profesión y ante las de la enfermedad. Reconozco que en momentos así, en los que uno se pregunta tantas cosas, envidio la fortaleza de los creyentes.  

domingo, 23 de febrero de 2014

NO SIN MI TOGA

En nuestro pequeño mundo profesional, es bien sabido lo bien que escribe la fiscal Susana Gisbert. En el foro de fiscales ha colgado un artículo tranquilo sobre la utilidad del post-it, del posit, castellanizando el término.   Lo publica en el blog de una periodista amiga suya, especializada en Tribunales, que se llama "No sin mi toga".  Acaba ese blog de comenzar su andadura que espero que sea larga, porque lo que hay escrito hasta ahora vale la pena. La entrada sobre el primer juicio de la periodista me hace pensar que hay un aspecto en el trabajo de jueces y fiscales que se trata poco: el conocimiento de la realidad de acusados y víctimas.  Ya se que no hay tiempo, que nosotros vamos sobre todo al hecho.   Pero me pregunto si muchas veces no nos dejaremos cosas muy importantes -tanto para agravar como para atenuar- en la falta de investigación de los entornos familiares de las partes en conflicto.  La periodista pudo hacerlo en ese su primer caso, y el resultado está ahí.

viernes, 21 de febrero de 2014

OTRO LIBRO DE MANUEL DOLZ

Manolo Dolz, ya lo he dicho aquí varias veces, es uno de los grandes talentos de la Fiscalía del Tribunal Supremo.  Tiene además una cualidad propia de los grandes fiscales, aunque hoy día no suficientemente valorada (por no decir que despreciada): considera que si tiene prueba de algo eso lo defiende frente a todos, incluida la jerarquía, con todas sus consecuencias, incluso adversas para él.  Tiene una enciclopédica formación jurídica, coraje y sentido común y además tiene el interés por saber toda la verdad de lo ocurrido en los casos que lleva, propio como digo de los grandes fiscales.   Esa cualidad (para algunos es un inconveniente) hoy quiero que destacarla de manera especial.   En esta situación hay que entender su último libro, publicado por La Ley, y llamado "El delito de tráfico de influencias ante la lucha contra la corrupción política en España (una visión jurisprudencial crítica)".  El libro comienza con una cita de Ayn Rand, tremenda porque suena muy familiar a la época que vivimos.   Pero es que todo el libro es una declaración de intenciones contra la corrupción política.    Las resoluciones jurisprudenciales citadas, de modo exhaustivo, incluyen toda la jurisprudencia que afecta a los casos de tráfico de influencias recientes, con especialísima referencia a un caso que le ocupó a él personalmente mucho tiempo, esfuerzo y sinsabores, la causa especial 3/20734/2011, cuya lectura te deja boquiabierto por lo ocurrido y por lo que lo que no se permitió que ocurriera.


jueves, 20 de febrero de 2014

LA TRAGEDIA DE CEUTA

Reconozco que estoy cansado.  Debe ser la consecuencia de la paliza de la campaña electoral, del disgusto, o quizá de lo publicado en Interviu.  Pero si algo me hace pensar que nos hemos dejado algo muy importante en el camino es lo de Ceuta.   Naturalmente que se que el problema de fondo es complejo, que es difícil el mantenimiento de las fronteras frente a la inmigración desesperada, que es un tema de Estado; más aún, un asunto de la Unión Europea.  Naturalmente que soy consciente de las dificultades que afrontan las fuerzas del orden en la frontera, y que necesitan más medios y más apoyo.   Claro que estoy al tanto de los problemas de organizaciones para favorecer la inmigración ilegal, explotando a personas desesperadas.   Claro que se que Naciones Unidas ha hecho informes muy claros y muy descriptivos de las condiciones en las cuales viaja la desesperación hacia el primer mundo.   Pero lo ocurrido en Ceuta me desborda.  Ver en vídeo como desde la orilla se disparan bolas de goma disuasorias cerca de personas asustadas y desesperadas, en grave peligro de ahogarse; saber que quince personas se ahogaron ese día, es demasiado para mi. Es demasiado para mi asomarme a la televisión y ver como en el Parlamento la defensa de este horror es la de que "ustedes atacan a la Guardia Civil".  Así, en general, sin reparar en que la Guardia Civil es muy grande e incluye a muchas personas que hacen muchas cosas estupendas que nada tienen que ver con lo ocurrido.  En la Fiscalía, silencio.  En un país sano habría un clamor, con el Gobierno al frente, para esclarecer lo ocurrido y exigir responsabilidades.   Quiero pensar que en la España de la transición, con la ilusión de la lucha por la democracia, esto hubiera sido imposible.   ¿Es que se ha perdido la humanidad?   Lo primero ha de ser salvar las vidas en peligro.  No lo primero, lo único: si hay lanchas, si está el mar en calma.   Luego proceder con los inmigrantes como indica la ley de extranjería.    Y si el modo de proceder con la ley de extranjería es insuficiente, que se cambie la ley.  Pero lo ocurrido, desde la perspectiva de los derechos humanos, es un bochorno para nuestro país.

