miércoles, 23 de julio de 2014

ESTO FUNCIONA MAL PARA ESTOS DELITOS

Leo consternado que la adjudicación de una caja catalana a un banco le cuesta al Estado más de 11.000 millones de euros (casi dos billones de ptas., algo que cuesta imaginar), cifra que se corresponde con la mayor parte del dinero invertido en su rescate.   Nos dijeron que estas cosas no iban a costar nada al contribuyente: o calcularon de pena o nos engañaron.  Pero si eso me escandaliza desde fuera, ya que yo no soy economista y supongo que quienes rescataron el banco optaron por la solución menos mala, lo que me sorprende desde dentro es que pasados ya varios años tras las crisis, la reacción de la Justicia contra esos desmanes ha sido tibia.  Oiga, que estamos hablando de mucho dinero y dinero de todos los españoles.  Y una crisis añadida que obliga a una generación de jóvenes a buscar su futuro fuera de España y que ha elevado el desempleo hasta casi el 30%.  Ni se han considerado las preferentes como una estafa organizada cuando se emiten por entidades en quiebra técnica; ni se han considerado estafas las ampliaciones de capital sobre la base de unas cuentas evidentemente inveraces.  No se han acordado prisiones provisionales como regla general (ni particular), no se han desvelado judicialmente las complicidades políticas con los rectores de las cajas.   Sabemos muy poco de porqué se ha perdido todo ese dinero, quien se aprovechó de él, quien tiene que devolverlo.   Han pasado unos años, los rectores de esas cajas y bancos en crisis han superado los primeros impactos mediáticos y ahora, lentamente, nos vamos dando cuenta de hasta que punto nos han engañado, nos han timado.    El sistema judicial, para este tipo de delitos, funciona fatal.

sábado, 19 de julio de 2014

LA TORTURA EN ESPAÑA

Estuve ayer en el acto que en el Círculo de Bellas Artes de Madrid tuvo lugar para que mi querido Carlos Jiménez Villarejo anunciara su renuncia al escaño en el Parlamento Europeo, para el cual fue elegido recientemente.   Carlos renuncia, pero yo le vi tan fuerte, tan ilusionado como siempre.   Lo he dicho varias veces aquí: todos tenemos cosas que pueden ser reprochadas, pero Carlos ha sido para mi el modelo de fiscal que yo tomé hace tiempo.   Tras su lamentable depuración en la Fiscalía  Anticorrupción se jubiló anticipadamente, pero siguió en la lucha por sus convicciones.   Y ahora, tras lo ocurrido estos meses con su "fichaje" por Podemos, su elección y su dignísima renuncia (según parece, situaciones de parlamentarios europeos que renuncian a ese momio solo por considerar que sus fuerzas no son las de antes ha habido muy pocos), estoy seguro de que seguirá en la pelea.

Carlos habló ayer de la tortura en España, de la denuncia que ha hecho de la misma en el Parlamento Europeo, y tomó como referencia una reciente sentencia de la Audiencia Nacional en la que se absuelve a unas decenas de acusados por pertenencia a organización criminal tras anular sus declaraciones policiales y señalar la necesidad de conferir de mayores garantías las declaraciones judiciales prestadas tras una incomunicación.   También hizo referencia, y a esto me quiero ahora centrar, a la última Memoria de la FGE en la que se señala que el año pasado hubo hasta 106 Diligencias Previas por torturas en España, 95 por tratos degradantes realizados por funcionarios públicos, y 8 por omisión de la obligación de impedir torturas, con un incremento de la cifra de Previas por torturas de más de un 130% respecto del año anterior.  La lectura del texto de la Memoria tiene un apartado específico sobre este particular que evidencia por un lado los problemas de estadística en la FGE -dadas las deficiencias del sistema informático- que obliga en gran medida a registrar "palote a palote".   Pero por otro, la Memoria señala la existencia de un problema que crece.  A mi me parece que la tortura (incluso en sus modalidades menos penadas) es un delito que puede ser reducido en España incrementando los controles.    No estoy de acuerdo con las afirmaciones de que haya aquí torturas generalizadas: sencillamente, yo no me lo creo y no veo evidencias de ello. Pero los datos muestran que se dan malos tratos, que se atenta contra la dignidad de las personas y que también se recogen algunos casos de tortura pura y dura; y además que esto está ocurriendo de manera creciente.  Contra eso hay que luchar de manera comprometida.  Esta es una ocasión para que la FGE ponga en marcha mecanismos específicos para la prevención y castigo de estas conductas, ligadas a la protección de los derechos humanos y también a la validez de las pruebas de cargo.    Sobre este tema hay que estar siempre en guardia, no desdeñar las denuncias por creer de entrada en el buen funcionamiento del sistema.  Hay que verificar lo que ha ocurrido, y para ello tenemos instrumentos: ver el Protocolo de Estambul de 1999, que además de nuestra jurisprudencia ha de servir de referencia.  El mayor número de condenas del TEDH a los Estados en esta materia se producen no por las torturas en si mismas, sino por no investigarlas, ya que hay un deber de investigar por parte del Estado, ligado al derecho a no sufrir torturas ni tratos infamantes por parte de los ciudadanos.    La Fiscalía General tiene ahí, en mi opinión, algún trabajo que hacer.


