80 SUSTITUTOS PARA UNA EMERGENCIA

Cuando yo hacía la mili de sargento de complemento en la localidad de Tarifa recibí una orden de un Comandante del cuartel: "Viada, ha llovido mucho y el campo de futbol está encharcado; elija a cuatro hombres y seque el campo".    ¿Que seque el campo de futbol???  "¡Si, coño, que seque el campo, es una orden!"  Así que me fui a los barracones, y elegí a voleo a cuatro soldados que dormitaban la siesta (era primera hora de la tarde) y les dije: hay que secar el campo:  cada uno una fregona y un cubo, y a secar.   Me miraron a mi y se miraron entre ellos para ver si había bebido, pero hicieron lo que les ordené.    Fuimos los cinco a secar el campo que tenía un palmo de agua ya que no drenaba nada.    Al cabo de dos horas secando no habíamos secado ni 10 metros cuadrados, así que me fui a ver al Comandante y le dije "mi Comandante, necesitamos refuerzos o esto no va a poder ser".    El tio se había olvidado ya del campo de futbol así que me dijo que lo dejara, quiza convencido de lo ridículo de su orden.

La Fiscalía ha de informar cientos de miles de causas en seis meses y se me antoja que es una cosa parecida a la idea de aquel Comandante.    En lugar de cuatro, los refuerzos son de 80 fiscales sustitutos.  ¿Porqué 80?  Porque la Fiscalía lo ha calculado así y ha pedido solo ese número.    Los fiscales jefes pidieron casi 200 (que me parece una petición moderadísima), pero la Fiscalía General ha evaluado la situación y ha decidido que pediría solo 80 fiscales de refuerzo según hoy nos ha informado la Fiscal General a las asociaciones de fiscales que se han concedido a partir del día 11 de enero.

Yo hago un cálculo: si son aproximadamente y tirando por lo bajo 600.000 causas las previas vivas que hay que revisar (la Fiscalía admitía como posible 680.000); si cada fiscal de refuerzo puede despachar, digamos dedicándose a tiempo completo una media de 15 previas cada día (a mi me parecen muchísimas, pero admitamos que se puede); si eso da unas 300 previas revisadas cada mes.  Si el mandato es por seis meses pues salen 1800 previas cada sustituto durante ese periodo.   600.000 previas entre 1800 que despacha cada sustituto, darían un total de 333 sustitutos.   El cálculo es sencillo y es el que tendria que haber planteado quizá el Consejo Fiscal.  Pues no, en Fortuny dan 80.   Si las condiciones de trabajo de los fiscales fueran una prioridad seguro que el cociente les daba algo mas.  Pero no es una prioridad: recordemos que aquí no hay baremos máximos de trabajo, ni normativa de riesgos laborales, ni interés en establecerlos.  Si fuera así, evidentemente no podrían hacer con  los fiscales algo parecido a lo que el Comandante me dijo: secar el campo con cuatro tios.

LA APIF SOLICITA LA DIMISIÓN DE LA FGE

"Tampoco exageres, Salvador, que la Fiscalía no está tan mal", me comentaba esta mañana una compañera del TS.   No creo exagerar si digo que la Fiscalía está mal en muchos aspectos a pesar de tener como componente nuclear a dos mil y pico juristas de primer nivel que son fiscales porque tienen la vocación de serlo a pesar de lo duro que es ganar la oposición.    No exagero si digo que el atraso de la Justicia penal española, que son alrededor de 700.000 asuntos según la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial, se ha generado porque el sistema tiene carencias de todo tipo: el proceso penal es decimonónico, contradictorio en la investigación -lo que lo eterniza-, faltan medios materiales, los sistemas informáticos son poco útiles y no están intercomunicados, faltan fiscales y personal auxiliar en la Fiscalía, los esfuerzos políticos en Justicia se han centrado básicamente en politizar de manera eficiente aquellas áreas en las que pudieran producirse problemas para los propios políticos o sus intereses.   No hay cargas máximas de trabajo establecidas ni para jueces ni para fiscales, lo que determina que no sea necesario pensar demasiado donde están los problemas más importantes para equilibrar las plantillas; no hay controles de calidad, ni de eficiencia, ni de evaluación del trabajo; los nombramientos en la Fiscalía son a dedo y sin fundamentar de manera que prima la lealtad al que nombra a otras consideraciones profesionales.    Nadie se ha preocupado de las condiciones de trabajo de los fiscales, de establecer unas retribuciones acorde con el trabajo desempeñado (es ridículo que haya fiscales de segunda categoría cobrando complemento de fiscales de tercera trabajando como de segunda, 800 euros menos cada mes): estas cosas para la Fiscalía General y para la jerarquía de la Carrera no son problemas dignos de atención o al menos para plantarse ante el Ministerio.    Así, que si, la Fiscalía creo que está tan mal como digo.  

Y en estas que estamos se produce una reforma procesal que obliga a un esfuerzo enorme a la Fiscalía, porque se le pide a la Institución que sin medios materiales ni personales añadidos en seis meses ponga al día el atraso estructural de la Justicia española.    Ni más ni menos.   ¿Y que hace la Fiscalía General ante este problema que se viene encima a muchos fiscales?   Mucho menos de lo que habría debido, en mi opinión.    Ni se advirtió de los efectos de la reforma cuando estaba cociéndose, ni se plantó ante la opinión pública, ni se empezó a preparar para lo que venía, ni se solidarizó con los fiscales que pedimos un aplazamiento de la entrada en vigor de la norma para permitir prepararnos para lo que venía.   Por el contrario, acompaña la falta de crítica política -¿quien nos puede defender frente a los políticos sino nuestro Jefe, aunque fuera perdiendo "sintonía" con el Gobierno que lo nombró?- con la exigencia a los fiscales del cumplimiento del trabajo extra (lo cifra en la revisión de 25 causas semanales por Juzgado): ¿sin baremos máximos de carga de trabajo, sin normativa de protección de riesgos laborales, sin personal auxiliar suficiente, sin Instrucción a los Letrados de la Administración de Justicia para que ayuden a la Fiscalía en esta tarea, sin posibilidad de incorporación inmediata de cientos de fiscales sustitutos de refuerzo (a los que se despidió hace unos meses), sin medios de la Fiscalía en los Juzgados, con fiscales ya sobrecargados de trabajo?.  ¿Sabe la Fiscalía General que "revisar" una causa implica precalificarla para conocer lo que falta por solicitar para poder ir a Juicio?   Y a empezar estas Navidades, que el tiempo apremia...   "No estamos tan mal, Salvador".  Pues yo creo que si, que estamos bastante mal y desprotegidos frente a ciertos abusos.  

Por eso creo que la APIF acierta en su Comunicado.   Consuelo ha sido y es una fiscal como la copa de un pino eso no está en discusión.   Pero en  la opinión profesional de la APIF (que yo comparto) no ha sido ni es la Fiscal General que necesita una Fiscalía devastada por una estructura politizada, por una jerarquía impermeable a las quejas de los de abajo del escalafón, en una Justicia desbordada por los atrasos y en el tránsito necesario a un proceso nuevo que ha de encontrar una Fiscalía con un músculo,  moral,  apertura de miras, independencia y fuerza para poder cumplir con lo que viene. 

Os dejo el Comunicado de la APIF

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ante el Oficio recibido en el día de ayer en todas las fiscalías de España procedente de la Inspección Fiscal en el que se instaba a los Fiscales Jefes al establecimiento de un Programa de control de la revisión de las causas pendientes por parte de los Fiscales de la plantilla manifiesta:

.-Que una vez más se pone de manifiesto el absoluto desconocimiento que por parte de esa FGE se tiene del trabajo desarrollado hoy en día en las fiscalías por los diferentes fiscales, de la carga de trabajo que cada uno soporta y de los abundantes servicios que hay que cubrir.

.-Que de nuevo se pone de manifiesto la falta de derechos básicos de los fiscales de a pie y la sobrecarga añadida que se les exige desde los órganos centrales de la Fiscalía exigiéndoles que aumenten de forma gratuita y exponencial su carga de trabajo y su carga burocrática, obligándoles a rellenar cada vez más estadísticas y cuadros de control.

.-Así mismo se pone de manifiesto un gravoso desconocimiento del texto articulado de la LECR y en especial del artículo 324 en su reciente redacción. La función de instruir corresponde al Juez, como nos recordaba la Circular 5/2015, y el control de los plazos en el Juzgado corresponde a los letrados de la Administración de Justicia, sin olvidar las funciones de los fiscales que son las que son y no otras. En ningún artículo de la Ley de Enjuiciamiento criminal consta que el Fiscal deba constituirse en el Juzgado a revisar expedientes, sin mesa ni ordenador de trabajo y sin personal auxiliar alguno,  ni que los Juzgados deban remitir las causas a Fiscalía para ese pretendido impulso con la pérdida de tiempo que ello supone en el ir y venir de las mismas, cuando  existen plazos tasados de instrucción.