lunes, 17 de febrero de 2014

COMUNICADO APIF SOBRE JUSTICIA UNIVERSAL

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) acaba de hacer público un comunicado sobre la reforma de la LOPJ sobre jurisdicción española por crímenes internacionales (genocidio, crímenes contra la humanidad, o de guerra) que a partir de ahora solo se perseguirán si los responsables son españoles, o residen habitualmente en España siempre que se haya denegado su extradición.   Recordemos que en la actualidad bastaría con que hubiera víctimas españolas para habilitar la jurisdicción española sobre esos crímenes:esa exigencia se suprime ahora.

El Comunicado de la APIF dice así:

La ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF), manifiesta su desolación por la nueva restricción a la jurisdicción española en lo que se refiere a la persecución de crímenes gravísimos de ámbito internacional, que determinará por un lado la existencia de espacios de impunidad para los culpables; por otro, el archivo de causas abiertas en los que las víctimas de dichos crímenes han sido ciudadanos españoles, añadiendo más sufrimiento para ellos y eliminando sus esperanzas de Justicia; y además, una pérdida de valor de nuestro país como baluarte en la lucha contra crímenes internacionales gravísimos.    La APIF considera que la aplicación de la jurisdicción universal para ciertos crímenes ha de mantenerse necesariamente si queremos construir un mundo que acote progresivamente espacios de impunidad para los peores criminales, y también en consideración a las víctimas de esos crímenes (que se cuentan muchas veces por cientos de miles), al cumplimiento de compromisos internacionales y a deberes de solidaridad entre los seres humanos.   

Desde mi punto de vista, la aplicación del principio de justicia universal requiere compromiso.   No basta con que en la ley se diga que España será competente para conocer de ciertos crímenes gravísimos, sino que hace falta que nuestro país, y singularmente, el poder político y el poder judicial estén dispuesto a asumir los costes de esa declaración, a veces con países de gran peso internacional que tienen intereses en que esos crímenes no se investiguen o castiguen.    Perseguir delitos internos no supone problema alguno porque es una consecuencia de la soberanía nacional.  Pero perseguir delitos tremendos cometidos en el exterior cuando estos supongan gravísimas violaciones del derecho penal internacional requiere un compromiso importante.  Compromiso de defender nuestra ley, de respetar las convenciones internacionales sobre derechos humanos y de avanzar en ellas.  Compromiso de luchar por la Justicia, incluso de luchar porque la misma se haga cuando las víctimas son ciudadanos españoles.  El caso Couso y las revelaciones de Wikileaks probaron que ese compromiso era inexistente.   Estaba la ley, pero no la voluntad de defender su aplicación.  Desde entonces siento empatía con esa familia que busca desesperadamente justicia mientras se jugaba por detrás de la cortina para que en España no la hubiera para ellos.   Pero ese compromiso -que como casi todos los compromisos importantes no sale gratis- se asienta en la convicción de que España es un país con voluntad de defender los derechos humanos de todos frente a cualquiera, dentro de las posibilidades de nuestro sistema judicial.    Desgraciadamente esa idea ha cedido (justicia "quijotesca" se la llama). Y con ella -además de con la corrupción y la catástrofe económica en la que vivimos, claro- nuestra imagen internacional poco a poco decae.  Desde luego no ayuda nada a mejorar las cosas el drama de Ceuta de estos días, que ya ha merecido el reproche de la Unión Europea.  En fin.