sábado, 12 de julio de 2014

LA TRANSPARENCIA SEGÚN EL CONSEJO FISCAL

He recibido un email con los acuerdos de la sesión última, celebrada en Barcelona, del Consejo Fiscal.  Si ese es el concepto de transparencia que van a mantener durante cuatro años, vamos listos.   Todavía tengo en la cabeza, y no lo mencionaría sino fuera porque quiero dar las gracias públicamente al FGE por no seguir el parecer del Consejo Fiscal, el caso del nombramiento de Teniente de la Fiscalía del TC.   Lo que hicieron fue lo de siempre: los de la AF, al candidato de la AF.  Los de la UPF, al de la UPF.  ¿Y los que no son de la AF o de la UPF?  Pues, eso, que se j...  Tengo claro que no hay un derecho de los fiscales a ser votado favorablemente, pero creo que lo mínimo es exigir una evaluación imparcial y una motivación suficiente.  Nos privan de ambas cosas.  Después de perpetrar la votación, ninguna explicación; ninguna razón de porqué no votaron al más antiguo -el número 54 del escalafón, según mi cálculo-, al único de los votados que había sido fiscal jefe (no se quien más aspiraba a la plaza), al que llevaba más tiempo en el Tribunal Constitucional.  Lo dejaron con 0 votos.   Me dicen cosas impublicables sobre las razones del veto: espero que no sean ciertas.  Pero está claro que por esta línea, ni mérito ni capacidad; y desde luego, olvidémonos de cambios hacia una mayor transparencia y menos arbitrariedad en la Fiscalía.   Gracias, Eduardo, por no seguir el consejo del sectarismo militante.

Seguimos igual ahora.  No sabemos quien pide las plazas, algo imprescindible para poder saber si los compañeros del Consejo actúan o no con arbitrariedad.   No sabemos porque votan a unos y no a otros, y la Inspección Fiscal no hace público (creo que ni siquiera se elabora) el informe que está previsto en el art. 13.2 del EOMF, por el Servicio Permanente de Valoración.   ¿Pero es que nadie en el Consejo Fiscal considera que hace falta un informe así que además está previsto en la ley?  ¿Es que nadie quiere tener esos datos para garantizar el acierto en la elección? ¿Es que a nadie realmente le importa el trabajo de muchos años que han hecho compañeros que no pertenecen a sus asociaciones? ¿Es que no pueden distinguir lo que son méritos profesionales de lo que son afinidades asociativas?   Pues parece que no.   La opacidad, la oscuridad en la toma de decisiones es en si misma sospechosa de arbitrariedad.  Y cuando encima el resultado parece arbitrario, pues eso.   Muchos años haciendo lo mismo han configurado un Ministerio Fiscal ideologizado, insensible a valores como es el mérito y la capacidad, si viene de quien no comparte tu ideología.   El otro día, un compañero joven, completamente asimilado a la doctrina imperante -y asociado- me sostenía delante de testigos que "si todos valemos para todo, es lógico que las asociaciones se inclinen por los propios asociados".   Estáis, queridos compañeros, fomentando ese pensamiento entre algunos jóvenes fiscales: lo esencial es la militancia y para justificar eso, se ningunean los méritos de la gente.  Estáis, queridos amigos, castigando al Ministerio Fiscal al privarle del talento independiente, y también a muchos fiscales que no están de acuerdo con vosotros.  Y os cargáis de manera deliberada el esfuerzo, la inteligencia, el mérito y la libertad de criterio.

En la plaza en comisión de servicios para el Tribunal Supremo no se le dice a la Carrera, como si no importara,  quien vota a quien y las razones de ello.  No sabemos los candidatos y por tanto no podemos contrastar nada.    Lo de siempre.

