sábado, 24 de febrero de 2018

HAY QUE REFORMULAR LOS DELITOS DE ODIO Y CONTRA LA LIBERTAD RELIGIOSA

Creo que la cosa se ha ido de las manos.   Escandalizados por conductas despreciables de individuos socialmente insignificantes, se van colando en la red del derecho penal de los delitos de expresión conductas que no merecen castigo por el Código Penal o que si lo merecen nunca puede ser el de ir a prisión.   Personalmente creo que sería mucho más adecuado el convertir muchos de esos delitos en delitos privados, perseguibles únicamente a instancia del ofendido, introducir siempre en las conductas típicas el adverbio "gravemente", aplicar penas económicas y interpretar el daño moral de manera cuantitativamente menos restrictiva de como se entiende ahora en los Tribunales.  Si las personas acusadas por estos delitos tuvieran que afrontar indemnizaciones sustanciales creo que pensarían las cosas antes de hacerlas; y si ello fuera así, la cárcel no tendría ningún sentido.   Recordemos que el art. 10 del CEDH establece en relación con las limitaciones y sanciones a la libertad de expresión que las mismas solo son aceptables si son  "necesarias en una sociedad democrática" para la preservación de ciertos valores.    Esa "necesidad" se valora por el TEDH de manera muy restrictiva, de manera que la proporcionalidad de la restricción o de la sanción son factores de gran importancia para determinar si son acordes o no con el Convenio Europeo.    Si aquí entendemos lo contrario vamos a tener condenas en Europa que dicen muy poco del prestigio de nuestro sistema jurisdiccional.   También creo que los delitos consistentes en ofensas a los sentimientos religiosos, especialmente el tipificado en el art. 525, habría de reconsiderarse.   No se me quita de la cabeza el chaval que puso su foto en el Cristo de una procesión.    No se, pero el conocer de tantos casos ya de sanciones por conductas relacionadas con los abusos de la libertad de expresión me empieza a producir la sensación de que el legislador se ha pasado.

miércoles, 21 de febrero de 2018

PP Y PSOE CONTRA LA DESPOLITIZACIÓN DE LA FISCALÍA

Ayer estuve en el Parlamento, por vez primera viendo un debate.  Era la puesta en escena de la proposición de Ley de C´s para despolitizar la Fiscalía.   Estuvimos representantes de las asociaciones de fiscales, a quienes nos recibió Albert Rivera.   La propuesta de C´s de prosperar hubiera supuesto un cambio enorme en la Justicia en España.  El fin de los Gobiernos mangoneando en la Fiscalía.  El fin de las actuaciones imposibles de justificar desde parámetros profesionales.  El principio de la valoración del mérito y la capacidad en los nombramientos.  La pluralidad en el Consejo Fiscal.  La responsabilidad del FGE ante el Parlamento.   En fin, todo lo que  los partidos que   han llevado a los españoles a la situación actual, y que desde la Transición no quieren que ocurra.  Me producía pena ver a sus portavoces reconociendo la politización de la Fiscalía, pero defendiéndola.  En el caso del PP, puedo entenderlo.  Si controlando la Fiscalía están como están, puedo imaginar como creen ellos que llegarían a estar con una Fiscalía que no controlaran.  Pero me es más difícil entender al PSOE sosteniendo sin pestañear que el MF está para llevar a cabo la política criminal del Gobierno, algo que en la práctica no es verdad -en los Tribunales penales no se debe realizar la política criminal de ningún Gobierno-, y que está en la línea de lo establecido en el art. 35 de la Ley Orgánica del Estado de 1967.
Tampoco entiendo a ERC.   Se quejan de la politización de la Justicia, se consideran víctimas de ella, pero cuando tienen una oportunidad de cambiar el sistema, van y dicen que no.
Podemos y C`s se quedaron solos.   Mi generación no verá una Justicia despolitizada porque ha coincidido en el tiempo con una desgraciada generación de políticos.