viernes, 7 de febrero de 2014

NO HAY CAMBIOS

Las elecciones al Consejo Fiscal acaban como siempre: seis vocales de la AF y tres de la UPF.   La distancia entre ellos se mantiene, pero se acorta la que hay entre la UPF y la APIF.   Siendo eso así, la felicitación a los compañeros ganadores es obligada y sincera.   Ojalá este Consejo se distinga por la transparencia, por respetar los derechos (fundamentales y no fundamentales) de los compañeros, por ser exigente frente al FGE y por tratar a todo el mundo por igual en la Fiscalía.   Si lo hacen así habrán prestado un servicio grande a la causa de la Justicia.  

Quiero agradecer el apoyo de casi 500 fiscales a la candidatura APIF.  Es para estar muy agradecido, y para encontrar un gran consuelo en la derrota electoral.    Es difícil competir con asociaciones mucho más implantadas, que tienen a fiscales jefes en casi todas las fiscalías.    Y a pesar de todo no hemos estado lejos.  Muchas gracias a todos.  




martes, 4 de febrero de 2014

HACER LO CORRECTO Y ELECCIONES

Hace algo más de diez años, mi Jefe en Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo fue depurado por el PP y traicionado en el Consejo Fiscal.   Ese día -desde La Haya, donde vivía- me di de baja de la AF, y rompí con muchas cosas de mi pasado.  Creo todavía que hice lo correcto, aunque fuera costoso en muchos aspectos, que lo fue.

Hace ahora poco más de un año, escondido en un comunicado de la AF, descubrimos que se había expulsado a un fiscal.  Varios fiscales no todos de la APIF, claro, se pusieron en marcha para saber lo que había ocurrido: David Mayor, Lucía Girón, Pilar Álvarez, Luis Poyatos, Pepe Perals, Santiago García, Silvia Albert, Pepe Caballero...  Hablamos con el afectado, que nos mandó los cargos (la resolución no estaba todavía publicada).    Leímos varias veces la propuesta de expulsión porque no creíamos que esos cargos pudieran conllevar la expulsión.   E hicimos lo correcto: le pedimos al FGE por carta abierta que no expulsara al compañero porque era una sanción absolutamente desproporcionada, si es que merecía algún castigo.  

El FGE no nos hizo caso -ni siquiera nos contestó-; pero más tarde, en el Congreso de la APIF, nos dijo con toda claridad (lo cuento suavemente) que no tenían sitio en la Fiscalía quienes vulneraran los derechos fundamentales de los ciudadanos; y además que iba a elevar la propuesta de sanción tal como le había indicado el Consejo Fiscal.   ¿Que podía hacer una asociación profesional en ese caso?  Le dimos toda la publicidad posible al caso, mucho antes de que la sentencia de la Audiencia Nacional le diera la razón al compañero.    Y promovimos una campaña entre los fiscales "Quiero más garantías", que firmaron treinta y tres fiscales, incluida una fiscal que estaba en prácticas en el CEJ cuyo gesto me emocionó.  Hicimos lo correcto, aunque nos supuso enfrentarnos a la jerarquía, y experimentamos algunos una decepción sobre la solidaridad en la Carrera hacia un compañero con problemas, lo cual nos creaba dudas sobre si estábamos o no haciendo lo correcto.    Sabíamos que si nos equivocábamos estábamos listos; si la Audiencia Nacional se cargaba al compañero, nos íbamos nosotros por el camino del descrédito y hasta de la burla: pero si, hicimos lo correcto.