El segundo punto aborda la aprobación de una propuesta de reforma del EOMF en materia de responsabilidad de los miembros del Ministerio Fiscal.   Yo no he visto ningún documento sobre eso, y me gustaría que antes de que el Consejo Fiscal aprobara algo los fiscales pudiéramos haber dicho que nos parece.   ¿Se trata de endurecer el régimen disciplinario, o de regularlo con un mínimo de garantías?  El asunto de la expulsión de un fiscal con vulneración de sus derechos fundamentales debería inquietar alguna conciencia, pero de ello hace ya más de un año y no veo mucho propósito de enmienda en el patio.

No se nada de los Anteproyectos que se informan, y tampoco nos dice nada el Consejo en su nota informativa.   Voy ha intentar hacerme con el de Eurojust para escribir sobre él en cuanto lo reciba.
Si se creen que con estos comunicados algunos nos vamos a quedar tranquilos están muy equivocados.   Estas magras y genéricas explicaciones no son transparencia, porque de su lectura no nos enteramos de nada de lo que afecta a la Carrera Fiscal.

lunes, 7 de julio de 2014

ANTONIO NARVÁEZ AL CONSTITUCIONAL

He tenido la oportunidad de hablar unos minutos esta mañana con Antonio Narváez que el próximo jueves toma posesión de su nuevo cargo de magistrado del Tribunal Constitucional.  Es difícil saber qué es lo que ha determinado su elección exprés, dado que según parece el viernes por la mañana (antes del Consejo de Ministros), el interesado fue notificado de la propuesta del Gobierno.  ¿Estaba informado de la intención del Gobierno el FGE?  Si no lo estaba no es algo elegante por parte del Gobierno.  Pensemos que el elegido era el número dos de la Fiscalía y que es algo que indudablemente afectaría a su superior; pero si no se le ha notificado (hay versiones para todos los gustos en la casa) es algo que tiene su significado.   El Fiscal debe ser imparcial, y la imparcialidad se mantiene mejor con la distancia del Gobierno.   En ese sentido, si hay distancia, creo que para la Institución es una buena noticia, aunque seguramente no todo el mundo lo verá igual.   Y la distancia -en mi modesta opinión- ha de mantenerse defendiendo las propias competencias y ámbitos de actuación con los dientes si hace falta, y respetando las del otro.   Que cada cual juzgue si ambas cosas se han cumplido durante los dos años largos de mandato del FGE.  De todas maneras, en mi visión de las cosas, al FGE no le hace ninguna falta el afecto y la cercanía del Gobierno.   Le debe bastar su función de garante de la legalidad.   Personalmente creo que el cargo más apasionante en España -para un fiscal- ha de ser el de un FGE independiente (y hasta distante) del Gobierno y con ganas de aplicar la ley por igualdad para todos sin importar las consecuencias.    Veremos que pasa.  

En todo caso, dirijo desde aquí mi felicitación a Antonio Narváez, y le deseo lo mejor en su nuevo puesto.  Me ha gustado la carta que nos ha dirigido a los fiscales, llena de sentimiento y de afecto a la Fiscalía y la Carrera.

Se abre desde ya la sucesión para el goloso cargo que ocupaba.   El ramillete de posibles no pasa de cinco.   Muy interesante.

miércoles, 2 de julio de 2014

GUARDIAS

Hace tiempo que no hago guardias.  Pero me entero -por lo que me dicen los compañeros que si las hacen- de que las retribuciones de las mismas están sometidas a diferencias completamente irracionales.   La guardia, en principio, supone la disponibilidad de un fiscal a cualquier contingencia que se produzca durante su duración.    Se paga -o debería pagar- el tiempo de un profesional cualificado que está disponible para cualquier evento que ocurra.   Si se trata de violencia de género, o de menores, o de mayores, es indiferente.  Lo determinante es que un fiscal estará allí para solucionar el problema o al menos para darle un enfoque determinado.   Ese fiscal invertirá su tiempo (que sustrae a otras actividades, incluso a su ocio) para hacer la guardia.  Siendo eso así, que se pague el tiempo de ese fiscal de manera diferente según las materias, o que incluso no se pague en absoluto es ridículo y denunciable.   Al margen de que las guardias están mal pagadas -y esa es una línea de actuación para corregir- hay que exigir que todas se paguen igual.  Que las guardias de menores se paguen menos que las ordinarias es ridículo porque el fiscal encargado estará a disposición de la Policía y del Juez durante todo el tiempo de la guardia.   Y que no se paguen guardias de violencia de género en algunos lugares es razón a mi juicio para plantarse y empezar a plantear el no hacerlas.