.-El Ministerio de Justicia no ha sacado la prometida instrucción a los Letrados de la Administración de Justicia, seguimos sin disponer ni tan siquiera de un funcionario por Fiscal para el auxilio en el trabajo diario, pero nada importa a la FGE que nos pide heroicidades sin importarle lo más mínimo la salud de sus trabajadores, todos y cada uno de nosotros.

.-Los fiscales de a pie siguen trabajando con plena dedicación y esfuerzo sin que exista estudio de las cargas máximas de trabajo, sin plan de prevención de riesgos,  sin reglamento que regule su función, sin medios adecuados y dignos para trabajar, sin personal auxiliar suficiente, con lotes de trabajo excesivos y obligados a realizar trabajo auxiliar impropio de su función y ahora se les exige un esfuerzo titánico e imposible que de poco o nada servirá salvo para lavar la cara de esta descabellada reforma.

.-En fechas navideñas y cuando se anuncian planes para facilitar la conciliación de los funcionarios de la Administración Central del Estado a los fiscales de a pie se les encomiendan funciones extraordinarias muy difíciles de cumplir, entendemos que con renuncia a los días de permiso merecidamente ganados y como única finalidad para justificar, aún más, la necesidad de que nombren y mantengan los exiguos refuerzos que se prometen de contrario y que en absoluto servirán para dar sentido a una norma de imposible cumplimiento y que desconoce absolutamente el trabajo de los Juzgados y Fiscalías españolas.

.-la revisión de las causas tiene que ser continua por parte de los Juzgados que las tienen a su disposición, el Fiscal no puede dejar a un lado sus funciones ordinarias y ponerse a controlar el trabajo de otros desde la distancia, que es lo que se pretende, camuflando la inutilidad y el despropósito de las reformas llevadas a cabo.

Por todo ello instamos a todos los Fiscales de España y en especial a los Fiscales Jefes, a que manifiesten que lo exigido en el oficio de la Inspección Fiscal de 10 de diciembre de 2015 resulta de imposible cumplimiento y que si de ello depende el nombramiento de exiguos refuerzos, apuesten decididamente por la salud de los Fiscales y renuncien a ellos.

Solicitamos igualmente de forma contundente la inmediata dimisión de la Fiscal General del Estado ante su falta de eficacia para defender las condiciones de trabajo de los fiscales y el buen funcionamiento de la Fiscalía.

Madrid a 15 de diciembre de 2015

La Comisión Ejecutiva de la APIF

DOS CASOS

La Asociación Dignidad y Justicia, que preside el hijo de nuestro inolvidable compañero Luis Portero, acaba de quejarse públicamente  del trabajo del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional en relación con un caso concreto.  Pero en esa queja, critica que "durante los 10 años que han durado sus dos mandatos se han dejado languidecer 379 causas de ETA sin resolver, sin impulso procesal en su inmensa mayoría, lo que hallevado a las reiteradas quejas de Dignidad y Justicia ante el Defensor del Pueblo de España por la situación de todos esos expedientes".    Respeto a quien se queja, a quien no conozco, y en ese respeto incluyo la memoria de su padre que fue un fiscal grandioso.  Pero con esa crítica general no puedo estar de acuerdo.   Javier Zaragoza es un buen fiscal, un buen jefe y un buen tipo.    Le conozco desde hace muchos años, muchos más de los que ha estado expuesto al escrutinio público por razón de los cargos importantísimos que ha ocupado.    Estoy seguro de que muy pocos profesionales, a lo largo de los años de ser analizados en su comportamiento, podrían concitar unanimidad positiva en su trabajo por parte de quienes se ven afectados por él.   Claro que hay aspectos discutibles u opinables en el trabajo de cualquiera, hasta en el trabajo de Messi o de Ronaldo.    Pero muchos de sus compañeros vemos los aspectos profesionales de una gestión.   Nosotros vemos que, a lo largo de los años, las fiscalías de Javier mejoran; que los fiscales, en general y salvo problemas ideológicos de algunos, están contentos con su rectitud; que mantiene su criterio en situaciones complejas; que defiende el trabajo de los fiscales; que corrige errores en privado y que suele tener buen tono.     Además, en mi opinión, el trabajo que ha hecho la Audiencia Nacional en los años que Javier ha dirigido su Fiscalía podrá generar debate, pero en términos profesionales ha sido muy bueno.    Son causas complejas, en las que durante muchos años el trabajo se hacía bajo la amenaza cierta de ser víctima de atentados, en las que hay que hilar fino para evitar prescripciones y en la que se han reabierto numerosos expedientes.   No me inspira nada el corporativismo, este blog creo que acredita modestamente que si hay que criticar, se critica: pero Javier merece un respeto.

Hay otras conductas profesionales que me cuesta más entender: la apertura de diligencias preprocesales con publicidad por una Fiscalía a una candidata al Parlamento para investigar una infracción disciplinaria (según anuncia en comunicado de prensa la propia Fiscalía) cometida supuestamente antes de pedir su excedencia como juez, en pleno período electoral, me deja estupefacto.    Y que se consienta por la jerarquía, pues también.   No benefician estas cosas nada a una imagen de neutralidad política de la Fiscalía en mi modesta opinión.  

PREMIO BIODIVERSIDAD PARA LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE

Ayer asistí, por la tarde, a la entrega de unos premios que la Fundación BBVA concede para la Conservación de la Biodiversidad a diferentes organizaciones y personas con relevantes méritos en la materia.   En esta Décima Edición, el premio a las Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en España se ha concedido "al Fiscal de Sala, fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo y unidades Técnica y Policial" de dicha fiscalía.  Está dotado con una importante cantidad de dinero que se invertirá -según señaló ayer Antonio Vercher, Fiscal de Sala galardonado- en la mejora de los medios técnicos para la realización de su labor.   No hay duda que la red de fiscales de medio ambiente está realizando una importante labor, y con el trabajo de las unidades técnicas y policiales, su eficiacia y su incidencia en los Tribunales es creciente.   Me alegro de verdad y quiero felicitar a los compañeros afectados, y desear que el dinero del premio supla un poco la pobreza de medios a que condena muchas veces la Administración a jueces y fiscales en el cumplimiento de nuestro trabajo.

PREOCUPACIÓN

Estoy preocupado por Cataluña.   No es sólo por mi condición de catalán y español y por el hecho de que el camino del proceso hacia la independencia a mi me obligaria -de derecho- a dejar de ser catalán o dejar de ser español.    Siento un desgarro grande que afecta a mi ánimo, porque yo quiero que a Cataluña le vaya lo mejor posible, y que a España le vaya lo mejor posible y el mejor camino de que eso ocurra es que no haya rupturas, que haya entendimientos y acuerdos   Tengo la sensación de que algunos creen que esto es como si se tratara de un club, en el que te das de baja y adiós.   Pero no es tan fácil.  Hay una gran cantidad de ciudadanos en Cataluña que no están por el proceso.   La ley española no permite esa declaración unilateral y el seguir por ese camino significa inevitablemente buscar el choque de soberanías: la catalana y la española que incluye naturalmente a Cataluña.   ¿Cómo pueden pensar los inspiradores del proceso que un estado puede quedarse mirando mientras una parte relevante de su territorio y de sus ciudadanos, sobre los que ejerce soberanía, decide que a partir de una fecha se auto gestiona, desconoce la soberanía estatal y dice adiós?  ¿Qué ocurre con todos los españoles que consideran a Cataluña una parte de España y que están amparados por la ley en esa creencia? ¿Qué ocurre con los catalanes -como yo- que no somos nacionalistas?.     Tengo además en mi pasado una experiencia que considero globalmente positiva pero que en este momento me asusta: fui fiscal más de tres años en el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia.   Vi como el odio fue creciendo poco a poco en las poblaciones, inducido por políticos irresponsables, pero muy eficaces en ello.  Escuché a testigos que no se explicaban cómo empezaron a ver a sus vecinos de décadas como enemigos.    Contribuí a juzgar atrocidades cometidas por personas que pasados los años no podían razonar -salvo acogiéndose al hecho mismo de la guerra- como podían haber llegado a ello.     Todo aquello empezó con unos referéndums, unos referéndums "democráticos", unos referéndums ganados por mayorías amplísimas (bien es cierto que boicoteados por quienes eran contrarios a las declaraciones unilaterales de independencia).     Luego hubo declaraciones unilaterales de independencia, incluso reconocimientos internacionales.   Y luego, cuatro años de muerte e infierno.  

El discurso de algunos políticos ayer a mi me preocupa, pero estoy seguro de que a otras personas que están convencidas de que el camino de la independencia es posible y sin costes, les va a fortalecer en su idea.  Creo que se está diseñando un choque de trenes en el que no va a ganar nadie.    España tiene que ser un país ejemplar, hay que regenerar muchas cosas en mi opinión, entre ellas acabar con la corrupción, barrer a los políticos corruptos y construir una Justicia eficaz y absolutamente neutral para merecer confianza a todos los españoles: sobre eso hay mucho que hacer.    Y volver a hablar -y a escuchar- entre quienes tienen ideas diferentes haciendo política, poniéndose en el lugar del de al lado, defendiendo lo propio pero buscando puntos de encuentro.    Se hizo ya en la Transición, es decir, que se puede. 