Más tarde el compañero, después de no cobrar durante muchos meses, de verse privado de asistencia médica para su hijo de un año, ganó el pleito y lo ganó por goleada.   En la APIF pedimos la dimisión del Consejo Fiscal en pleno, y debatimos si el FGE, a la vista de lo que nos había dicho en el Congreso, no tenía también que irse.    Hicimos lo correcto, pero otros callaron.   No solo eso.   El silencio de la UPF no puede compararse con el comunicado de los vocales de la AF en lo que se refiere a este caso.  Nos dicen los vocales de la AF:

Somos conscientes de que el informe favorable emitido por el Consejo Fiscal para la separación de la carrera de un compañero en el marco de un expediente disciplinario ha sido objeto de mucha controversia. Desde el respeto que merecen todas las resoluciones judiciales, no podemos compartir una decisión que supone desconocer algunos principios básicos del funcionamiento del Ministerio Fiscal. En todo caso, la sentencia deja claro que no se ha producido indefensión material alguna en la tramitación del expediente, y que la actuación del Consejo fue ajustada a la normativa vigente. Lamentablemente, el carácter reservado de esta materia nos impide ofrecer más información sobre los hechos que se nos sometieron a nuestra consideración y que eran verdaderamente insólitos. Nosotros mantendremos ese compromiso de confidencialidad, aunque ello nos impida rebatir las insidias que se han transmitido por algunos que actúan como “pescadores en río revuelto”

Ese párrafo fue respondido por el padre del afectado, un egregio profesor universitario al que tuve el honor de conocer durante el transcurso de este penoso episodio.   No puedo mejorar su respuesta que va muy por delante de mi talento, pero si quiero señalar que -en mi opinión- la actitud de cerrazón que destila ese escrito es incompatible con el buen trato que se debe a los fiscales desde el Consejo Fiscal por parte de sus representantes.  No creo que eso sea hacer lo correcto.

Hacer lo correcto muchas veces no es fácil.  No lo es cuando se trabaja en una estructura absolutamente jerarquizada, en la que si hay abusos con los compañeros no se hacen públicos y en la que hay dos grupos de fiscales que llevan jugando mucho tiempo a ver quien saca más tajada sin importar los daños colaterales.    Hacer lo correcto puede señalarte frente a quien manda, puede distinguirte como conflictivo, y ¡ay si te equivocas!   Entonces, haber hecho lo correcto puede ser muy oneroso.   Sin embargo, hacer ahora lo correcto es la única manera (la única) de sacar a la Fiscalía del foso en el que está, de abrir las ventanas, de luchar por la despolitización de la institución, de ayudar a los fiscales a pelear contra la corrupción, de propagar el buen compañerismo y de dejar de ofender a los fiscales con decisiones humillantemente arbitrarias.   Hacer lo correcto hoy es -con coraje- intentar cambiar las cosas.   Intentar cambiar una Fiscalía fosilizada, en la que ya no importa que gobierne el PP o el PSOE, siempre es lo mismo.   Una Fiscalía que constantemente adopta posiciones que nos cuesta entender desde fuera de la jerarquía a los profesionales.  Una Fiscalía que se pliega como un junco cuando se trata de eliminar un centenar y medio de fiscales contratados y de cargar su trabajo sobre los que se quedan.   Una Fiscalía que no va a cambiar por impulso de los políticos (al revés, está donde ellos quieren que esté), sino que solo lo hará porque los fiscales de uno en uno harán lo correcto.   Ahora es un momento muy importante, de esos en los que se puede cambiar el curso de las cosas: pedimos apoyo a los fiscales para luchar por que se haga en la Fiscalía lo correcto.

