martes, 19 de septiembre de 2017

EL VALOR DE LA LEY

España es un país complejo, con un pasado complejo y compuesto de territorios complejos.  Mucha gente piensa diferente y hay ideas diferentes para casi todo.   Tenemos coletivamente un pasado turbulento, con una terrible guerra civil cuyos ecos todavía se escuchan, y una dictadura muy larga de un tipo sanguinario que murió en el poder.    Además,  hemos visto como algunos de nuestros representantes políticos desde la Transición han perpetrado delitos de corrupción, han manipulado la Justicia, se han comportado en demasiadas ocasiones de manera indigna y no han actuado en beneficio de todos sino solo de algunos.   A pesar de todo ello, somos un país de los más desarrollados del mundo, gozamos colectivamente de derechos y libertades que en muchos otros lugares ni sueñan, y además tenemos paz.    La fuerza que está detrás de esas ventajas, de ese marco privilegiado de convivencia, es la ley.    Una ley que es democrática, con todas las imperfecciones que se quiera apuntar.   Pero si la ley emana de un Parlamento de todos, sobre la base de una Constitución votada por todos, la ley es legítima y hay que obedecerla.   Podría decirse que el respeto colectivo a la ley es garantía de seguridad y progreso en nuestro futuro y el de nuestros hijos.    Claro que hay leyes injustas y algunas personas en España han conseguido una protección superior que el resto frente a las infracciones de la ley.  Por eso hay que tener una actitud crítica hacia la ley, buscando su mejora, y siempre vigilante ante quienes tienen poder para abusar.    Y hemos de ser conscientes de que podemos cambiar las leyes (incluida la Constitución) para que sigan siendo expresivas de la voluntad colectiva, pero es difícil concebir una libertad para todos fuera de la ley.  

Los fiscales tenemos una vocación que puede sintetizarse en la de defender la ley y exigir su aplicación.   Todo el mundo tiene que respetar la ley, pero los fiscales trabajamos para exigir que la misma se respete, como garantía de la libertad de todos y de la existencia de nuestra democracia.   Hay gente que este oficio le gusta y gente que no, pero eso es lo que hacemos: estudiamos las leyes y exigimos que se apliquen.    Ello no es incompatible con que nos gusten mucho o poco los dirigentes políticos, los gobiernos, nuestros jefes en la fiscalía o la línea más o menos politizada de la institución.      Mas o menos lo mismo que pasa a numerosos ciudadanos.    Pero por encima de ello, los fiscales buscamos la aplicación de la ley que ha de hacerse siempre en la más justa de las interpretaciones.

Lo que ha ocurrido en Cataluña, lo que está ocurriendo, es indudablemente una cuestión política, pero ha llegado un punto en que por algunos (o muchos) se ha decidido quebrantar la ley y por eso la Fiscalía debe actuar.  La ley ha de ser protegida y ese es el trabajo de la Justicia, constituyendo un delito para un fiscal no perseguir los delitos que se comentan.   Para justificar la vulneración de la ley se habla de derechos internacionales o subyacentes, o derechos naturales a decidir; pero oigo esos argumentos mucho más desde sectores políticos concretos o desde la ignorancia de las normas, que desde ámbitos jurídicos.    En mi opinión, esos supuestos derechos chocan  con la ley (por lo que dificilmente son derechos reconocibles en Tribunales nacionales o internacionales), y eso como fiscal es lo importante, aunque también chocan con el sentido común: el derecho a decidir de algunos se enfrenta con el derecho reconocido en la Constitución a decidir de todos por lo que es dificil que el conjunto quiera reconocer ese derecho únicamente a un sector de la población.   De todos modos, aquí las razones políticas son muchas y muy diversas y todas son legítimas, pero hay que respetar la ley.


viernes, 8 de septiembre de 2017

NO HAY DOS SOBERANÍAS

Este no es un blog político ni tengo personalmente ningún interés en entrar en ese tipo de cuestiones. Pero lo que está ocurriendo en Cataluña, mi tierra, me llama a aconsejar a quien tenga dudas de qué hacer lo mismo que aconsejaría a mi hijo con independencia de las ideas políticas que puedan sostenerse.   Solo hay en España una soberanía, la del pueblo español.   La normativa que emana del Parlamento catalán, si contradice la Constitución española deja de tener validez si el Tribunal Constitucional suspende su vigencia.   Si eso ocurre ya no son normas vigentes, no han de ser obedecidas y su incumplimiento no genera sanción alguna para nadie.    Si alguien tiene la sensación de que la Fiscalía y la Justicia española no tiene músculo para perseguir a varios cientos (incluso muchos cientos) de funcionarios o cargos públicos, se equivoca.  Si alguien tiene dudas de buena fe respecto de qué hacer cuando tenga que afrontar el dilema que el Gobierno de la Generalitat esta planteando a funcionarios y cargos públicos, que tenga en cuenta que en juego está la inhabilitación y la responsabilidad civil, en el mejor de los casos y que estos no son delitos difíciles de perseguir.   Realmente me cuesta entender como unos políticos pueden llevar a la gente que cree en ellos por el camino de la desobediencia sin advertir de las consecuencias que de manera muy probable van a tener que afrontar.   Me da pena que se maneje así a la gente.
Por otra parte, he de señalar que la Fiscalía en esta ocasión ha hecho lo que tenía que hacer.  No hay sobreactuación.   Ha sido tan grosero el enfrentamiento con las leyes vigentes que no ha habido margen alguno para la interpretación legal.   Confío en que estas notas, que escribo desde el amor a Cataluña y Barcelona, mi tierra natal, ayuden a alguien a tomar la decisión correcta.