BUENA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Leo con satisfacción que por mayoría el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido estimar la recusación de dos de los magistrados que iban a formar Sala en el Caso Gurtel.   Creo que las carreras profesionales de jueces y fiscales impulsadas o sostenidas por afinidades a los partidos políticos son devastadoras para la imagen de la Justicia.  Y creo que gran parte de los peores males de la democracia española están en la perforación política de la Justicia a través de jueces y fiscales (y asociaciones profesionales) afines a los principales partidos.   En este caso concreto me alegro porque el caso para mi era evidente.   No se trata de cuestionar la imparcialidad subjetiva de los afectados, sino la apariencia de imparcialidad.    Y esa en mi opinión no existía.    La abstención voluntaria hubiera sido quizá más deseable y no hubiera obligado a trasladar a compañeros de la Sala la decisión.   Pero finalmente -en reñida votación, es cierto- creo que la Sala de lo Penal ha tomado una postura que es buena para la Justicia.     Ojalá empiece a extenderse la idea de que para juzgar o intervenir en determinados asuntos el haber sido beneficiado o perjudicado directamente por alguna parte interesada es motivo de apartamiento.   Me comentaban el otro día -para oponerse a la recusación- que "o todos o ninguno".   Yo creo que han de ser todos, y si no se puede arreglar alguna de las cosas que ocurrieron en el pasado, hay que empezar a hacer bien las que han de llegar.

LA LINEA APIF FRENTE A LA ASOCIACIÓN DE FISCALES

No quería decirlo yo, ni la APIF ha publicitado, la queja que hemos hecho a la Inspección contra la práctica habitual entre los vocales de la AF en el Consejo Fiscal y la Ejecutiva de esa asociación de estudiar juntos los documentos reservados que se entregan a los vocales del Consejo y que afectan a las carreras profesionales, a las quejas, a los méritos o a las sanciones de los fiscales.  La AF en su último comunicado me releva de la discreción al dar ellos publicidad a nuestra queja.   Esos documentos son reservados para los vocales y no porque lo diga yo, o porque lo diga la APIF.  Son reservados porque lo indica la norma rectora del Consejo Fiscal: el art. 17 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo Fiscal dice que "los consejeros tiene obligación de guardar secreto de la materia reservada de que tenga conocimiento en el ejercicio de su función en el Consejo, así como de los debates del mismo.  Se entenderá por materia reservada, toda aquella que, por afectar directa y personalmente a un determinado fiscal no deba ser de general conocimiento, y aquella otra que excepcionalmente, sea declarada como tal por el Fiscal General del Estado, salvo que el Pleno del Consejo se pronuncie en sentido contrario".

Es decir, que cuando los Comunicados de la AF recogen sin complejo alguno que "tras estudiar la documentación recibida" opinan esto o lo otro, lo hacen estudiando una documentación que los fiscales entregamos al Consejo para los vocales, solo para los vocales; no para las asociaciones de esos vocales y por tanto lo hacen vulnerando de manera evidente las normas que rigen el Consejo Fiscal.  No está mal para tratarse de fiscales.   En alguna ocasión, cuando he concursado a alguna plaza, la AF ha opinado públicamente de mi currículum: les trasladé que no podían hacerlo, que era material reservado al que no debían ni siquiera acceder porque era documentación para los vocales, no para ellos.   Pero es que además se jactan, y claro, eso es ya demasiado.   Ese estilo de considerar la Carrera Fiscal como algo en lo que pueden hacer lo que quieran sin límites marca una línea clara, que la APIF denuncia.   No tienen que enfadarse en la AF ni conmigo ni con la APIF, solo tienen que disculparse ante la Carrera y no volver a hacerlo y especialmente no deben volver a filtrar documentación los vocales electos.   Porque los vocales son fiscales elegidos por todos los compañeros y deberían comportarse como tales desde parámetros éticos elementales.  Y además y sobre todo porque la ley les obliga.

Curisosamente, toda la naturalidad que muestran para compartir con la ejecutiva de su asociación la información que llega al Consejo Fiscal se convierte en secretismo para informar a la Carrera (es decir, a quienes les eligen) de lo que hacen en el Consejo de porque votan a quienes votan y de porque no luchan por cuestiones básicas para los fiscales.   Pero eso es otra historia.

UNOS OPRIMEN A OTROS

En el último comunicado de la AF correspondiente al mes de julio, en relación con la decisión del TSJ de Canarias de entender que efectivamente en la Carrera Fiscal y en particular frente a las decisiones de los fiscales jefes sobre repartos de trabajo ha de regir el derecho administrativo general (en contra de la opinión del Consejo Fiscal que considera que el Reglamento de 1969 es suficiente al respecto), leemos lo siguiente:

En definitiva, vistas las posturas contrarias entre sí y como avanzábamos en el comunicado anterior, la conclusión no puede ser otra que la necesidad de la promulgación de un nuevo Reglamento de la Carrera Fiscal que supere las lagunas existentes en la actualidad y las dificultades prácticas para completarlas. 

En mi opinión esto no son simplemente "opiniones contrarias entre si" ni hay tantas lagunas jurídicas que no puedan solventarse con una buena formación.  En la Fiscalía las dos asociaciones mayoritarias han establecido una nueva jerarquía en la que las claves son la ausencia de reglas, la opacidad y por tanto la arbitrariedad.    Las "opiniones contrarias" en este caso no son sino entre unos fiscales que quieren que haya igualdad, transparencia y derecho administrativo en el trabajo y otros que prefieren mantener el status quo actual porque de él sacan tajada.    Porque ese es el objetivo de esa nueva jerarquía, el aprovechamiento de la ausencia de reglas para obtener beneficios profesionales para algunos, en estos días -sobre todo- para la AF.   Esto es lamentable, pero creo que es tan evidente como lo es el repasar la lista de fiscales jefes en España y comprobar sus afiliaciones asociativas; tan claro como ver que no hay aquí normativa contra el acoso laboral, o protocolos o reglas de protección de los fiscales en su trabajo.   O  ver qué le pasa a un fiscal cuando denuncia por acoso a su jefe.    O por ejemplo, repasar el comunicado y ver cómo se transmiten a la Carrera datos absolutamente sesgados o irrelevantes (son varias las referencias al carácter de los candidatos a quienes se apoya: ¿como es el caracter de los demas candidatos?) sin mencionar los datos de los demás o sin mencionar si los ponderados por la AF pertenecen o no a esa asociación.

En este comunicado se critica asimismo que la UPF haya pedido la remoción del Fiscal Jefe de Madrid.   ¿Y de que se extrañan?    Ese Fiscal Jefe debía-en mi opinión- haber sido removido u obligado a rectificar cuando impuso una distribución de trabajo con el voto en contra de la inmensa mayoría de la plantilla tras haber creado una desazón en los fiscales durante casi un año.   Pero es que ese fiscal jefe pertenece a la AF, fue elegido contendiendo con un candidato de la UPF que llevaba años en el cargo, la AF tiene mayoría en el Consejo y gobierna el PP.  Imposible la remoción por enfrentarse con la plantilla, y imposible obligarle a rectificar porque significaría que la jerarquía se ha equivocado.

El sistema que esa nueva jerarquía ha organizado no está establecido para crear condiciones de trabajo mejores y más justas para todos.  Ni siquiera está pensada para eso.   Está organizado para que unos fiscales puedan controlar la Carrera a costa de otros y que no pase nada.    Así, no hay ningún problema en elegir precisamente para la Inspección a una fiscal que -al margen de sus méritos- contribuyó con su voto en el Consejo a la expulsión de un joven y gran fiscal por faltas inexistentes y vulnerando sus derechos fundamentales.  Por eso, precisamente, no hay ningún apoyo en el Comunicado AF a lo ventajoso que resulta para todos que empiece a exigirse motivación en los nombramientos o que se empiece a introducir la interdicción de la arbitrariedad en la Fiscalía: frente a la arbitrariedad está la Constitución (art. 9.3), y eso suple la mayor parte de las "lagunas" que se quieran apreciar.      No se dan cuenta de que esta situación no puede continuar mucho tiempo más.

LOS TRAPOS SUCIOS Y LA DESLEALTAD, por Pilar Alvarez y Salvador Viada.