lunes, 3 de febrero de 2014

CARPETILLAS Y OTROS ANACRONISMOS, por Susana Gisbert Grifo

No hace mucho me propusieron hacer un relato de mi primer juicio. Además de aceptar el reto, faltaría más, ello me llevó a hacer memoria no sólo de mi primer juicio, sino de mis primeros pasos en esta carrera, hace ahora ya más de veinte años.
Y recuerdo como si fuera ahora mi primer contacto con aquello que sería una constante en mi devenir diario como fiscal, hasta hoy mismo: la carpetilla. Un folio doblado por la mitad –salvo casos muy especiales, en que eran sin doblar y de cartón- que teóricamente, contenía toda la sabiduría necesaria para enfrentarme exitosamente al juicio que se me venía encima. O a los juicios, en la mayoría de casos.
 Y allí estaba ella, desafiándome, deseosa de que la desprendiera de su gomita –otro clásico-, como si fuera un Kinder Sorpresa y yo la niña del anuncio. Las había, y las hay, de diversos grosores eincluso de diversos tamaños y, en cuanto al color, por aquellos tiempos, se distinguían entre sí por el diverso grado de amarilleo y manoseo. Y por lo que respecta  a su interior, como todos sabemos, de muy variado nivel.
Pronto aprendemos todos en esta carrera el valor de estos tesoros, con el que el compañero que ha calificado te vende al juez o tribunal. De él depende gran parte de tu éxito o fracaso y, lo que es más importante, el éxito o fracaso de la pretensión del ciudadano, destinatario final de nuestro trabajo. A lo largo de mi carrera me las he encontrado de todo tipo, desde aquéllas que sólo contenían una frase y te llevaban a acordarte de todos los ancestros de su autor, hasta aquéllas que por sí solas hubieran ganado el juicio.
Pero creo que ya sería hora de superar eso. Queda cuanto menos chocante que en pleno siglo XXI los fiscales acudamos a juicios armados y pertrechados de un montón de folios, doblados o no, atados con gomitas y un código obsoleto lleno de post-its –si nos atenemos a los que nos proporcionan-. Que, a veces, lo más importante sea rellenar los espacios preordenados a decir quién fue a juicio, y si se elevaron o no las conlcusiones a definitivas, en lugar del desarrollo de éste. Y que dependamos de lo que el compañero haya tenido a bien meter dentro -siempre que se haya asegurado de grapar para evitar pérdidas-, y de cómo haya resumido las cosas en ese otro engendro llamado extracto, que a veces ni siquiera se entiende porque siguen quedando muchos manuscritos y con letra ilegible.
Pero, si la carpetilla es un clásico, hay otro que lo es más, si cabe: el cuño de “Visto”. El arma fundamental de todo fiscal que se precie. Como sabemos, los hay básicos, con solo impresa la palabra “visto”, y del más alto nivel de sofisticación, con rueda giratoria para poner la fecha y, el nombre del fiscal. Y el famoso de “fecha ut supra”, destinado a salvar toda traba que se nos presente. Y, como todos sabemos también, ese “visto” es casi la medida de todas las cosas, que tanto sirve para dar carpetazo a una causa de miles de folios como para despachar un anodino robo con autor desconocido. Y, por supuesto, para medir los tiempos, de ahí ese indeterminado “fecha ut supra” que deja todo en el aire y da la sensación de que necesitamos curarnos en salud.
¿No ha llegado ya la hora de modernizarnos? ¿Cómo es posible que sigamos dependiendo de estas cosas? ¿Cómo no se prevé de una vez el modo de acceder a lo más importante del proceso si necesidad de miles y miles de fotocopias?.
La respuesta es obvia. Y como casi todo lo obvio, ignorada. Un sistema informático que no hace sino duplicar estos trámites no ayuda. ¿Cómo va a hacerlo, si ni siquiera han previsto que los extractos de la pestaña correspondiente no se dirigen a ningún Ilustísimo/a Magistrado/a Juez, y que la casilla de enviar al Juzgado es una mera burla, porque todos sabemos que hay que saltársela porque no está previsto el envío?
Pero en fin. Igual son cosas mías y todos sois felices con nuestras carpetilla mostosas atadas con gomitas más mostosas aún, con nuestros códigos llenos de pegatinas, con los cuños que chorrean tinta y cómo no, con los bolígrafos verdes, de los que siempre está lleno el cajón de material y son útiles como ninguna otra cosa de este mundo. Ya me iréis contando…

SUSANA GISBERT GRIFO

Fiscal (Fiscalía Provincial de Valencia)

domingo, 2 de febrero de 2014

LA IRRACIONAL DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO por María Jesús Moya Martínez


