COMUNICADO DE ASOCIACIONES JUDICIALES Y FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN
La sociedad española atraviesa
por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de
corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Las asociaciones
de Jueces y Fiscales no pueden permanecer ajenas a esta grave situación y han
convenido emitir el presente comunicado, apelando a la lealtad institucional y
sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos
para, de una vez por todas, atajar esta situación. Los continuos episodios de
corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la
confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un
evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho.
El desarrollo del modelo
constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas
democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda
Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro
signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes
eventualmente tienen el deber juzgarles. Igualmente, el presupuesto destinado a
Justicia dista mucho del existente en países de nuestro entorno. La
consecuencia que de ambas circunstancias se deriva no es otra que el
debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones
de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española.
Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no
puede recaer en exclusiva en la Justicia penal. El Derecho penal es una
herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien
son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad
de los poderes públicos del Estado.
Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta
necesaria la adopción de las siguientes medidas:
* Evitar inaceptables injerencias del poder político en la
elección de los integrantes del órgano de Gobierno del Poder Judicial.
* Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia,
equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.
* Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios
públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando
especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan
causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia
Tributaria y de la Intervención General del Estado).
* Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y
eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente,
los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.
* Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito
la financiación ilegal de partidos políticos.
* Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal,
con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la
inspección de la Agencia Tributaria.
* Reducción del número de aforados en el ámbito político y
limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
* Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la
contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.
A 5 de noviembre de 2014
Suscriben:
Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria
Asociación Profesional e Independiente de Fiscales
Foro Judicial Independiente
Jueces para la Democracia
Unión Progresista de Fiscales
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