Considerar que alguien es desleal por el simple hecho de que intenta defender sus derechos es un planteamiento digno de ser estudiado. La lealtad nada tiene que ver con la estupidez ni con el dejarse pisotear. La lealtad no se mide por las injusticias que estés  (o que otros piensen que estés) “obligado” a soportar en silencio. La lealtad se mide por el respeto a la institución, por las ganas que tengas de construir una casa que de verdad sea la casa de todos, en la que queden atrás injusticias y en la que la discrepancia y la pluralidad se vean como un enriquecimiento para todos y no como una amenaza. Hoy en día proliferan los pronunciamientos públicos y privados sobre los supuestos efectos perniciosos que tiene la sentencia de 15 de mayo de 2015 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.  Muchos hablan de lo malo que sería que los jueces acabaran marcándonos los repartos de trabajo. Se olvidan, estos que así se pronuncian, que los jueces tienen encomendada la alta función constitucional de impartir justicia, restaurando la vulneración de derechos que pudieran producirse en todos los ámbitos, también en el seno de la Administración Pública, y, por supuesto, también en el seno de la Carrera Fiscal. Sostener que la Carrera Fiscal se encuentra al margen del derecho administrativo y del posible amparo de los Tribunales viene a ser olvidar que existe la Constitución y el derecho a la tutela judicial efectiva, también para los Fiscales, sí también. No se trata de que los jueces vengan o no a decirnos lo que tenemos que hacer, se trata del derecho a acudir a los Tribunales a solicitar se restauren los derechos que te han sido vulnerados. Si no queremos que esto suceda, si no queremos que los trapos sucios salgan de la casa común empecemos por respetar los derechos, de establecer una regulación, unas normas claras para todos, un sistema garantista que efectivamente repare las injusticias y vulneraciones de derechos que se produzcan y entonces, y sólo entonces, alejaremos ese temor que a algunos invade de que los jueces entren a regularnos. Eso sí, nunca debemos olvidar que ellos, los jueces, están ahí para eso, para restaurar el derecho cuando es vulnerado y que cada cual trata o debería tratar de llevar a cabo la función constitucional que le ha sido encomendada de la mejor manera posible.

LA FISCALÍA SIGUE IGUAL

Uno no sabe si es que la jerarquía de la Carrera (configurada a base de afinidades políticas alternativas durante muchos años) es más fuerte que cualquier FGE que pueda llegar, o que solo llegan a Fiscales Generales quienes no desean cambios en absoluto.  Pero lo cierto es que pasan los meses y los años y nada sustancial cambia en la Fiscalía en lo que se refiere a los derechos de los fiscales.   La ausencia de protocolos sobre acoso laboral, sobre estres laboral, la ausencia de baremos de trabajo, la falta de reglamentación interna adaptada a la normativa nacional e internacional sobre protección de los trabajadores y riesgos laborales, la desidia por suplir la falta de dicha normativa con aplicaciones analógicas de la ley hacen que los fiscales estemos absolutamente desprotegidos frente a los abusos.   Si un fiscal padece un estrés laboral excesivo debido a cargas de trabajo inasumibles (el reconocido en el ámbito laboral como síndrome del burnout), la Fiscalía no ofrece salida alguna porque no hay normativa: al revés, como se descuide le cae un expediente por retrasos; si hay retrasos, importa poco a la Fiscalía que las cantidades de trabajo efectivamente despachadas sean ingentes: como no hay baremos (y nadie está interesado en ponerlos), eso no cuenta.  La última ocurrencia es que el instructor de un expediente disciplinario se elija a dedo y sin motivación por el FGE que ha de imponer eventualmente la sanción por retrasos (de verdad que no doy crédito a cosas como esta): el que ha de sancionar elige sin restricciones a quien ha de investigar y proponer la sanción.    Si se discrepa por un fiscal de una distribución de trabajo, el Consejo Fiscal le dice que no puede recurrir en vía contenciosa y analizan su queja solo desde la perspectiva del reglamento preconstitucional (ahora parece que están estudiando un poco la cuestión a la vista de los primeros pronunciamientos jurisdiccionales en contra de su posición).  Si un compañero sufre acoso laboral, como no hay protocolos, su situación es de auténtica indefensión: si denuncia y presenta pruebas, no se investigaran salvo que se trate de pruebas directas (como si el acoso fuera normalmente una práctica que se hace en plaza pública); si pide la baja por depresión no se le garantiza que su reincorporación se realice en Fiscalía diferente a donde sufrió el acoso, o se le niega la reincorporación a pesar de lo que digan los médicos.   Habrá el compañero de luchar en interminables contenciosos porque sus pretensiones se desestimarán con toda probabilidad en la Fiscalía ante la mirada distraída del Consejo Fiscal (eso si no incoan expediente al denunciante -incluso para echarle-, como es notorio que ya ha ocurrido).   Lo mismo con el bochornoso sistema de concursos, o con tantas otras deficiencias profesionales. Este es el panorama que sufren bastantes fiscales.   Además, cuidado con quien se queje.  Porque la falta de diligencia en arreglar los problemas no es la misma que la que se tiene para poner a caldo donde se pueda al quejoso.   Es increíble que lo que la Fiscalía aplica a terceros se lo niega a los propios.

Mientras, naturalmente, las jefaturas se asignan con todo rigor en su inmensa mayoría a los asociados de quienes nos representan en el Consejo Fiscal.   Todo eso esta atado.

¿No va siendo hora de cambiar un poco todo esto?  ¿De mirar simplemente como está la carrera judicial, que tiene graves problemas, pero que avanza en aspectos que aquí simplemente se silencian?  ¿No va siendo hora de que la Fiscalía General invierta en serio energía en arreglar todo este desastre?

LOS FISCALES DE MÁLAGA EXIGEN

Hace unos meses, la APIF hizo una reclamación pública al Ministerio exigiendo una corrección del número de plazas de tercera categoría respecto de las de segunda a fin de evitar que fiscales con muchos años de antigüedad en la segunda categoría siguieran cobrando como abogados fiscales recién ingresados.   Le propusimos al Ministro un cambio en la normativa, que la estudiaran y que finalmente establecieran un tiempo para ascender de tercera a segunda y que quien fuera de tercera que cobrara de tercera y quien fuera de segunda cobrara de segunda estuvieran ambos donde estuvieran.    Pasa el tiempo y ni la Fiscalía General parece sentirse excesivamente concernida por estas reclamaciones ni el Ministerio desde luego hace el mínimo caso hasta la fecha de estas peticiones.   La situación es lamentable porque en este aspecto, como en otros, los fiscales están abandonados desde el punto de vista administrativo.    Hay otros temas importantísimos que la jerarquía no aborda: el establecimiento de baremos de trabajo, el establecimiento de un sistema disciplinario justo equiparable al de los jueces, el establecimiento de reglas internas de impugnación de decisiones de las jefaturas, el establecimiento de un Portal de Transparencia en la Fiscalía y varios más.   Personalmente creo que la jerarquía de la Fiscalía solo reacciona a base de recursos (ahora están pensando que ¡vaya!, como resulta que un Tribunal en Canarias ha decidido que a los Fiscales también se nos aplica el derecho administrativo general en nuestras relaciones con la institución, pues hay que "reflexionar" sobre este tema).   Y quizá aquí no haya finalmente otro remedio que lanzarse por ese camino.   Pero mientras tanto, unos cuantos fiscales de Málaga -quizá la Fiscalía de España más afectada por este problema- han hecho llegar al Ministerio otra protesta en el mismo sentido.   Este asunto es penoso (y además una injusticia) y la Institución debería plantarse ante el Ministerio para arreglarlo.

CONCLUSIONES DEL OBSERVATORIO DE LA PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDECIA JUDICIAL EN EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA AP DE VALENCIA

Leer cosas como está pueden producir tristeza, porque evidencian con toda su crudeza la extrema politización de los nombramientos en la Judicatura, fruto de un sistema creado por el bipartidismo en el que lo importante es la colocación de los afines y además a ser posible en puestos claves de la Justicia.   El informe es desolador ya que cualquier analista imparcial ha de concluir que las razones del nombramiento están clarísimas pero no son precisamente las que han de mejorar la Justicia.   Si alguien creía todavía que algún cambio en la buena dirección era posible, pues ahí está la respuesta.   Y sigue la fiesta.
Quiero dar las gracias a la Plataforma por hacer estos estudios que ejemplifican como muy pocas cosas los males de la Justicia española.

ANALISIS

1.- El Consejo basa su decisión en la “ actividad jurisdiccional de calidad “ del candidato a pesar de que  resulta ser el candidato que menor actividad jurisdiccional tiene acreditada, ya que  ha dedicado quince años de su carrera profesional a las tareas de Decano, Secretario y Conseller de Justicia en el gobierno autonómico y Vocal del CGPJ ( desde 1998 hasta 2013 ).

2.- Se destaca la calidad de sus resoluciones a pesar de que solo lleva un año trabajando en la AP frente a Magistrados que acreditan 15 y hasta 28 años de servicio en la Audiencia. Su último destino antes de dedicarse a la tarea gubernativa y política  fue un juzgado de instrucción en el año 1998.

 3.- Se destaca su capacidad resolutiva por triplicar el modulo de dedicación del Consejo. Se trata de un mérito discutible. No se encuentra en la convocatoria y en cualquier caso no se menciona el intervalo de tiempo en el que se ha desarrollado dicha capacidad resolutiva ( que no puede ser superior a un año ).

4.- Se cita el conocimiento profundo de la Audiencia Provincial, aunque como se ha señalado el candidato únicamente lleva un año trabajando allí, destacándose  de su programa de actuación las referencias a oficina judicial, a los temas de transparencia, a la apuesta por las nuevas tecnologías y al funcionamiento de las Salas de Gobierno. Las referencias son genéricas y como viene siendo habitual no se comparan los diferentes programas de los candidatos, ni sus propuestas, por lo demás similares porque la capacidad de actuación del órgano es también muy limitada.