Nuestro compañero  Juan Antonio Frago ha publicado en el blog  “Hay Derecho” y en el blog ”En ocasiones veo reos” la estadística de asuntos que llevan nuestros compañeros fiscales superiores de Comunidad Autónoma, todo ello según la Memoria de la Fiscalia General del Estado
La plantilla de Fiscalía en 2010, según resulta del Real Decreto 1675/2009 de 13 noviembre, complementado por el  Real Decreto 1735/2010, de 23 de diciembre,  está constituida por 2407 Fiscales.    Según estas normas en el año 2010 había 62 fiscales superiores de Comunidad Autonoma, ( 17 jefes, 17 tenientes y 28 fiscales).  Las estadísticas nos señalan que en 2012 entre todas las Fiscalías de los TSJ de las 17 Comunidades Autónomas se presentaron 8 escritos de acusación (dato sumado de las correspondientes memorias), se han dictado 5 sentencias entre los 17 TSJ y se han presentado, salvo error u omisión, 561 denuncias o querellas contra aforados, siendo la inmensa mayoría contra jueces o magistrados.   Es decir que la ratio  por fiscal  superior es de 0’12 escritos de acusación  y 9’04  denuncias y querellas por fiscal.  Sabemos que a partir del 30 de enero de 2014 se ha añadido una compañera más, ex vocal del CGPJ  por lo que la plantilla actual se ha incrementado hasta 63 compañeros.

En comparación,  en el año 2012 los fiscales de “ trinchera” que somos sólos 2072 y si restamos a Frago que fue injustamente expulsado, quedamos sólo 2071 fiscales. Según el capítulo IV de la última Memoria  de la FGE, en el año 2012 se incoaron  un total de los 5.130.089,  793.834 juicios de faltas y se celebraron 325.000 juicios de lo penal. Todo ello  dividido entre 2071 fiscales “ de trinchera” arroja un resultado de 2477,10 asuntos por fiscal; un total de 383,30 juicios de faltas por fiscal y 156,92 juicios de lo penal  por cada fiscal de “ trinchera”.

Todo ello sin contar las funciones ajenas al Derecho Penal que también se nos encomiendan.
Existe una  gran desproporción entre la ratio de asuntos que se atribuyen a cada fiscal de comunidad autónoma,  y la ratio de asuntos que corresponde a cada fiscal  de “ trinchera”. Ello unido a que los fiscales de “ trinchera” somos de nombramiento reglado por estricta antigüedad, mientras que estos fiscales superiores se eligen,  conforme el artículo 36 del Estatuto de Ministerio Fiscal, por criterios de libre designación entre ex asesores ministeriales,  adjuntos a Fiscales de Sala especialista, asesores de la Fiscalía General e incluso,  aunque no previsto legalmente,  el último nombramiento ha recaído sobre una ex vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial.

La plantilla de fiscales españolas es de las más exiguas del Consejo de Europa y  una de las que soporta mayor carga de trabajo individual.  La ratio de  casos asignados a cada Fiscal de primera instancia se encuentran muy lejos de la media del Consejo de Europa, de 11 fiscales por cada 100.000 habitantes  con una carga de trabajo de de 615,2 casos por fiscal, págs. 232 y ss..    Es un gráfico, por lo que no hace falta saber inglés para darse cuenta que estamos a la cola en número de fiscales por habitantes, que además no contamos con ayudantes del fiscal, personal técnico  a modo de un cuerpo de gestión que nos alivie, y  que la media de funcionarios auxliares del fiscal es la minima del Consejo de Europa, sólo 0’8 funcionarios por cada fiscal.

No se encuentra la lógica  al incremento de Fiscales Jefes y de Tenientes, antes había 50 jefes y 50 tenientes fiscales. A partir de 2009 tenemos 17  fiscales jefes de Comunidad Autonóma, 17 tenientes superiores, 44 fiscales provinciales, 44 tenientes provinciales y 22 jefes de área.

No es descabellado pensar que todo lo que ellos trabajan de menos,  nosotros los “trincheristas” lo trabajamos de más.

Me parece  que esta realidad está en abierta contradicción con lo establecido en los artículos 4, 5ª), b) y c) y 8 de  la Recomendación 2000 (19) del Comité de Ministros del Consejo de Europa, disponible aquí en versión original   y aquí en  español.