5.- Se omite que el candidato únicamente tiene un año de experiencia en órgano colegiado penal y carece de experiencia en órgano colegiado civil (ambos méritos específicos de la plaza que se convoca). Varios candidatos  tienen experiencia en ambas jurisdicciones. Un magistrado ejerce en la AP desde el año 1986 y es presidente de sección desde el año 1999. Una candidata con 15 años de experiencia en órgano colegiado acredita resoluciones de especial relevancia jurídica que le han merecido el otorgamiento de la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

6.-  El Consejo destaca que “ los cargos para los que ha sido nombrado fuera de la carrera judicial han estado siempre relacionados con la misma”. Desconocemos que se quiere justificar con esta afirmación ya que  los demás candidatos han dedicado toda su vida profesional al ejercicio de la función jurisdiccional. El Consejo se decanta, sin embargo, por quien acredita méritos diferentes a los estrictamente jurisdiccionales y gubernativos, que son los exigidos en la convocatoria.

7.- El candidato elegido desarrolló su tarea política en  el gobierno del PP desde el año 2003 al año 2008.Posteriormente fue elegido Vocal  del CGPJ a propuesta del PP. Algunos cargos políticos de ese partido  en la comunidad van a ser enjuiciados en la AP por hechos cometidos durante  dicho periodo. Elementales razones de prudencia  vinculadas a la apariencia de neutralidad del máximo representante de la AP, desaconsejaban este nombramiento máxime viniendo del órgano encargado de velar por la independencia del Poder Judicial.

8.- Ni en esta convocatoria ni en ninguna otra apreciamos como se valora lo previsto en el Aº 3 del Reglamento : En la provisión de las plazas a que se refiere este Reglamento se impulsarán y desarrollarán medidas que favorezcan la promoción de la mujer con méritos y capacidad.

9.- El candidato elegido es miembro de la APM.

ENTRADA NÚMERO 1000, Y UNA MALA ESPECIE DE FISCALES

Son con esta mil entradas las que se han producido en este blog.   Mil ocasiones para poner de manifiesto los problemas de la Justicia en España, de resaltar el trabajo de los buenos profesionales y de denunciar los abusos cuando se producen.   Miras para atrás y ves cuanto trabajo se ha hecho y que magros los resultados obtenidos.  Aunque quizá esta sea tarea de siembra y que la siega llegará en unos años, en unos lustros tal vez por otros compañeros.

Y mira que siento tener que completar esta entrada censurando a una especie de fiscales que se dedican a resaltar de manera sistemática y muchas veces en falso cualquier aspecto negativo que afecta a un compañero.    En alguna ocasión yo mismo he sido víctima de esas prácticas, pero no es ciertamente en lo que me afecta a mi lo que más me preocupa.   Esos individuos -algunos están perfectamente identificados-, incapaces antes de faltar al respeto de otros de investigar, de averiguar lo ocurrido, de contrastar con el afectado o con terceros lo que critican, hacen daño gratis porque ni siquiera les reporta beneficio la ofensa.   Si esas conductas, además, se desarrollaran por un casual en el contexto de la jerarquía de la Fiscalía, las fronteras con el acoso laboral, o con las prácticas  señaladas como nocivas por el Ministerio de Trabajo serían muy tenues.       Me encantaría ver que en el régimen disciplinario, que en la normativa -inexistente- de protección de riesgos laborales de los fiscales, que en un Reglamento postconstitucional del Ministerio Fiscal pudieran crearse las bases para poder denunciarse estos hechos, que pudieran ser investigados y que cayera quien cayera, se pudieran sancionar.   No es mal deseo para esta entrada número 1000, y desde luego algo así creo que mejoraría mucho el ambiente de la Fiscalía.

OTRA MÁS DEL CONSEJO FISCAL

Realmente uno no sabe ya que decir.   Las distribuciones de trabajo en las fiscalías es el problema más grave que afecta a muchos fiscales, y en ocasiones es el origen de auténticos abusos de unos contra otros.   La doctrina que la Fiscalía General ha venido manteniendo ante las quejas de los fiscales sobre distribuciones de trabajo es la de que se trata de facultades de los jefes y que se trata de una cuestión interna que no debe salir del ámbito del Ministerio Fiscal.  El Consejo Fiscal participa de esa idea: las equiparan en el CF ¡nuestros representantes! a instrucciones u órdenes de servicio de la Administración, art. 21 de la LRJPAC, de manera que conforme al Reglamento de 1969, la única posibilidad de impugnación la ha de conocer el Consejo Fiscal para establecer si en esa distribución hay "falta de equidad".     Algunos, y singularmente la APIF, exigimos la aplicación del derecho administrativo en las relaciones de los fiscales con la institución, y por tanto, ante decisiones de los jefes y singularmente en esta materia, debe proceder recurso de alzada ante el superior jerárquico y agotada la vía administrativa, debe caber recurso contencioso administrativo.  Pues bien, el Consejo Fiscal, tanto el anterior como el actual, dicen que no, que en esta materia la alzada son ellos y que no hay recurso contencioso que valga.   De manera que ellos, que dibujan la jerarquía de la Carrera conforme a la militancia a sus asociaciones, que pertenecen a asociaciones en las que militan la inmensa mayoría de los Fiscales jefes de España, deciden que son ellos -en alzada- y nadie más quienes resuelven las quejas contra las distribuciones de trabajo de los fiscales jefes elegidos por ellos, aunque el Consejo Fiscal no es superior jerárquico de nadie en la Fiscalía. Equiparar una distribución de trabajo en una Fiscalía (con consecuencias que pueden durar años, que pueden cambiar la vida profesional de los fiscales, que pueden desviar inclinaciones profesionales, que pueden alterar las posibilidades de conciliación de la vida familiar y profesional) a las instrucciones y órdenes de servicio administrativas -no recurribles-, es un argumento que puede dar un mal jefe en defensa de sus pareceres, pero no un representante de los fiscales afectados como son los vocales del CF, en mi modesta opinión.

En estas, un bravo fiscal en Las Palmas (asociado a la APIF) recurrió una decisión de su jefe sobre distribución de trabajo que le afectaba, y me cuentan que la incredulidad de los magistrados de lo contencioso era pareja a la nuestra.  Naturalmente que ha de regir el derecho administrativo común  en la Fiscalía, naturalmente que el recurso de alzada lo resuelve el superior jerárquico, naturalmente las distribuciones de trabajo no son "instrucciones u órdenes de servicio administrativas", naturalmente que cabe recurso contencioso administrativo contra esas decisiones.  Naturalmente.    Hoy la sentencia recaída lo aclara sin dudas, y sin embargo, ayer mismo recibimos en la APIF la notificación de otro acuerdo del CF que vuelve a insistir en el mismo desafuero: no hay más alzada que ante ellos, no tenemos razón, no hay recurso.    A la vista de la sentencia de Las Palmas, he oído que algún vocal se va disculpando (desde luego no a la APIF), pero no he visto que desde el CF, que no defiende a los fiscales de a pie sino a la jerarquía de la institución, se disculpen por obligarnos a litigar, por obligarnos a defender lo obvio, por obligarnos a gastar dinero, por obligar a los fiscales a luchar en los Tribunales para conseguir cosas que deberían estar claras.   Tampoco se disculpó nadie por echar a un fiscal que en mi opinión vale mucho más que aquellos que le querían echar, así que deberíamos estar acostumbrados.  

¿Y la Fiscalía General del Estado? ¿Porque no empieza a dotar de instrumentos jurídicos seguros para garantizar la tutela judicial efectiva de los fiscales?  ¿Cuantos meses hacen falta para eso?  ¿Porqué tenemos que remar algunos -en este momento, la APIF- contra la corriente de obstáculos legalmente no existentes, pero consolidados por la práctica interesada de la casta dominante de la Fiscalía?  Una sola Instrucción bastaría para aclarar las cosas.   Pero no se hace.   Hace unos meses, un vocal del Consejo me decía "Salvador, tu es quieres reformas muy rápido, y nosotros vamos más despacio".   Lo que está ocurriendo ahora no tiene que ver ni con la velocidad de las reformas ni con el tocino: tiene que ver con el mantenimiento del poder en la Fiscalía.   La Fiscalía necesita importantes cambios que no van a venir de quienes la han politizado y privado de su esencia.  Veremos que pasa en el futuro porque parece que es tiempo de cambios.

COMUNICADO APIF SOBRE GARANTÍAS PROFESIONALES DE LOS FISCALES

Publico el último comunicado de hoy realizado por la ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES, no sin enlazar previamente un artículo de una buena amiga, Elisa de la Nuez, clave a mi entender para apreciar la bajísima calidad de nuestra democracia.   Pero vamos con el comunicado:

EL FISCAL ES GARANTE DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS CIUDADANOS MENOS DE LOS FISCALES

En esta situación nos encontramos teniendo en cuenta que tanto la Fiscalía General del Estado como el Consejo Fiscal, lejos de rectificar una posición anclada en una interpretación restrictiva de derechos, ya realizada mediante acuerdo del Consejo Fiscal de 20 de marzo de 2014, con un nuevo acuerdo, éste de 16 de abril de 2015, mantiene dicha doctrina. En síntesis,  en materia de distribución de trabajo y creación de lotes de trabajo en una fiscalía, tal parcela es competencia exclusiva del Fiscal Jefe quien únicamente, por imperativo del artículo 22.5 EOMF, ha de oír a la Junta de Fiscales.