En estos preceptos se establece nuestros derechos a que  el ascenso y la promoción obedezca a criterios objetivos  y que la distribución interna de trabajo  entre los fiscales obedezca a criterios imparciales y equitativos.  Estos derechos de los fiscales individuales se conciben como garantías de nuestras autonomía frente a  injerencias del poder político.

Se trata de prevenir  que los lobbys de poder o los partidos políticos puedan  infiltrarse en nuestra institución y crear clientelismos que  pudieran desviar la imparcialidad y legalidad que ha de guiar nuestros actos.

Tenemos que cambiar esta irracionalidad que tanto nos perjudica. No vale con abstenerse en las próximas elecciones. Quienes defienden estos abusos se votarán entre ellos y nos vencerán. Hay que cambiar. Hay que votar en contra de esta sinrazón.

sábado, 1 de febrero de 2014

HASTA AQUÍ PODÍAN LLEGAR, SEÑORES DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES, por Juan Antonio Frago Gracia


Soy el padre de Juan Antonio Frago Amada, y redacto este escrito bajo mi responsabilidad, no para defenderlo, pues él bien sabe hacerlo y lo ha demostrado, sino porque la sangre no es agua ni horchata, y considero que con el comunicado de la Asociación de Fiscales (AF) se han traspasado los límites de lo tolerable en alusiones contra mi hijo; y la insinuación, el no usar de franqueza, ya dice mucho de quien de ella se sirve, cuando además se destila el veneno de la insidia. Quien haya escrito este texto ya en la declaración de intenciones, “En defensa de los derechos de todos los fiscales” (del 30 de enero), comete un insufrible y torpe oxímoron argumental, sobre todo en lo que atañe al torticero párrafo dedicado a Juan Antonio, en él tratado, qué sarcasmo, de “compañero”.
         Desconozco la autoría, singular o colectiva, de dicho pasaje, aunque de antemano deseo dejar claro que lo que aquí digo no se refiere a todos los que integran la AF, sino a los que están tras este despropósito, demostrativo de la extraordinaria importancia que otorgan a unas elecciones para el Consejo Fiscal: ¿tanto se juegan en ellas para caer en semejante bajeza? Parece que sí, pues con evidente falta de gallardía se lamentan de que un “compromiso de confidencialidad… nos impida rebatir las insidias que se han transmitido por algunos que actúan como pescadores en río revuelto”: los tales pescadores en río revuelto, ¿no se llamarán APIF y Salvador Viada?, ¿insidias son los alegatos que a favor de Juan Antonio han hecho, mucho antes de que la sentencia de la Audiencia Nacional les diera la razón?
         Sentencia esta que los quejosos tratan de “decisión”, de la cual los dolidos fiscales dicen: “Desde el respeto que merecen todas las resoluciones judiciales, no podemos compartir una decisión que supone desconocer algunos principios básicos del funcionamiento del Ministerio Fiscal”. Acabáramos; ese “funcionamiento” está por encima del juicio de unos magistrados, que deben de ser ignorantes del derecho, de lo que es el respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales del individuo. Tal “funcionamiento” debe consistir básicamente en el sacrosanto respeto al superior, aunque este pueda devolver al subordinado un escrito para que ponga dos comas, mal indicadas además, mientras se permite la magnífica cacografía de absorve. Si esto así fuera, ¿ustedes estarían de acuerdo con ello? Pero, ¿en qué siglo creen que viven?, ¿no estarán confundiendo jerarquía con despotismo? Queda lejos, por fortuna, el feudalismo de siervo de la gleba y de señor de horca y cuchillo. Ustedes, que alardean de conocer bien el expediente de Juan Antonio, dirán si esto ha ocurrido o no, o si yo tal vez estaré fabulando. Pero, en caso contrario, tendrán que convenir conmigo en que lo dicho sería motivo de escarnio, mofa y befa para la Carrera a la que pertenecen. Y, por cierto, permítanme decirles que Juan Antonio escribe con más corrección que algún que otro dómine de su expediente, pues párrafos enteros de altas instancias he visto reñidos con los signos de puntuación, y en ocasiones también con la sintaxis.
         Metidos en harina, una pregunta debo hacer sobre la autoría no ya del comunicado de la AF, sino concretamente sobre el párrafo que es motivo de mi indignación. Porque en él no es que se demuestre el respeto que a estos fiscales les merece una sentencia judicial tan rotunda como la referida, que no se ha recurrido, aunque retóricamente lo ponen sobre sus cabezas (“desde el respeto que merecen todas las resoluciones judiciales…”), pero sin empacho alguno en no compartirla. Así, pues, hubieran deseado que el fallo fuera condenatorio; es decir, que se quería la expulsión del “compañero” a toda costa. Sería deseable que en este punto se expresaran como Berceo,  “en romanz paladino, en qual suele el pueblo fablar con so vezino”, sin recurrir al capcioso subterfugio, que apenas encubre la inquina de los dirigentes de la AF hacia el expedientado, eso sí, sin atenerse a la vieja máxima del “hablen cartas y callen barbas”.
         Hablen cartas, pues, y dígase paladinamente si el párrafo en cuestión no está ahormado por alguien que también ha sido miembro del Consejo Fiscal. Todo esto exige una explicación, pues no se ve en qué consiste “el carácter reservado de esta materia”, ni la confidencialidad “sobre los hechos que se sometieron a nuestra consideración”: ¿nuestra?, ¿de quiénes? Tengan el valor de aclarar por qué conocen unos hechos “que eran verdaderamente insólitos” y que, naturalmente, hubieran merecido la separación definitiva de Juan Antonio, a quien solo faltó que lo acusaran de las muertes de Manolete y de Kennedy. Pero yo les voy a refrescar algo de lo insólito, basándome en lo que antaño significó carta.
         Pues bien, en cuanto a las sanciones graves que la sentencia no contempla, los animo a publicarlas, pues sus motivos son demostrativos del altísimo concepto del respeto que ustedes tienen, y sin ambages les digo que las causas son irrisorias, nada en comparación con lo que estos días se oye que un fiscal escribe a un juez. Pero una de ellas, por faltas graves que no quedara, exigía que la orden se hubiese dado por escrito, cosa que Juan Antonio negó en sucesivas alegaciones, que fueron sistemáticamente ignoradas porque él “imaginaba la realidad”, o sea, deliraba. Y en papeles timbrados repetidamente se ha insistido una y otra vez en la negativa, cuando tan fácil era señalar el folio de tal orden escrita, fácil y obligado si se procura la justicia: ¿el Consejo Fiscal tuvo en cuenta esta alegación o cualquier otra de Juan Antonio? Me pregunto por qué no publican un acta, que solo se sirvieron librar por orden de un juzgado de La Coruña, si semejantes insólitos hechos según ustedes contiene. Y respecto de la mentada orden escrita, también a instancias del mismo órgano judicial finalmente se confesó que “no consta” en el expediente, de lo cual ya tiene fehaciente conocimiento documental el Secretario de Estado.
         Otro hecho insólito, ¿a Juan Antonio se le leyeron sus derechos al comienzo del interrogatorio al que fue sometido por el instructor? Prueba material hay de que no fue así, aunque lo contrario argumente el mismo sunsuncorda, si bien “distraída” del expediente, existente; pero el Consejo Fiscal no parece haberse molestado en ver si la correspondiente alegación era cierta o falsa, si la prueba era legal o no, con argumentación jurídica en tal caso. Ante un juez y bajo juramento se comprobaría en qué parte está la verdad.
         En fin, señores del comunicado, piensen en el daño que todo esto ha podido causar a una persona, declarada inocente por sentencia que no ha dejado muy malparada a la Administración, o a algunos que ocupan cargos en ella; piensen también en el perjuicio a un maltrecho erario público, qué baratas son las salvas con pólvora del rey, y repriman esa malquerencia que están demostrando. No estaría de más que en atención a su dignísima profesión abandonaran el ancestral vicio hispánico del vidrioso rumor, del “se lo ha buscado, algo grave habrá hecho”, de la “lanzada a moro muerto”. Como simple ciudadano echo en falta y envidio la escrupulosidad que en ciertos aspectos de la función pública, particularmente en lo que atañe al desprecio de la falsedad, impera en el mundo germánico y anglosajón.