Pues bien, la decisión que se adopte por los distintos Fiscales Jefes, en esta materia, sólo puede ser recurrida por los Fiscales afectados mediante un mero escrito de queja al Consejo Fiscal, cuando entiendan que los Fiscales Jefes han faltado a la equidad en el reparto del trabajo, tal como dispone el artículo 110 de vetusto Reglamento de 1969. No existe otra vía para el Consejo Fiscal ni para la Fiscalía General del Estado. No se contempla, en nuestra Carrera, ninguna posibilidad de recurrir en alzada ni mediante ningún otro recurso administrativo. Se trata de una materia no revisable ni en vía administrativa ni jurisdiccional. Estamos ante la más absoluta soberanía de los Fiscales Jefes que no encuentra más control que escuchar a su Junta de  Fiscales y el posible tirón de orejas que pueda recibir del Consejo Fiscal cuando entienda, por recurrir en queja un subordinado, que ha incurrido en falta de equidad en el reparto del trabajo de la Fiscalía. Es decir, estamos en el único especio opaco al control jurisdiccional de todos los poderes públicos, según la tesis que nos imponen las asociaciones mayoritarias y la jerarquía de la Institución.

Pues bien, todo ello viene a colación del recurso de alzada presentado por esta asociación (APIF) el 19 de diciembre de 2014 contra el decreto de distribución de trabajo del Fiscal Jefe de Las Palmas de 1 de diciembre de 2014. En dicho recurso también se solicitaba la suspensión de su entrada en vigor (que se había dotado de vacatio legis hasta el 1 de febrero de 2015) al entender que se podían producir perjuicios de difícil reparación y que no se producía ningún daño irreparable por la no entrada en vigor, ya que se mantendría el sistema vigente en la Fiscalía.

Lo curioso de este asunto es que la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, mediante Acuerdo de 20 de enero de 2015, dice en el primero de los fundamentos: “Sin perjuicio de la ulterior decisión que proceda acordar sobre la tramitación, admisión del recurso interpuesto y sobre la competencia que pudiese tener el Consejo Fiscal sobre las peticiones formuladas, esta Comisión Permanente, en aplicación del art. 14.3 EOMF, entiende que es competente a los únicos y exclusivos fines de resolver de manera expresa y en el plazo de 30 días la petición de suspensión provisional del Decreto pedida” (sic) (Las negritas y cursivas son nuestras).

De esta forma, sin atribuirse la competencia para conocer del recurso de alzada interpuesto, a los únicos fines de parar el efecto positivo que tiene el silencio contemplado en el artículo 111 de la LRJAE-PAC la Comisión Permanente dicta el mencionado acuerdo.

Pues bien, esta asociación, entendiendo que el Consejo Fiscal no es el órgano competente para resolver el recurso de alzada interpuesto ya que claramente nuestro EOMF (artículo 22.7) sí señala que el Fiscal Provincial tiene como superior jerárquico al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, tampoco es competente para dictar el Acuerdo que elaboró el 20 de enero de 2015, por tanto, el mismo incurre en nulidad de pleno derecho conforme señala el artículo 62.1.b de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Así las cosas, en atención a lo mencionado, esta Asociación solicitó por escrito, el 24 de abril de 2015, la declaración de nulidad de este Acuerdo al haber sido dictado por un órgano manifiestamente incompetente, al amparo de lo establecido en el artículo 102 de la mencionada LRJAE-PAC. Pues bien, a pesar de lo evidente, el Consejo Fiscal ha dictado nuevo Acuerdo de 7 de mayo de 2015, en el que rechaza la declaración de nulidad del acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal de 20 de enero de 2015 porque entiende que el Consejo Fiscal es competente para conocer del recurso de alzada interpuesto por la APIF frente al Decreto de 1 de diciembre de 2014 del Fiscal Jefe de Las Palmas, volviendo a servirse, como fundamento, del preconstitucional Reglamento de 1969, de su artículo 110.

Lo más llamativo de esta cuestión es que tanto el acuerdo de 20 de marzo de 2014 como el acuerdo de 16 de abril de 2015 (que aún no se nos ha notificado) están siendo revisados jurisdiccionalmente. El primero ha sido objeto de recurso, al haberse extendido el recurso de forma expresa a este Acuerdo, tramitándose en procedimiento de derechos fundamentales núm. 102/2014 ante el TSJ de Canarias y, el segundo, de 16 de abril de este año, también será objeto de recurso, cuando se nos notifique y extendamos el objeto del recurso a dicho acuerdo, en procedimiento de derechos fundamentales que igualmente se está tramitando en la Sala de lo Contencioso del TSJ de Canarias.

Así las cosas cabe concluir:

1.- Los Fiscales no tenemos acceso a recursos administrativos en los términos que se reconocen con carácter general a los ciudadanos y a los funcionarios públicos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.- La interpretación que está haciendo tanto el Consejo Fiscal como la Fiscalía General del Estado no está siendo respetuosa con la jerarquía normativa en el sentido de dar preponderancia al Reglamento de 1969 frente a la LRJAE-PAC.

3.   El mantenimiento de esta situación permite a la jerarquía de la institución y a las asociaciones dominantes en el Consejo (que se han encargado a lo largo de los años en colocar a asociados suyos en los puestos más relevantes de la Carrera) controlar la Carrera fiscal por encima de derechos y reclamaciones de los fiscales al cerrarse a  los fiscales dogmáticamente las vías de defensa jurisdiccional, cuestión esta que debería ser de prioritaria modificación si aspira a crear unas condiciones de mínima seguridad jurídica para los fiscales en el desempeño de su trabajo y terminar con abusos y discriminaciones.

4.- Cabría hacer una interpretación más integradora de las normas existentes entendiendo que, en materia de distribución de trabajo, el artículo 110 del Reglamento del 69 recoge la posibilidad de acudir en queja al Consejo Fiscal  cuando se alegue falta de equidad y, caso de que la infracción alegada sea otra (por ejemplo arbitrariedad, discriminación o cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico) cabría el recurso ordinario en vía administrativa, alzada y, posteriormente, si se considera oportuno, en vía jurisdiccional.

5.- Sería posible plantear de una vez el carácter vinculante de lo manifestado por la Junta de Fiscales para la aprobación de una distribución de trabajo que afecta, de forma muy notable, a toda la plantilla. Podría ser ya el momento de conferir mayoría de edad a las Juntas de Fiscales. Sería posible, a esta alturas, configurar de una vez a las Juntas de Fiscales como auténticos órganos colegiados en el que su voluntad se crea por la expresión de la mayoría y, caso de empate, decide, con voto de calidad,  el Fiscal-Presidente (Fiscal Jefe).

No podemos compartir las razones que expone el acuerdo por el que se desestima nuestra petición de nulidad, que ni siquiera termina con pie de recurso. Se ha desaprovechado, nuevamente, una oportunidad magnífica para introducir en nuestra reglamentación las garantías que en su días, en 1992, se dotó a la Administración, en general, por la ya citada Ley 32/1992, de 26 de noviembre, que ha supuesto un gran avance para homogeneizar el funcionamiento, la forma de adopción de acuerdos y resolución, las garantías y derechos de los ciudadanos y los recursos administrativos que caben frente a las resoluciones administrativas, respecto al funcionamiento de todas las Administraciones Públicas.

PROGRAMA PARA LA FISCALÍA DE SEVILLA

Reproduzco a continuación el programa de actuación que llevaré a cabo en el caso de ser elegido fiscal Jefe de la Fiscalía de Sevilla.  Dado que la FG no publica -no se porqué- los programas de la totalidad de los candidatos al menos que se sepa por la plantilla lo que yo haré (y lo que no) si me eligen.

PROGRAMA PARA LA JEFATURA DE SEVILLA DE SALVADOR VIADA

Líneas generales de actuación.  Durante los primeros meses me dedicaré a analizar el estado de la Fiscalía; a conocer a los fiscales; a visitar las sedes; a evaluar los problemas existentes y a distinguir entre los que pueden solucionarse desde la Jefatura de aquellos que solo puedan arreglarse a través de reformas fuera de mi competencia.   Los primeros los abordaré con diálogo con los interesados, y con la apoyo de un equipo de fiscales (en este momento pienso en los Decanos) expertos con cuyo consejo y ayuda contaré.   Los segundos los denunciaré sin vacilación y presionaré todo lo que sea necesario para conseguir que se arreglen por quien corresponda. 

A partir de ese conocimiento de la Fiscalía, decidiré si habrá cambios o no.   Tengo en buen concepto a la actual Fiscal Jefe, de manera que al margen de aprovecharme de su experiencia en el cargo, procuraré no alterar de manera inmediata las cosas en la Fiscalía.   Los cambios que en su caso se produzcan nunca serán radicales, al menos en la organización estructural de la Fiscalía.  Considero que nada hay que perturbe más a una plantilla que los cambios de función y la incertidumbre de qué se hará en los días sucesivos.   Pero trabajaré con intensidad en acortar los tiempos de tramitación, en acabar con los retrasos, en acelerar la ejecución de las sentencias y sobre todo en dar confianza a los fiscales.  Estoy en contra de un excesivo control de los fiscales.   La estructura de la Fiscalía es jerárquica y obedecemos como fiscales a los principios de unidad y dependencia. El control tradicional para ejercer esa dependencia es el visado, y también la atribución a ciertos fiscales de responsabilidades de control sobre otros compañeros.   Estudiaré la situación con la intención de conferir mayor libertad a los fiscales experimentados, y poco a poco incrementar la que tengan los más modernos.  Mi propósito es que cada fiscal se acostumbre a tener una mayor iniciativa en aras de una mayor eficacia, incluso a riesgo de equivocarse, y también que –consecuentemente- asuma responsabilidades.   Los fiscales tenemos la formación de los jueces, y por tanto, en la mayor parte de los casos debemos tener libertad para actuar, y confianza en que esa libertad será respetada.   La ley y las directrices emanadas de la institución han de ser conocidas (ver el apartado de formación) y respetadas, pero dicho eso, cada fiscal ha de tener la responsabilidad de actuar conforme a las reglas establecidas, sin supervisores que le agobien para ello.   Eso se hace especialmente evidente en los juicios: defiendo la libertad del fiscal de valorar la prueba y actuar en consecuencia.  No me convencen (lo veo humillante para el fiscal que asiste a Sala de Vistas y perturbador para la imagen de la institución) la consulta a la superioridad paralizando el juicio.   Las cuentas se rinden tras el juicio y normalmente mi disposición será la de aceptar lo realizado por el fiscal.   Por otra parte haré del buen trato al cada Fiscal una regla de conducta: aunque pueda discrepar de lo que haga un compañero, considero a un subordinado no se le puede abroncar o maltratar y mucho menos en público o con testigos, porque no puede defenderse de ese ataque.    Quiero que esa norma de conducta se asuma por todos y que la plantilla esté tranquila en este aspecto.

Lucharé por cambiar el sistema de estadística actualmente vigente.  Considero un despropósito que los fiscales agobiados por el trabajo tengan que ir fichando cada asunto que despachan, cada juicio que hacen.   Debe haber un sistema mejor que permita invertir mejor el tiempo escaso de los fiscales en mejorar sus prestaciones.  

Me preocuparé de los jóvenes especialmente.   Les daré confianza, en la medida de mis posibilidades; les haré ver que lo grave no es el error (todo el mundo se equivoca de vez en cuando), sino la razonabilidad de la decisión adoptada.  Les animaré a trabajar en un ambiente positivo.   Erradicaré cualquier razón para tener temor en el cumplimiento de la función fiscal, porque el los fiscales no pueden trabajar correctamente con temores.   Pretendo con ello que los fiscales no tengan ninguna duda de que el jefe les respaldará cuando sobre la base de pruebas suficientes investiguen o acusen a cualquier persona con independencia de la importancia política, social, económica o profesional que ostente.  Parto de la base de que todos somos iguales ante la ley, y que no hay intereses superiores a ese principio.   Lo importante es la prueba, no el investigado.  Y si no hay pruebas, tras haberlas buscado con diligencia –esto es muy importante para mi-, lo procedente es el archivo de las actuaciones.  Facilitaré la conciliación de la vida familiar y personal con el trabajo: los fiscales debemos tener tiempo para pensar, o de lo contrario nos equivocamos más.  El papel se ha de despachar, pero no me gusta ver a fiscales trabajando hasta el punto de perder la capacidad de análisis.  Creo que hay que cambiar pautas cuando en una organización algunos de sus trabajadores están en tratamiento psicológico o con medicación por razón directa de las condiciones del trabajo.   Si ese fuera el caso, que no lo se, lo arreglaré.  Transmitiré confianza a los compañeros en ese sentido. 

Intensificaré las relaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad.  La Fiscalía ha de trabajar en estrecha y constante relación con la Policía y la Guardia Civil, colaborando cuando sea preciso y ordenando líneas de actuación en muchas áreas, en materias de criminalidad organizada o de protección de las víctimas.  Lo haré advirtiendo a los superiores de la Policía que el respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de los ciudadanos que exigiré a los fiscales lo exigiré también a la Policía en sus relaciones con estos.   Trataré con las autoridades institucionales andaluzas todas aquellas cuestiones que puedan incidir en la mejora del funcionamiento de la Fiscalía.

Me preocupan las víctimas y también quienes están en las posiciones más débiles en la sociedad.   Trabajaré con sensibilidad en mejorar la respuesta para con las víctimas de los delitos, para con los menores en desamparo, para las mujeres víctimas de maltrato, para las víctimas de tráfico de personas y en general para todos aquellos que han de buscar en la Fiscalía a quien reestablezca o proteja sus derechos o su seguridad.    Daré publicidad a las actuaciones que al respecto realice la Fiscalía, y trataré de contribuir a trasladar a la opinión pública la reacción de la Justicia ante los casos que afecten a esas personas.   Y lucharé contra la falta de reacción cuando sea el caso.    

Sevilla es una plaza sede del Gobierno andaluz y los Juzgados sevillanos están luchando con energía contra la corrupción.   Con todo respeto por el trabajo realizado por la Fiscalía en este sentido, creo que tengo bastante más que aportar en esta materia.  Estoy seguro de que si los políticos honrados perciben una actitud inflexible y eficaz de la Fiscalía en este tema, lo agradecerán y empezarán a colaborar para acabar con esa lacra.  Es una cuestión de equilibrios: no se puede tener más miedo al corrupto que a las consecuencias de infringir la  ley, de la misma manera que los fiscales no deben tener –y si lo tienen es porque el sistema funciona mal- temor alguno a la jerarquía por cumplir lealmente con sus obligaciones.  Desde la neutralidad política, seré implacable contra cualquier acto que desde el poder de la clase que sea suponga el quebrantamiento de la ley.    Mi convicción, por la que he luchado toda mi vida profesional -la mayor parte de las veces contra corriente-, es la de que la Fiscalía ha de ser neutral políticamente.   Pero esa neutralidad no lo es para quedarse pasivo  ante la corrupción, sino para luchar con la ley pero con dureza contra la misma.     Desde la Jefatura de la Fiscalía garantizo una posición estrictamente neutral ante los problemas políticos de la naturaleza que apunto y respecto de cualquier otra.  Pero también garantizo que las denuncias se investigarán para conocer la verdad de lo ocurrido, y que en el ámbito de mis competencias los ciudadanos de Sevilla sabrán que las denuncias se toman en serio, se investigan y si procede, se judicializan  Será el criterio profesional de los fiscales el que determinará la intervención de la Fiscalía, aunque como es natural la estructura de la FGE pueda proporcionar el auxilio técnico necesario.

Considero un atributo muy importante del fiscal la independencia de criterio (forjado sobre el estudio de la ley y la jurisprudencia, la normativa interna de la Fiscalía así como sobre el sentido común), sin sumisión a orientaciones ideológicas o asociativas.   Estimularé esos valores en la Fiscalía y entre los fiscales, y no prestaré atención alguna en la Fiscalía y en la designación de cargos de responsabilidad a la militancia asociativa o a la no militancia.

Mantendré una relación institucional lo más colaboradora, abierta y cercana posible con las instituciones locales pero sin comprometer nunca la posición de imparcialidad obligada del Fiscal.   Tendré, en ese sentido, mucho cuidado en atender o aceptar ofrecimientos o distinciones protocolarias que puedan ser razonablemente entendidos como comprometedores de la posición institucional del Ministerio Fiscal.  Confiriendo la libertad a cada uno para que haga lo que le parezca, recomendaré a los fiscales de Sevilla seguir esas pautas de conducta.

Impulsaré si encuentro receptividad en las contrapartes, las relaciones entre la Fiscalía y la Universidad.   He sido profesor universitario muchos años y más de treinta fiscal, y se que la cooperación entre ambas instituciones puede ser beneficiosa para ambas.   Prácticas, programas de estancia de estudiantes en la Fiscalía (podrían ayudar en varias tareas a los fiscales), clases prácticas de fiscales en las aulas… Tengo el ejemplo de los internships o pasantías de los Tribunales Internacionales –que he visto que funcionan estupendamente siempre que se tomen en serio- para utilizarlo en la Fiscalía de Sevilla.

Intentaré llegar a acuerdos con los diversos jueces decanos y con la dirección de la Audiencia de Sevilla para establecer unas condiciones de trabajo idóneas para jueces y fiscales, y tratando al tiempo de dar una adecuada respuesta a las exigencias de los ciudadanos. 

Quiero ser un Fiscal jefe dialogante, comprensivo, educado y razonable con los fiscales; pero no voy a ser un Fiscal jefe débil.  Si hay que actuar con rigor disciplinario en supuestos en que haya algún caso de comportamientos de fiscales que perturban el funcionamiento de la Fiscalía, actuaré en consecuencia.   Por supuesto, asumiré las responsabilidades personales y no seré alguien aferrado al cargo.   Si me equivoco gravemente, si pasado un tiempo razonable la plantilla de fiscales (a quienes junto con la imparcial aplicación de la ley se orientarán mis lealtades) se coloca en franca oposición a mi gestión, evidentemente no continuaré en el puesto.   Yo voy a intentar mejorar la Fiscalía y la Justicia, no a satisfacer ningún ego personal. 

Al cabo de los años, concibo a la Fiscalía de Sevilla como un órgano del Ministerio Fiscal fuerte, que de respuesta a las necesidades de los ciudadanos, que procure una Justicia de calidad, que esté formada por fiscales comprometidos, preparados técnicamente, dotados de medios materiales y orgullosos de su trabajo; una Fiscalía respetada por la judicatura y  por las instituciones andaluzas y sevillanas, cumplidora de sus obligaciones y de la cual no quepa reprochar con fundamento que ha actuado jamás por criterios contrarios a la recta interpretación de la ley y con igualdad para todos sin excepción: sin ninguna excepción.

Lucharé, dedicando una parte importante de mis esfuerzos, a hacer la vida de los fiscales en la Fiscalía más agradable; a crear un ambiente de trabajo positivo; a dar satisfacción a aspiraciones profesionales en función de criterios objetivos y de eficacia; a ayudar en las dificultades que surjan; a ayudarles en percibir indemnizaciones por sustituciones a que tengan derecho, a luchar por aumentar la plantilla, a luchar por incrementar sus retribuciones, a luchar por avanzar en derechos profesionales y a remover obstáculos que dificulten la conciliación de la vida personal con la laboral; también a intentar alcanzar acuerdos con las autoridades locales que hagan más fácil la vida de los fiscales en Sevilla y su provincia.  Pero todo ello, con igualdad entre todos los compañeros: sin privilegios para nadie.  Creo que nadie conoce mejor las necesidades de su trabajo que quien lo desempeña.  Por eso escucharé cualquier posible mejora en el servicio que venga de los compañeros y tras discutirlas en Junta si es preciso, las implementaré en la Fiscalía.   Exploraré la posibilidad de escanear las carpetillas de Fiscalía, con la finalidad de remitirlas a los fiscales de manera electrónica, de facilitar la información del Fiscal en las apelaciones y de que la información que llega a los fiscales del Tribunal Supremo sea más completa.   Intentaré crear una red Wifi en la Fiscalía, y en las Salas de vistas, a fin de facilitar la utilización de dispositivos móviles que hoy son de gran utilidad profesional.   Salvo que resulte imposible, cargaré el programa Skype en cada ordenador de los fiscales a fin de que puedan mantener comunicación con video entre si y con otros profesionales que manejen tal aplicación, evitando desplazamientos costosos en tiempo y dinero.  Skype es un sistema de conversación segura (prácticamente imposible de desencriptar), cuyo uso está siendo ya generalizado por su gratuidad y seguridad por fiscales y jueces de muchos países europeos y en Estados Unidos, así como por instituciones de cooperación como Eurojust. 

Los fiscales vivimos un aprendizaje durante toda nuestra carrera, a veces bueno y a veces malo.   Intentaré, con el ejemplo, transmitir una idea de compromiso y lealtad con la ley, con la Justicia y con los ciudadanos.   Intentaré proporcionar un aprendizaje bueno, no el derivado de la indiferencia ante los problemas, el dogmatismo, la prepotencia, la falta de humilidad o la lealtad a intereses diferentes de la aplicación de la ley por igual para todos.   Intentaré transmitir la idea de que con temor no se puede administrar una buena justicia.   Intentaré asimismo que los fiscales –abrumados muchas veces por el trabajo y por penosas condiciones laborales- sean conscientes de la importancia de su función y que detrás de cada asunto, de cada papel despachado o de cada juicio hay ciudadanos que valoran a la Fiscalía y a la Justicia por como actúa cada uno de ellos.   Si es precisa la contratación de fiscales sustitutos la solicitaré sin demora, y cuando ello ocurra, procuraré respecto de los fiscales sustitutos que se necesiten la formación suficiente para que la calidad de su trabajo no desmerezca en relación con la importancia de su función.

Funcionarios.   Tengo el convencimiento de que hay que optimizar todos los recursos de la Fiscalía.   En la medida que sea posible y sobre las bases del diálogo, de la voluntariedad del funcionario afectado y del acuerdo, intentaré aumentar las responsabilidades de los funcionarios de la Fiscalía contribuyendo si es posible a descargar a los fiscales de algunas de las tareas que les ocupan tiempo. 

Proximidad con el ciudadano.  Acentuaré la proximidad de la Fiscalía respecto de los ciudadanos.   La Fiscalía, en lo posible ha de contar con la ayuda de los ciudadanos expresada en sus quejas y denuncias.  Esa proximidad con el ciudadano tendrá un reflejo en un requerimiento a la Policía para que actúe en consecuencia.

Como parte de esa estrategia de acercamiento de la Fiscalía al ciudadano, compareceré con la frecuencia que sea precisa ante los medios de comunicación –acompañado del grupo de fiscales que considere oportuno- para contestar a las preguntas que la prensa quiera hacer en relación con el trabajo de la Fiscalía.    Sin embargo, evitaré y daré instrucciones para que así se haga, filtraciones desde la Fiscalía que puedan alimentar la proliferación de juicios paralelos.   No me gusta ese modo de actuar porque castiga innecesariamente al afectado por la investigación, y además porque perjudica el resultado final del proceso.  Potenciaré la figura del Portavoz de la Fiscalía.

Especialidades.   En este momento, tengo el pensamiento de mantener la estructura de todos los servicios de especialistas, pero en el futuro estudiaré su funcionamiento y la eventualidad de cambios que pueda estimar positivos y que acuerde con los fiscales.   De todos modos, facilitaré la formación de fiscales no especialistas en aquellas materias hacia las que se sientan inclinados profesionalmente. 

Delincuencia económica.  La unidad de la Fiscalía contra la delincuencia económica tendrá conmigo un apoyo principal.   Hablaré con los fiscales e incrementaré si es preciso la dotación personal y de medios para que trabaje a satisfacción.   Si es preciso, exploraré las posibilidades de llegar a acuerdos con la Delegación de Hacienda a fin de intensificar la cooperación práctica en la investigación de conductas criminales.  El objetivo además, y para ello no dudaré en limitar el alcance de las acusaciones a aquellos supuestos en los que haya mayor prueba, será el de acelerar los procesos y procurar condenas severas para delincuentes financieros y personas involucradas en casos de corrupción.  Y por supuesto, recuperar la mayor parte posible del dinero sustraído o defraudado.

Cooperación internacional   Soy un buen conocedor del funcionamiento y de la normativa de cooperación penal internacional, así como de las estructuras creadas tanto en nuestro país –y en la Fiscalía- como en Europa, algo a lo que me ayuda una larga experiencia operativa en la Fiscalía Anticorrupción, en la Red Judicial Europea y en el Tribunal Penal Internacional (donde de los más de tres años de trabajó allí, durante un tiempo me dediqué a temas de cooperación internacional). También el haber participado en un buen número de encuentros en el ámbito de EJTN, y de haber intervenido como experto español en los trabajos preparatorios del Protocolo Adicional al Convenio de 2000, durante más de un año en Bruselas; y un cierto dominio del inglés.   Utilizaré esos instrumentos cada vez que sea necesario, en especial en la lucha contra la delincuencia organizada y en el ámbito de mis competencias.   Y lo haré con el sentido práctico que reclaman los instrumentos internacionales establecidos al efecto, combatiendo los obstáculos burocráticos que puedan aparecer en el camino.   Tengo contactos personales y profesionales con muchos fiscales y jueces europeos y algunos norteamericanos, además de buenas relaciones con personas que trabajan en Eurojust, Europol, y OLAF, y pienso utilizarlos.

Formación.  Intentaré establecer un sistema de formación de fiscales en la propia Fiscalía.  Utilizando el modelo del Tribunal Penal Internacional, estableceré con cierta periodicidad la obligatoriedad de asistir a reuniones de formación, con duración máxima de una hora, sobre cuestiones prácticas, como por ejemplo, casos de trascendencia que es conveniente que los fiscales conozcan, circulares e instrucciones, problemas jurídicos diversos, etc..   Negociaré una retribución adecuada a los ponentes de dichas reuniones con quien haya que hacerlo, e invitaré como ponentes principalmente a los fiscales de Sevilla, pero también a abogados, procuradores, forenses, catedráticos, policías o cualquiera que pueda ayudar a mejorar la calidad del servicio.

Estableceré un programa semejante específico para los fiscales sustitutos.

Idiomas  Facilitaré el estudio de idiomas a los fiscales de la plantilla, en especial a los más jóvenes.   Me parece un error no preocuparse de estos aspectos ya que en el futuro el conocimiento de otras lenguas será fundamental para progresar profesionalmente, y el hecho de que los cursos de idiomas del CEJ estén solo en Madrid supone un problema para fiscales de otros lugares de España.   Quien lo desee, debe encontrar facilidades para ese aprendizaje.